Opinión Nacional

Medicamentos vencidos: mafia o cosa nostra

Céra Beddu lu pitrusini,
Cii lu´attu e ci piscio
[No era muy buen perejil para empezar,
y luego vino el gato y se meó encima] Proverbio Siciliano

Las denuncias
Al escándalo de los alimentos podridos se agrega uno más ruin, los medicamentos vencidos encontrados en los estados Táchira, Lara, Monagas, Carabobo y Anzoátegui. Es imposible calificar estos hechos como negligencia ante la diversidad de competencias y funcionarios gubernamentales que intervienen en los procesos de certificación, aprobación, registros y otros requisitos y permisología para la importación y distribución de los mismos en el país. El Presidente, trata de engañar en cadena nacional, a la población más pobre del país con ofertas y promesas, como si no hubiesen transcurrido 12 años de gobierno. Como ya no tiene a Bush, su nueva guerra es contra los ricos, la burguesía y la empresa privada. Es incapaz de reflexionar que el origen de todos los males está en la mafia que lo rodea, ávida de negocios sucios, por una parte, y por la otra, en la ignorancia e incompetencia intelectual que caracteriza el alto gobierno. Aunado a ello, la impunidad con que actúan. Rafael Orihuela, ex Ministro de Salud, especialista en Medicina Tropical y Salud Pública, denunció apropiadamente la importancia de investigar y establecer las responsabilidades a que haya lugar, a “este atentado a la salud de los venezolanos”, por cuanto “no podemos aceptar la banalización de un asunto tan grave y delicado, y exigimos de los organismos directa o indirectamente relacionados con el caso, que asuman su responsabilidad”. Los hechos y las responsabilidades
Lo que ocurre con los medicamentos es de vieja data por cuanto el régimen ha degradado todos los controles sobre las compras del Estado, cualesquiera ellas sean. La Asamblea Nacional no ejerce ningún control. La Fiscalía General tiene como única tarea imputar a los opositores al régimen y la Contraloría General es la guinda de la torta del festín de Alí Babá. No solo con los medicamentos. La corrupción abarca la construcción de los CDI, la reparación de centros de salud, la dotación de equipos, instrumentos e insumos médico-quirúrgicos. Aquí hay algunas responsabilidades originales inexcusables en razón de sus competencias en la materia: Ministerio de la Salud, Instituto venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y el Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), además de las correspondientes a la Comisión Central de Planificación, a quien le compete implementar lo establecido en la Ley de Simplificación de Trámites para las Importaciones y Exportaciones realizadas por las Empresas del Estado (G.O. Nº 5.933 Ext. de fecha 21 de octubre 2009). Esta ley le dio a la corrupción política carta blanca para realizar cualquier tipo de importaciones saltando requisitos establecidos en el Régimen Legal del Arancel de Aduanas. Es de resaltar que en los informes de la Contraloría General de la República correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006, se señala la existencia de medicamentos vencidos desde el año 2004, sin que consten las “Actas” correspondientes a su destrucción, ni los precios unitarios de los bienes a destruir, toda vez que se trata de bienes nacionales que se rigen por una legislación específica. Es propicio en este affair tener en cuenta que Venezuela es miembro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que: “Como lo establece la OMS la primera responsabilidad de una autoridad regulatoria nacional es el registro de productos farmacéuticos; y así observamos que la legislación farmacéutica de todos los países estudiados contempla la exigencia del registro de medicamentos, observándose requisitos comunes (…)”. Es de especial significación en este contexto que por la clase y tipo de mercancías, y su relación con los problemas de salud pública, en general se debe contar en el país con: “Representante legal. En todas las legislaciones se encuentra la figura del representante legal siendo en la mayoría de los países este representante legal un farmacéutico (regente/director técnico; químico farmacéutico; patrocinante).(…)” La citada Ley de Simplificación exige que se cumpla con las condiciones establecidas para los registros y certificados, en consecuencia en los casos de los medicamentos vencidos, entre los documentos que deben reposar en el expediente correspondiente al registro sanitario, debe encontrarse el «Certificado de Producto Farmacéutico Objeto de Comercio Internacional» según el modelo de la OMS, (WHO Certification Scheme on the Quality of Pharmaceutical Products moving in International Commerce ). La vulneración de la legislación sanitaria
Los medicamentos importados por el régimen deben cumplir de acuerdo con la mencionada Ley de Simplificación, con los requisitos de la legislación sanitaria, es decir, con la Ley Orgánica de la Salud, la Ley de Medicamentos, la Ley de Ejercicios de la Farmacia y su Reglamento, además de las normas internacionales que rigen la materia, especialmente en fármaco vigilancia. El registro sanitario forma parte de los documentos que se deben presentar con la Declaración de Aduana, para introducir las mercancías al país. El Inspector del Ministerio de la Salud debe constatar que dichos medicamentos cumplen todos los requisitos y condiciones necesarios para ser expendidos libremente en el país. Así, la Ley Orgánica de la Salud, prevé en su Artículo 33: “La Contraloría Sanitaria será responsabilidad del Ministerio de la Salud. El ejercicio de esta competencia podrá ser delegado por el ministro sólo a los efectos de la fiscalización y supervisión del servicio”. Además prevé que la contraloría sanitaria garantizará “Los requisitos para el consumo y uso humano de los medicamentos, psicotrópicos, cosméticos y productos naturales, de los plaguicidas y pesticidas, de los alimentos y de cualesquiera otros bienes de uso y producto de consumo humano, de origen animal o vegetal.” Evidentemente en el caso de los alimentos vencidos el ministerio correspondiente, por acción u omisión, culposa o dolosa no cumplió con el ejercicio de sus competencias por cuanto éstas no terminan con la importación, sino que se deben ejercer en toda la cadena de distribución y comercialización, hasta su expendio al consumidor. A los efectos señalados prescribe el artículo 18 de la Ley de Medicamentos, que los productos farmacéuticos requieren registro por ante el Ministerio de Salud previo a la elaboración, distribución, tenencia, expendio y dispensación. Asimismo el artículo 24 obliga al importador a notificar al ministerio la importación con indicación de las características del lote y las cantidades importadas, información que deberá estar agregada al expediente respectivo. La investigación de los documentos que debieron amparar la importación de los medicamentos vencidos, debería empezar con la Declaración de Aduana y con la notificación por parte del importador, de la información exigida según el artículo 24, al Ministerio de la Salud. Aquí comienza la huella forense de una investigación para acabar con la mafia de los medicamentos. Complementa estas disposiciones lo que establece el ordinal 5 del artículo 57 del Reglamento de la Ley de Ejercicio de la Farmacia, el cual dispone que para obtener el registro cuando se trata de productos extranjeros, se requiere además prueba auténtica de su autorización sanitaria y de su expendio en el país de origen del producto. ¿Cumplen los productos importados por el régimen con ambos requisitos? La responsabilidad de las autoridades cualesquiera sean, en materia de medicamentos, comprende a todos los funcionarios que tienen competencia de control, inspección y fiscalización, incluyendo a cualquier persona que tenga conocimiento de una contravención a la legislación que rige la materia, lo cual significa que todos los participantes en esta estafa al país, son corresponsables de estos hechos de corrupción, según lo prescrito en el artículo 23 de la Ley de Ejercicio de la Farmacia: “Las autoridades nacionales de los Estados y municipales, así como los particulares, están en el deber de denunciar a la autoridad de Sanidad las infracciones de esta Ley y de los Reglamentos.” Crimen organizado
Para que se pueda incumplir impunemente la legislación sanitaria es necesaria la participación de un sinnúmero de funcionarios, quienes tienen la obligación de documentar y mediante auto administrativo señalar cualquier transgresión a la normativa. Además contar la protección o participación de los jerarcas del alto gobierno. De lo expresado se puede llegar a la conclusión que el vendedor, el comprador o consignatario, el agente de compras o de venta, el almacenista, el agente de aduanas, los funcionarios aduaneros y los de resguardo, el SEFAR, los depósitos de los servicios de salud y hospitalarios estatales, a quienes les corresponde comprobar el lote y fecha de vencimiento que aparecen en los envases, no cumplieron con sus obligaciones y ello solo es posible por temor, o por corrupción. He aquí otra huella forense. Rumores hay que el origen de los medicamentos vencidos, o es isleño caribeño, o de países de legislación sanitaria laxa. Todo ello sin descontar los sobreprecios, la sobrefacturación, la manipulación de cantidades, fechas de fabricación y lotes. Don Corleone tiene buenos discípulos en el fascismo rojo. Valdría la pena tener en cuenta lo que señala el criminólogo Pino Arlechi respecto a la mafia siciliana de los años 80. El crimen organizado “ha venido a controlar gran parte de la economía ilegal de la nación, así como también un porcentaje significativo de la economía legal (…)”. Al contrario que en Italia, en Venezuela la corrupción política está influenciando la economía privada, con el nacimiento de lo que se ha denominado “Chavurguesía”, la cual trata de obtener un monopolio sobre los fondos públicos de fuentes nacionales o internacionales, mediante una compleja y espuria estructura para manipular y controlar las instituciones gubernamentales. La corrupción política del régimen se suscita mediante una red de relaciones que es mucho más sólida y esparcida de lo que se sospecha. Hoy el control total de todos los poderes del Estado con una protección que garantiza impunidad, hace casi nugatoria cualquier investigación y fijación de responsabilidades. Como dice Arlechi, “la mafia en Italia es un gran problema económico, político y social, sin dejar de mencionar la amenaza probable en el futuro para una Europa unida; la Cosa Nostra es una parte integral de la mafia, el epítome de su poder”. — .

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