Opinión Nacional

No al abuso

Si hay un acto de torpeza que jamás le perdonaría al gobierno TRANSITORIO recién establecido en Venezuela, es que le dé instrumentos y razones a tanto intelectual pro-chavista, aquí y en el mundo, para transformar el fracaso y la incompetencia del asesino Hugo Chávez, en otro mito de un “buen revolucionario” caído de manos de alguna confabulación imperialista. En crear mitos ellos son especialistas, de eso no nos cabe duda.

Por esa razón, el presidente Carmona y su equipo de gobierno debe ser cuidadoso y firme. Cuidadoso en respetar esa regulación que define el Estado de Derecho y que el articulado de la Acta constitutiva del gobierno provisional reconoce como vigente. Es cierto que estamos en condiciones excepcionales. Es cierto que lo ocurrido el 11-A implicó saltarse formalidades con el objeto de garantizar la transición y pemitir, sobre todo, la gobernabilidad del país. Pero jamás puede usarse lo ocurrido como excusa para el abuso.

En cuanto a la firmeza, lo que esperamos de la junta es que sea firme en razón de la aplicación del ordenamiento jurídico del país. Jamás debe confundir el gobierno firmeza con abuso. Estado de Derecho significa que es el imperio de la Ley lo que debe regir las acciones del gobierno, NO EL REVANCHISMO Y LA VENGANZA.

En cuanto a esto último, lo ocurrido en la embajada de Cuba es un acto deplorable. Quienes me conocen saben que soy un enemigo declarado del régimen de Fidel Castro. Jamás he ocultado mi repudio y rechazo por ese régimen. Sin embargo, mi rechazo por Cuba se fundamenta en la forma como el régimen de Cuba usa el terror como instrumento de poder contra sus propios ciudadanos y, por ello, quienes utilizaron el terror contra el personal de la embajada cubana han caído en la misma condición, han cometido el mismo pecado. Si esto se hizo bajo el amparo del gobierno, entonces, este debe respondernos por ello y debe garantizarnos que jamás ocurrirá nuevamente.

Comprendo que muchos compatriotas estén disgustados por la forma como el régimen cubano interviniera en los asuntos de nuestro país, por la manera descarada como se aprovecharon de la incompetencia y la incapacidad de la antigua administración nacional. No obstante, eso no puede servir de excusa para violar la Ley, para irrespetar el territorio de un país que, aunque nos reviente por su abuso, sigue siendo huesped de nuestro territorio. Desde ya, yo aliento la propuesta de que el país rompa relaciones con el régimen cubano en el futuro, pero NO corresponde al actual gobierno, en su calidad de TRANSITORIO, hacer eso, sino a aquel que resulte de las elecciones legítimas y transparentes que se realizarán tan pronto como sea posible. La función del actual gobierno es crear condiciones para que la comunidad de naciones del mundo acepte la decisión del pueblo venezolano de destituir al criminal Hugo Chávez. Comprenda esto muy bien, presidente Carmona.

Lo otro que quiero comentar aquí se refiere al decreto de constitución del gobierno transitorio. Es necesario que el país comprenda que una de las funciones del atual gobierno TRANSITORIO es garantizar la gobernabilidad del país. Debido a la forma abusiva como el régimen chavista usurpó todos los poderes públicos, sometiéndolos a la voluntad y capricho de Hugo Chávez, no quedan sino dos alternativas: llamar a quienes representan esos poderes a sumarse, o a someterse. Las condiciones excepcionales y especiales que vivimos, donde los representantes de la mayoría de esos poderes no se han pronunciado en repudio de las acciones cometidas por el anterior régimen el pasado 11-A, bajo responsabilidad compartida por ellos, sino que por el contrario las justifican al defender y victimizar al culpable, demuestran que no queda otra alternativa que someterlos, PERO RESPETANDO EL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE. Esto implica respetando los procedimientos que garanticen la condición humana y la vida de esas personas. Implica obtener órdenes de arresto antes de privar de su libertad a una persona, siempre que tal acción sea justificada. Implica utilizar fiscales del ministerio público a la hora de hacer tales detenciones, que seguro los hay honestos, porque no todos los que apoyaban al régimen anterior eran deshonestos sólo por ello. Implica agotar el diálogo y la mediación por terceros (la Iglesia estoy seguro que gustosamente ayudará en esto) antes de utilizar la fuerza y, de usarla, hacerlo en condiciones que garanticen la vida de todos.

Igualmente, el gobierno debe dar respuestas a nuestras interrogantes y comprender que desde el pasado 11-A, el pueblo venezolano no tolerará el ejercicio abusivo del poder por ningún gobernante, sea quien sea. En lo personal, yo tengo varias preguntas: ¿qué función cumplirá el Consejo Consultivo, ya que el decreto que lo menciona no especifica con claridad sus funciones e injerencia sobre la acción gubernamental? ¿Qué mecanismos se implementarán (reales y prácticos) para garantizar que las decisiones del gobierno, sobre todo en materia de asignación de cargos públicos, reflejen la pluralidad de la sociedad civil, porque la idea de la simple consulta fue muy utilizada por el anterior régimen y siempre sirvió para asignar los cargos según el capricho del mandatario de turno? ¿Si se usará la consulta, quién nos garantizará su transparencia y cómo? ¿Cuál es la estrategia de la cancillería para restaurar la confianza de la comunidad internacional en Venezuela? ¿Cómo se piensa resolver la controversia generada por el rechazo y el no reconocimiento de países hermanos como México, Argentina, Chile, etc.? ¿Se va a recurrir a la mediación de países como Colombia, España y los EEUU, quienes comprenden la naturaleza de la decisión tomada el pasado 11-A en el país, para aclarar ante la comunidad internacional lo ocurrido?

En este momento, la cancillería debería ser el despacho más activo del gobierno TRANSITORIO. No puede estar callada y debe llamar a los más capaces para que trabajen activamente en esta difícil pero vital labor.

Para concluir, la responsabilidad que asume el gobierno TRANSITORIO es enorme. Venezuela no es ya un país que tolera el abuso y la intransigencia. La sociedad civil ya no es más un ente pasivo sino un factor activo y pujante que vigilará las acciones gubernamentales y que estará en esa vigilia hasta tanto no se instituya un gobierno totalmente civil y verdaderamente democrático, elegido por el pueblo de forma transparente y directa, respetuoso del Estado de Derecho y plenamente consciente de sus funciones: defensa de la libertad y garante de la democracia.

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