Opinión Nacional

Moral y ética comunicacional

“Sólo me arrodillo ante Dios porque soy libre” – MCV

Obviamente hay que ser idiota para no darse cuenta de que el presidente Hugo Chávez Frías, de la República Bolivariana de Venezuela, saltó de ex golpista frustrado, dos veces, a ser el ídolo de masas de gran parte de Latinoamérica y, en especial, de Suramérica, subcontinente que con la sola excepción de Chile y talvez de Brasil, no tiene la capacidad de salir del subdesarrollo.

El subcontinente no saldrá del subdesarrollo por varias causas, las cuales están siendo explotadas por dirigentes populistas que están vendiendo la pócima milagrosa de un socialismo fracasado y que sólo impone autoritarismo, tiranía, odio, hegemonía y discriminación, en contra de la minoría blanca (desgraciadamente se está exacerbando el odio racial) y en contra de todos aquellos que osen pensar y no aceptar el pensamiento único.

Y, precisamente, a esto me quiero referir, en especial con el caso venezolano en donde Hugo Chávez Frías, quiere imponer, a juro, un modelo que es rechazado por el 70% de la población. Chávez piensa, cree, y le han vendido la idea, de que los 7 millones de votos que obtuvo el 3 de diciembre 2006 le confieren una especie de patente de corso; pero, él se olvidó que en su campaña no ofreció socialismo, no ofreció comunismo, ni ofreció una salida a la cubana, en donde la disidencia es acallada estableciendo la hegemonía comunicacional y el pensamiento único; esa misma hegemonía que los comunistas no aceptaban por ejemplo con Pinochet, y todos los dictadores de América Latina durante el siglo XX.

Hegemonía
Con motivo del cierre del Canal RCTV, el cual cubría al menos el 50% de la voz opositora del país venezolano, al quitársele una concesión después de haber estado 53 años en el aire con una planta de unos 3 mil trabajadores entre periodistas, actores, profesionales, técnicos y obreros, y con unos 4.000 trabajadores indirectos, además de unos 1.800 empresas suministradoras de bienes y servicios, el gobierno comienza a cumplir su principal etapa de hegemonía comunicacional.

Hay que recordar que uno de los voceros chavistas en materia comunicacional, el comandante William Izarra, manifestó que “nuestro socialismo necesita una hegemonía comunicacional y todas las comunicaciones tienen que depender del Estado como bien público”. En otras palabras, el gobierno no solamente controla el aparato armado constitucional, sino que se arma con la exclusividad de las comunicaciones, con el fin de imponer en primer lugar una censura nacional; en segundo lugar un lavado de cerebro como el que impuso Castro en Cuba; y, en tercer lugar, para imponer un pensamiento único anulando a la disidencia y anulando las críticas internas o externas.

El gobierno no contento con el cierre del Canal, hace que el Tribunal Supremo de Justicia, mediante su Sala Constitucional, emita una medida cautelar por medio de la cual le expropian al canal sus bienes para pasarlos a una Fundación creada por el gobierno, lo cual contraviene los principios constitucionales sobre la protección al derecho de la propiedad. La decisión del TSJ es como si a usted le quitaran su casa porque el magistrado tiene un amigo sin vivienda, lo cual es inaudito desde todo punto de vista legal y de derecho, nacional e internacional., pues no existen las confiscaciones temporales y menos aún, cuando no se da una fecha para su término. Esta decisión en contra del RCTV demuestra un total quiebre del Estado de Derecho, en Venezuela.

Por otro lado, además de estos abusos legales, hay que advertirle a los neófitos en la materia, en especial a los defensores del proceso chavista en el extranjero, que aquí ocurre, en materia comunicacional, abusos que ellos no aceptarían en sus respectivos países. Por ejemplo, no saben que desde que asumió el Poder el presidente Chávez, en 1999 se ha encadenado por red nacional de radio y TV, hasta diciembre del 2006, 1.339 veces, lo que significa un promedio anual de más de 223 cadenas, es decir, al menos una cadena cada 36 horas. El número de horas encadenado, en el mismo período ha sido de 810 horas; es decir, 135 horas anuales o un promedio de 37 minutos diarios y, a cualquier hora del día.

Cierre de RCTV y toma de Globovisión
El gobierno, al no renovar la concesión de RCTV no actuó legalmente. Esperó siete años para aplicar la ley y no le dio la oportunidad a dicho canal, como estipula la ley, de ser considerado como el primero para optar a dicha concesión o renovación en este caso. El gobierno consideró que sus intereses estaban por sobre los del pueblo que en un 80% pedía la renovación de dicha concesión y, en su lugar, creó un bodrio llamado TVes, para lo cual confiscó, también ilegalmente, los equipos de la planta del canal 2 de Caracas. Los pocos días en que ha salido dicho canal al aire se ve una falta total de profesionalismo, se transmiten “enlatados” antiguos, se les cae la señal, se interponen las traducciones, etc., un verdadero desastre. Eso, no es lo que querían los venezolanos. Tampoco vamos a decir que RCTV era un canal lleno de virtudes. No, aparte de sus programas de entrevistas periodísticas, de sus noticieros y un par de programas de concursos culturales, su programación, como la mayoría de la programación de los canales nacionales venezolanos, incluidos los del Estado: VTV, Ávila TV, Telesur, Vive TV, CMT, CANV, y otros en los diferentes estados de la nación, incluida una red de unas 100 radioemisoras, era bastante deficiente.

Los canales del gobierno se caracterizan por violar constantemente la Ley Resorte, (Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV), con insultos, incitación al odio, como pedirle al lumpen de los cerros que bajen a saquear a las urbanizaciones del este de Caracas, no dar lugar a los derechos a réplica que establece la ley, tergiversar las noticias, mentir, etc..

El problema del gobierno es que ha concluido que sus medios, los cuales son mayoritarios, tienen poca audiencia y, seguramente pensaron, que haciéndose de RCTV, conseguirían aumentarla; desgraciadamente para ellos, el tiro les salió por la culata y ahora quieren echarle mano a Globovisión, que es el único canal libre que está quedando en Venezuela. A Globovisión le han metido 51 querellas en los tribunales. Incluso hay una por incitación al magnicidio porque el canal mostró un atentado en contra del Papa Juan Pablo II en uno de sus programas, precisamente llamando a la paz y no al odio.

Derecho a opinar
Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 57 establece que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso de ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa”…
Al Artículo 58 de la Constitución, establece que “la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes”…
¿Por qué recuerdo lo anterior? Por una razón muy simple. Estuvo en Venezuela una comisión representativa de la Sociedad Interamericana de Prensa, (grupo que tuvo una negra etapa en los 60 y 70 S.XX, amparando dictadores de derecha y de ahí su mala fama, aunque los tiempos han cambiado) la cual declaró, entre otras cosas que “la medida aplicada en contra del canal RCTV forma parte de una estrategia global”, precedida por nueve normativas legales (entre ellas reforma al Código Penal, Ley Resorte, etc.) lo cual buscaría también crear un efecto dominó en Ecuador y en Bolivia, que son países cuyos presidentes son seguidores de las políticas de Chávez. Los representantes de la SIP también manifestaron que el gobierno venezolano “ha incurrido en abuso de Poder” y que “se están violando los diez principios de la Declaración de Chapultepec”.
Autoritarismo
La vocera del Ministerio del Poder Popular Para la Comunicación, María Alejandra Díaz, declaró de “muy graves” las expresiones de los voceros de la SIP “quienes están emitiendo opiniones en la política interna de un país llamando a desconocer su legislación, tachando al gobierno de autoritario y tiránico” y “eso es injerencia en la política interna de un país”. Para la funcionaria, con la transmisión de esa rueda de prensa “se incurrió en violación a la Ley Resorte”, pues “eso es incitar al desconocimiento de la legislación venezolana”.
En cualquier sociedad libre esas declaraciones no deberían ser un delito. De acuerdo a la Constitución venezolana tampoco. Por ejemplo, cuando se habla de hegemonía comunicacional se está diciendo, claramente, e inequívocamente, que existe una supremacía del Estado en esta materia; al menos de acuerdo al significado de la palabra supremacía en el RAE, ese es el significado. Lo que la funcionaria, y el Ministro de Comunicación han olvidado es que el Artículo 9 de la Constitución establece que “el idioma oficial es el castellano” y la lengua castellana, a la cual se le denomina erróneamente española, se rige por el diccionario de la RAE; es claro e innegable que en Venezuela existe una hegemonía comunicacional oficial.
Se acusó a los miembros de la SIP de incitación al odio y desconocimiento de la legislación venezolana. Esto es realmente irrazonable toda vez que odio significa antipatía y aversión a una persona o cosa cuyo mal se desea. En ninguna parte, en esa rueda de prensa pudimos constatar esta eversión y antipatía en las palabras de los entrevistadores y entrevistados, tampoco se puede constatar el deseo de hacerle mal a alguien. Ya, con esto, tendríamos que entrar en el plano filosófico aristotélico sobre el problema del bien y el mal, cuestiones que al parecer no entienden ni manejan ni el Ministro ni la funcionaria Díaz.

Por otra parte, Sócrates planteaba que nadie hace el mal por el mal sino “sub specie boni” (bajo apariencia de bien) y, en este caso, el cierre de RCTV como lo ha presentado el gobierno si ha sido “sub specie boni”. Para estos filósofos nadie en su sano juicio puede querer el mal y si lo quiere, dicen, “hay que corregirlo”>. El problema es ¿cómo se corrigen los errores de un gobierno que no escucha? Para Aristóteles, el hombre por naturaleza “es un animal político” y por lo tanto actúa de acuerdo a su participación social. Esto es, ciudadanos y burócratas de la comunicación, que todas las expresiones públicas de una persona terminan teniendo un componente político y en nuestro caso, cuando hablamos de un programa de opinión no podemos ignorar que los entrevistados harán apreciaciones políticas.

El hecho de que yo diga, por ejemplo, que el ciudadano ministro de Comunicación, William Lara, sea autoritario, no supone un insulto, ni menos un calificativo despectivo hacia él; por el contrario, ser autoritario es asignarse una cualidad o valor que tiene que ver exclusivamente con el exceso de autoridad. Cuando decimos, el gobierno es autoritario significa que es partidario extremo del principio de la autoridad y muchas personas, miles, millones, cientos de millones, no comparten dichos valores simplemente porque el exceso de autoridad viene de la potestad o facultad que tiene una persona o cosa (gobierno) sobre otra persona o grupos de personas a los cuales él (el gobierno) considera su subordinado. Pero aquí es que nos encontramos con un choque de valores pues, por una parte, está el valor libertad, el cual se equipara a bien y el antivalor tiranía que se equipara a mal. El mal en este caso toma un carácter autoritario errado pues a quienes gobiernan no se les ha dado ni entregado autoridad alguna pues, ellos, son meros representantes del ciudadano. En otras palabras, los burócratas electos como los nombrados a dedo (digamos jueces, magistrados, notarios, ministros, etc.) no poseen la autoridad que da el auctoritas, es decir, la sabiduría del pueblo plenipotenciario. La autoridad, nace de los méritos y buena fama de los individuos; por ejemplo, un Premio Nóbel tiene autoridad como escritor, matemático, economista, filólogo, etc.; más, un magistrado no tiene autoridad a menos que sea, digamos, una eminencia, en su profesión como lo es el juez Garzón de España.

Pero, volviendo al concepto tiranía o de un ser tiránico, debemos recordarles a los burócratas de la comunicación que este vocablo lo usamos para definir a un gobierno que comete abusos de poder, o imposición en grado extraordinario; también podemos referirnos a una tiranía o catalogar de tirano a alguien que ejerce un dominio excesivo sobre la voluntad de un pueblo. En este caso, decir esa opinión en un medio de comunicación no puede ser considerada como un agravio, insulto u odio, pues solamente caracteriza la opinión que una persona o grupo de personas tiene sobre otra persona o personas o gobierno y una de las principales libertades y derechos humanos que tiene el individuo es el expresar sus opiniones en forma libre y sin censura.

Finalmente, y en el plano filosófico, los burócratas del pensamiento único, que no aceptan las críticas y no quieren ver la verdad de otros, pues son incapaces de razonar dialécticamente y siempre verán a la silla con dos patas, a la banca solo con los hombros y cabezas de los allí sentados, y al lápiz sólo por su color y no por lo que se hace con él, jamás podrán decirnos “¿dónde está y cuál es la ley objetiva e incondicionalmente necesaria , universalmente válida, capaz de obligar a su cumplimiento por encima y a pesar de los propios intereses y conveniencias del sujeto?
La llamada autoridad, la autocalificada autoridad, que por lo demás controla todos los poderes del Estado, se acostumbró a acusar a priori, a condenar a priori y a actuar como juez y código y a no arbitrar entre lo legal y lo moral y sus sentencias serán siempre éticamente nulas.

Todo lo anterior, sin embargo, no es suficiente para valorizar en el plano moral si las querellas anunciadas a individuos por expresar sus opiniones son éticas o ilegales. Necesitaríamos mucho espacio para explicar que entre el Estado y pueblo median derechos y deberes. Lamentablemente, en los días que vivimos pareciera que los deberes son solamente para el pueblo y no para el Estado que debe buscar el bien común y actuar moralmente pues sin moral no hay política. Por eso, cuando el Estado ejerce autoridad debe ejercerla para el bien común y no el bien de unos pocos y para ejercer el bien común no se pueden imponer consignas que digan “socialismo, patria y muerte”, pues la muerte no es ningún bien…

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