Muchos recursos y cero escrúpulos
Masivo, grotesco y desvergonzado es el uso de los recursos públicos en la campaña electoral oficialista. Las evidencias abundan y atropellan diariamente la vista y la impotencia ciudadanas. Miles de millones de bolívares que nos pertenecen a todos salen del torrente institucional para ser dilapidados en el proselitismo electoral y el activismo del partido de gobierno. Oficinas públicas disfrazadas de sedes partidistas. Decenas de miles de funcionarios públicos dejan los puestos de trabajo y cumplen su jornada laboral en tareas político partidistas bajo la más absoluta impunidad. Televisoras, radios, periódicos, revistas y panfletos que se proclaman “de todos los venezolanos” pero que operan como órganos oficiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela o como megáfonos de éste. Edificios, auditorios, mobiliario, imprentas, computadoras, papel y tinta, equipos de sonido, alimentos y bebidas, aviones, avionetas, helicópteros, autobuses, gandolas, camiones, camionetas, carros y motos oficiales puestos al servicio del calendario y propósitos partidistas y no del calendario y propósitos institucionales, menos aun al servicio de las necesidades populares. Es incalculable la cantidad de horas-hombre de nuestros funcionarios, la cantidad de unidades tributarias de nuestros impuestos y la cantidad de barriles de nuestro petróleo desviados y despilfarrados en esta borrachera roja rojita, unas veces encubierta y las más descarada y retadoramente abiertas.
El financiamiento legal, equitativo y controlado a los partidos políticos que le dan cuerpo y vida a la democracia es materia digna de ser incorporada al debate público y establecida con base en normas claras y de riguroso cumplimiento. Pero mientras eso no exista, el que un partido en el gobierno, cualquiera que éste sea, vuelque en su propio provecho la estructura institucional, ya sean sus recursos humanos o materiales, o ambos simultáneamente, incurre en grave delito. Delito que, por supuesto, debe recaer intuito persona sobre cada uno de los funcionarios y demás individuos comprometidos en la irregularidad. Si a la vocería oficialista le resulta cuestionable y sancionable que Petróleos de Venezuela haya financiado la actividad de una ONG que luego decidió convertirse en partido político, no se entiende cómo desde los círculos del chavismo no se alce ni una sola voz que marque distancia de la grotesca sangría que todos estos años ha venido haciendo el PSUV con el presupuesto de PDVSA y de la administración pública en general. Sorprende que algunos presuntos baluartes de la mística y la moral revolucionaria miren para otro lado como si eso los eximiera de la condición de cómplices activos o pasivos de la corrupción.
Es indudable que a la campaña gobiernera le sobran los más grandes, modernos, potentes y sofisticados recursos. Lo único que le falta son escrúpulos, límites éticos y frenos morales. Corrupción es corrupción, independientemente de quién, de qué tamaño y con qué propósitos la practique. En materia de apropiación de recursos públicos aun con fines políticos, siempre será reprobable la tesis de que el fin justifica los medios. Justo tras ese argumento se han cometido y enmascarado en el planeta los más abominables crímenes y corruptelas. De modo que frente al prontuario que en este campo exhibe la PDVSA pesuvista, se quedan verdaderamente pálidos la acusación que se ha hecho contra Leopoldo López y Primero Justicia, así como los famosos y no olvidados jeeps de Blanca Ibáñez y Acción Democrática.
Mucho tienen que explicarle y rendirle cuentas al país los presuntamente inmaculados y santurrones que desde el gobierno pretenden dar lecciones morales a los demás cuando en la práctica están embarrados a más no poder, tanto por acción directa como por consciente complicidad.
El palabrerío no los exime. Los delata la hediondez.
