Masacre en Kennedy
El ministro Jesse Chacón tiene toda la razón: lo ocurrido la noche del 27 de junio de 2005, en la urbanización Kennedy, fue un asesinato colectivo inadmisible, irreparable desde el punto de vista humano, que debe ser sancionado eficazmente por el sistema legal penal que involucra a tres poderes públicos: el Ciudadano (Fiscalía), el Ejecutivo (policía de investigación criminal) y el Judicial. Queda comprometida directamente la responsabilidad institucional indelegable de Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República; Hugo Chávez Frías, Presidente de la República, y Omar Mora Díaz, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ante una sociedad estupefacta que exige castigo a los culpables, miserables asesinos portadores de uniformes, armas y otros medios del Estado venezolano.
Presenciamos la acción de un grupo de asesinos prevalidos de la fuerza institucional del Estado, en el cual se amparan para delinquir bajo un régimen de impunidad, que durante los últimos seis años de gestión no ha querido revertir la tendencia criminal –por abuso de poder- implantada en Venezuela durante los siglos XIX y XX, tanto por el autoritarismo militar torturador y sanguinario, como por los llamados “regímenes democráticos” que importaron la tortura y el asesinato selectivo de los expertos de la CIA y el Pentágono de Estados Unidos de América. Todo eso junto es lo que Chacón –con toda razón- llama “cultura” de represión y muerte –digo yo- dentro de los cuerpos policiales y de inteligencia, civiles y militares. No son juegos, ni elementos para el ridículo debate politiquero entre “chavismo” y “antichavismo”, ambos preñados de corrupción y abuso de poder.
El ministro Chacón tiene razón, pero su recia conducta ni explica ni justifica el fracaso sostenido del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, desde el 2 de febrero de 1989 hasta el presente, en materia antidelictiva y en el cumplimiento de la promesa electoral de 1998, de sanear los cuerpos policiales, limpiarlos de asesinos y torturadores, y de implantar un concepto humanista policial, para nada reñido con un decisivo combate a la delincuencia y el más estricto respeto a los Derechos Humanos.
Desde Luis Miquilena -primer titular ministerial en la materia, en febrero de 1999, cuando el presidente Chávez le asignó simultáneamente las carteras de Relaciones Interiores y de Justicia- todos los ministros del Interior y Justicia de su gobierno son corresponsables políticos de las muertes de los tres estudiantes de la Universidad Santa María, masacrados en Kennedy. El fracaso sostenido por corrupción, ineficiencia (incapacidad profesional e intelectual) y violación de Derechos Humanos es la mayor acusación en contra del presidente Chávez, sus ministros y su gobierno, cuya gestión en esta materia se ha caracterizado por:
a) Descalabro de la política penitenciaria, con la más insultante cadena de masacres carcelarias de toda la historia.
b) Corrupción en el sistema de Registros y Notarías, hasta la implantación de verdaderas mafias dinerarias dirigidas desde grupos militares y civiles vinculados al partido MVR (en esto poco han compartido con sus socios políticos).
c) Descalabro profesional e intelectual de las políticas antidelictivas del Estado venezolano, materializado en el lamentable estado en que se encuentran tanto el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la DISIP (Dirección General Sectorial de Servicios de Inteligencia Prevención), ambos dependientes del Ministerio del Interior y Justicia; como la DIM (Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar del Ministerio de la Defensa), cuyos funcionarios actuaron como verdaderos chacales por su brutalidad y ensañamiento vengativo por la muerte de uno de sus compañeros, supuestamente a manos de una banda de delincuentes.
d) Corrupción e ineficiencia en el sistema nacional de Identificación y Extranjería.
e) Fracaso de las políticas académicas en la selección, formación y especialización de los funcionarios policiales, de seguridad e inteligencia.
En conjunto, ese descalabro en materia de seguridad interior e inteligencia está regido por el más rotundo fracaso ético del gobierno. Si bien –como afirmó el ministro Chacón- el problema viene de muy atrás, como fenómeno cultural de arbitrariedad y corrupción, ello no justifica la incompetencia gubernamental, fiscal y judicial que hemos acumulado desde el 2 de febrero de 1999. Mi única divergencia con Chacón, en esta materia, es que ni él, ni el ministro de la Defensa, ni el presidente Chávez pueden evadir su responsabilidad.
En un país serio, con una mínima cultura de decoro en el ejercicio de la función pública, ya los ministros del Interior y Justicia y de la Defensa habrían renunciando públicamente a sus cargos, no sólo para satisfacer los justos reclamos ciudadanos de castigo judicial a los culpables materiales de tan horrendo crimen, sino por reconocimiento de la responsabilidad político-administrativa de los jefes ministeriales y sus subalterno inmediatos en la cadena de conducción de los organismos de seguridad e inteligencia.
No son suficientes los golpes de pecho, ni las excusas formales, comprensibles pero insuficientes. Sinceramente, creo que Chacón y García Carneiro deben salir del Gabinete Ejecutivo, específicamente como corresponsables de esa pudrición, aunque no lo sean materialmente ni se les pueda imputar responsabilidad criminal específica en la masacre.
Si bien las proclamas de respeto a los Derechos Humanos por parte de altos voceros del Estado venezolano son encomiables, las recurrentes transgresiones a la Constitución y las leyes por parte de altos y medianos funcionarios policiales y militares, por corrupción y violación de los DD. HH., evidencian una sintomatología grave, ya inocultable. Ciertamente, en los casos del “Core 8” de la Guardia Nacional (corrupción y violación de nuestra soberanía, en el estado Bolívar), el contrabando de combustible desde Anzoátegui por parte de altos oficiales de la Guardia Nacional, o la fuga “billeteada” de “El Boyaco” colombiano desde la Disip, el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías ha demostrado disposición a enfrentar la corrosión moral y profesional en los cuerpos civiles y militares de seguridad e inteligencia. Como en el ámbito de la corrupción administrativa y el enriquecimiento ilícito –materia en la cual también ha fracasado la gestión del presidente Chávez- en ese proceso de descomposición, los transgresores civiles y militares se dan la mano en policías y organismos de inteligencia. El caos llega hasta las policías regionales y municipales, donde la incorporación de delincuentes y malandros viene siendo norma, así como la utilización de dinero, recursos materiales y servicios públicos por parte de bandas parapoliciales afectas a los gobernantes de turno, cualquiera sea su orientación ideológica o política.
Los tres muchachos de la USM –Leonardo González, Erick Montenegro y Edgar Quintero-, indefensos, fueron liquidados ferozmente, a pesar de sus súplicas y la identificación desesperada como estudiantes universitarios. Sus tres compañeras, heridas a bala brutalmente, quedan como testigos de excepción, junto con decenas de aterrorizados vecinos que vieron las diversas fases de la masacre. Ahora, presenciaremos la posible cadena de intimidación a los testigos, horribles amenazas que forman parte de la “cultura” criminal de los policías y militares transgresores, en Venezuela, “guapos y apoya’os”. Mírese, si no, al entorno de las policías regionales y municipales, en su mayoría semi-podridas, como ocurre con una parte importante de la Guardia Nacional de Venezuela, con oficiales, suboficiales y tropa profesional “billeteables” y asociados a mafias delictivas.
Ojalá, los poderes Ejecutivo, Ciudadano y Judicial puedan revertir la tendencia criminal y los grados de corrupción existentes, como producto del fracaso de los últimos seis años de gestión pública, cuyos líderes (Presidente, ministros y exministros, magistrados, etc.) no estuvieron a la altura histórica para enfrentar y revertir la “cultura” criminal y de la corrupción que se había entronizado en Venezuela.
Yo dudo que este gobierno pueda hilvanar una política como la que requiere el rescate moral de la República. El de Chávez es un gobierno semi-podrido, preñado de corrupción y autoritarismo, siempre juntos, a mi juicio, inextricables.
La masacre de Kennedy debe servirnos de profunda reflexión: humana, política, institucional, profesional, ideológica, religiosa. ¿Dónde estamos? ¿Por qué ocurren hechos tan bestiales? ¿Cómo encarar la crisis? Seguro estoy, de que no es un simple problema de “disciplina” policial y militar, o de la torcedura personal de algunos funcionarios. En Venezuela, incluidos los seis últimos años, se ha cultivado esa “cultura” que denuncia Chacón, y mal pueden sorprenderse sus cultores por la brutalidad policial y militar que recurrentemente sale a flote, o por la corrupción que los invade.
El problema es serio, y la discusión tiene que ser seria. ¿Podrá la Asamblea Nacional –como le corresponde- ser escenario para investigar debidamente y sacar conclusiones útiles? Vamos a ver si este domingo 3 de julio, el presidente Hugo Chávez saca su Cristo y llora por la muerte de los tres estudiantes universitarios, como si él no hubiese roto un plato, en tanto que Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. El primero que debe enseriarse es el Presidente de la República.
