Menores: ¿endurecer las penas sí disminuye los delitos?
DERECHOS
La senadora Gilma Jiménez radicó un proyecto que busca aumentar hasta a 15 años de reclusión el castigo para adolescentes que cometan delitos graves. Analistas creen que la política es “efectista”, pero no suficiente.
Las noticias sobre los delitos cometidos por adolescentes han copado en los últimos días espacios importantes de la prensa, en parte, por la gravedad de éstos, y en parte, porque el hecho de que un menor de edad cometa un delito grave genera repulsión en la sociedad, obliga a reflexionar.
En medio del debate sobre cómo resolver el problema de los menores infractores, la senadora Gilma Jiménez, del Partido Verde, radicó este martes un proyecto de Ley que busca endurecer las penas a los adolescentes que cometan delitos graves como homicidios, abuso sexual, hurto calificado secuestros y extorsiones.
Descargue el proyecto aquí.
El proyecto de ley llega justo en un momento en el que el Gobierno, a través de su ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha expresado preocupación porque la Ley es garantista con los menores. El Ministro sostiene que tantas garantías los vuelven presa fácil de las bandas criminales que los reclutan para cometer delitos.
No obstante, las objeciones al endurecimiento de las penas no se han hecho esperar. A pesar de que el proyecto ya cuenta con el aval de varias bancadas, expertos en el tema penal creen que el problema del delito entre los adolescentes no se resuelve aumentando las penas para ellos, sino con políticas sociales.
“Endurecer las penas es efectista. Pero no va a haber ni menos ni más delitos, porque la propuesta no logra interpretar la naturaleza real del problema”, dijo a Semana.com Adolfo Maya, sociólogo y profesor de la Universidad Eafit de Medellín.
La iniciativa de Jiménez contempla reformas al Código de Infancia y Adolescencia, que entró en vigencia en mayo de 2007, y al Código Penal. Así, los jóvenes entre 14 y 18 años que cometan delitos podrían pagar entre 6 y 15 años de reclusión. La pena más alta sería para quienes cometan delitos contra los menores de edad.
“Así como la protección de los derechos de los adolescentes es un imperativo del Estado, también lo es el cumplimiento de sus deberes”, dijo la senadora Jiménez a Semana.com.
Según la norma vigente, los adolescentes que cometen homicidio doloso, secuestro o extorsión, pagan entre 2 y 8 años de detención en centros de atención especializados, que están a cargo del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).
Según explicó la senadora Jiménez, el proyecto de ley contempla la creación de centros de reclusión distintos, que serían construidos por el Ministerio del Interior. “No se puede poner en el mismo centro a un joven que se roba un celular con uno que haya violado y asesinado a un menor”, dijo la senadora.
Los adolescentes recluidos, según la norma vigente, abandonan los centros de reclusión a los 21 años. Jiménez considera que no hay garantía de que estos adolescentes no serán reincidentes. Por eso propone que quienes cometan delitos permanezcan en los centros de reclusión para cumplir toda la pena. Una vez cumplan la mitad del castigo, un grupo de expertos podría evaluar la situación del adolescente y permitir que cumpla la otra mitad en un centro a campo abierto.
Según explicó, la propuesta no busca cambiar la manera como está funcionando el sistema penal para los adolescentes que cometen delitos menores, sino que la norma sería únicamente para quienes cometan delitos graves, es decir para una minoría.
La reforma al Código Penal contemplada en el proyecto busca tipificar los delitos de los adultos que constriñan o induzcan a los menores a la comisión de delitos. Para quienes, según ella, los castigos serían más severos.
Los delitos de menores han aumentado, de acuerdo a un registro que lleva el ICBF. El año pasado 3.601 menores entre los 14 y 18 años entraron en el Sistema Penal para adolescentes; 15 por ciento más que en 2008.
Según información del Consejo Superior de la Judicatura, desde que entró en vigencia el Código de Infancia y Adolescencia, se han hecho 101.689 audiencias de control y se han sancionado 12.943 menores.
De todos los delitos cometidos, el homicidio representa el 4.8 por ciento; el hurto, el 40; y el tráfico de estupefacientes, el 29.
Vea el informe de los primeros 39 meses del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes aquí.
Las objeciones
Para Hernando Torres, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el incremento de las penas para los adolescentes debe tener en cuenta los convenios internacionales. “Al adolescente que infringe la ley se le debe dar una segunda oportunidad. Y, por ejemplo, en ese tipo de convenios no se habla de pena sino de sanciones”, dijo a Semana.com.
El magistrado sostuvo que según las Reglas de Beijing (tratado internacional), el endurecimiento del sistema penal debe ser el último recurso para resolver los problemas de la criminalidad de los adolescentes, y los castigos deben ser del menor tiempo posible.
En el mismo sentido, Ana María Convers, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana, aduce que “la problemática debe mirarse desde una perspectiva integral, que examine sus causas sociales, culturales y económicas para así formular respuestas coherentes”.
En su criterio, “numerosas experiencias internacionales han demostrado que las posturas restrictivas no resuelven el problema de la criminalidad infantil y adolescente”.
Las salidas
Según Maya, una de las respuestas al problema está en la educación. “El valor terapéutico y sustantivo de la educación, que no es sólo tener escuela y colegio, sino oportunidades para el desarrollo, podría ayudar a resolver el problema”, dijo.
Para el magistrado Torres, no se puede pretender reducir la criminalidad adolescente únicamente a través del derecho penal. “El camino es fortalecer las instituciones como el ICBF, no es un tema que se resuelve aumentando las penas y en el cual nosotros, el Estado y la sociedad, somos corresponsables”.
En su criterio, hay que tomar medidas preventivas; acompañar a los infractores con equipos terapéuticos; e involucrar a los padres de familia y al sistema educativo en los procesos de acompañamiento de los jóvenes.
“Es necesario fortalecer a los decisores de la política en materia social y económica, a todos los actores del Sistema de Bienestar Familiar y a los adultos responsables de acompañar a los niños en su proceso de socialización”, dice Convers.
“Se requieren políticas sociales complementarias a las de seguridad, orientadas a disminuir el abuso de sustancias psicoactivas y el control del tráfico de armas ligeras y corto punzantes”, agrega.
La comisión de delitos por adolescentes es un tema que preocupa a las autoridades y debe estar dentro de las prioridades del Estado. De lo contrario, será difícil superar el problema de la violencia. La pregunta que sigue abierta es si el trato igualitario de adolescentes y adultos que cometen delitos ayudará a resolverlo.
