Opinión Nacional

¡Muera la ley – Viva la revolución!

Es evidente que a la mayoría de la población le interesa poco el debate constitucional acerca de la legalidad de lo que acontece en el quehacer gubernamental en Venezuela. Esa mayoría tiene -para empezar- prioridades mucho más acuciantes que atender y adicionalmente carece del conocimiento necesario como para entender que tal debate es crucial para el país, para su democracia y por tanto para esa gran masa de ciudadanos. Tal vez sea por ello que eventos tan trascendentales para la vida republicana como los ocurridos en torno al 10E no han sido suficientes como para movilizar a ninguna de las corrientes políticas que hoy polarizan la vida nacional. Las manifestaciones oficialistas, todos sabemos, son tarifadas y con pase de asistencia .

El pueblo llano y de a pie solo entiende que si Chávez fue electo el 7-O por un amplio margen, él es el presidente de la República, comandante en jefe, líder de la revolución y novio de la madrina siendo que todo lo demás es apenas formal o periférico como ya lo vienen apuntando algunos voceros presagiando las interpretaciones que pronto veremos plasmar en sentencias judiciales.

Ya hace tiempo la señora Morales y algún otro magistrado del Tribunal Supremo dejó asomar la peregrina tesis de que los «detalles» constitucionales no pueden ser obstáculo para la primacía de la «revolución» aun cuando todavía nadie haya fijado el marco o los límites jurídicos de tal concepto que puede manejarse con la amplitud que al intérprete le dé la gana como se vio la semana pasada. Ya también declaró el inefable Elías Jaua (El Universal 15/1) que los «formalismos burgueses» ningún lugar tienen en el mundo revolucionario. No importa que tales formalismos estén consagrados en la misma Constitución que ellos a su medida redactaron y aprobaron en 1999 para «durar quinientos años».

Vale decir que a la vuelta de unas pocas semanas o meses ya quedará consagrada la tesis de que la máxima fuente del derecho nacional es la «revolución» lo cual permitirá dar ropaje jurídico a cualquier exceso que sea menester adornándolo también con el empaque de «la doctrina de Simón Bolívar» que arropa la «refundación de la República» (Art. 1 de la Constitución) y que tampoco se explicita bien cuál es permitiendo insólitas conclusiones (Bolívar era socialista, etc.).

Pero… ocurre que el escaso 5% o 10% al que sí le importa el aspecto legal y constitucional es justamente el que invierte su dinero, da empleo, paga impuestos, genera progreso material, etc. Eso que algunos llaman «elite» y otros -como el impresentable personaje nicaragüense Daniel Ortega- califican como «carroña» en nuestras propias narices; es el que decide si apuesta o no por Venezuela siendo que de esa decisión depende el destino de muchos por más que desde el oficialismo se empeñen en desacreditarlos.

Así pues habrá que ver a los complacientes beneficiarios de hoy en un futuro cuando el gobierno se ejerza otra vez en Caracas que no en La Habana y eventualmente la interpretación judicial definitiva sea la de calificar todo este andamiaje jurídico como nulo e írrito. Guerra avisada no mata soldados.

 

 

 

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