Once años de fracaso socialfascista
Los once años de gestión del tte coronel y su grupete hamponil están marcados por el sello del fracaso en todos los órdenes, a pesar del aparataje propagandístico y la verborrea populista del inquilino de Miraflores.
El régimen ha impuesto un vulgar capitalismo de Estado militarizado (socialfascismo) en la esfera económica, encubierto con consignas socialistas, que ha degenerado en un Estado omnipotente, que administra todo: la salud, la educación, la distribución de alimentos, los puertos, aeropuertos y carreteras, la flota mercante, los servicios de transporte, las compañías de gas, de luz y de teléfonos, el petróleo, las cementeras, parte importante de la banca, etc., al extremo de incluir hasta las areperas. Capitalismo militarizado que le ha permitido expoliar, saquear y entregar al capital transnacional la industria petrolera, a través de la creación de las empresas mixtas. Que ha hecho nuestra economía más dependiente de la renta petrolera, De cada 100 dólares que entran al país, 94 provienen de las exportaciones petroleras. Igualmente ha facilitado el surgimiento de una boliburguesía cívico-militar depredadora de los bienes públicos. Son los hijos del petro-estado bolivariano, que han visto engordar sus bolsillos gracias a la corrupción galopante que existe en el país (Wilmer Ruperti, Diosdado Cabello, Rafael Sarría, Blanco La Cruz, Hernández Behrens, Ricardo Fernández Barruecos, Omar Farías, Rafael Sarría, Pedro Torres Ciliberto, Orlando Castro, Carlos Kaufman, Franklin Durán, Arné Chacón, Leopoldo y Juan Carlos Castillo Bozo). Algunos de estos bucaneros, testaferros de la familia real bolivariana, han caído en desgracia a raíz de la crisis bancaria.
Su fracasada política económica neoliberal nos ha conducido a una severa recesión (-2,9) con el agravante de que culminó el cuarto trimestre con un decrecimiento de un 4.6%, a una galopante inflación (la acumulada durante estos once años es de 733%), a un endeudamiento irresponsable (se elevó de 32.484 millones US$-1998 a 95.000 millones US$-2009), y más recientemente a una maxi-devaluación, maquillada con el término de “ajuste cambiario”. El gobierno ha devaluado al neonato Bolívar Fuerte -a fin de resolver las cuentas fiscales- en un 746,5% (dólar de 4,30) y en un 451,3% (dólar de 2,60) con respecto a la paridad cambiaria que existía para el año 1999 (576 Bs por dólar). Esta devaluación es de mucha mayor gravedad que la experimentada el viernes negro en 1983, cuando se pasó de un tipo de cambio de 4,30 bolívares a 6 bolívares por dólar para importaciones no esenciales, lo que representaba menos del 50% del total de bienes y servicios. Hoy en día más del 70% de los productos se verán afectados por un dólar a 4,30 bolívares, lo que significa una devaluación del 100%. Devaluación que ocurre al ser insuficientes los recursos de las fuentes fiscales (impuestos regresivos), de los endeudamientos externo e interno y de la renta petrolera para financiar el gasto fiscal, el cual será este año mucho mayor que en los años anteriores por ser un año electoral. ¿En qué se diferencia esta devaluación con respecto a las anteriores? En nada, salvo en su forma.
Sin embargo, esta maxi-devaluación ha sido justificada cínicamente por el tte coronel con el sofisma de que se trata de una medida destinada a estimular la producción nacional.¿Cuál producción nacional? si el parque agro-industrial ha sido destruido por el propio gobierno y esta devaluación se toma después de once años en el gobierno. Este “reajuste neoliberal” ha sido muy bien recibido por las autoridades monetarias internacionales, así Jorge Guzmán, jefe de la misión del FMI para Venezuela, afirmó “la reciente devaluación en la moneda de Venezuela es un importante primer paso en la consolidación de las condiciones económicas del país”.
Pero a pesar de la bonanza petrolera y del endeudamiento irresponsable del Estado venezolano, la pobreza y la exclusión social no han mejorado realmente más allá de las adulteradas cifras de Elías Eljuri, presidente del Instituto Nacional de Estadísticas. Todos los publicitados planes sociales (misiones), que supuestamente servirían para resolver la situación de pobreza en la que se encuentran sumidos millones de venezolanos, han resultado un total fracaso, pues son improvisaciones demagógicas de corte electoral. Constituyen fraudulentas ilusiones, amañadas esperanzas alimentadas perversamente por la propaganda oficial a fin de preservar un electorado ingenuo y aún creyente. A once años de desgobierno nueve millones de venezolanos están en situación de pobreza y de ellos, tres millones en pobreza crítica.
Políticamente el socialfascismo bolivariano ha promovido un pensamiento único de carácter totalitario, un culto a la personalidad en torno la figura del tte coronel, una intolerancia radical y una regimentación represiva de la vida de los venezolanos mediante un control político-militar. Una verdadera colcha de retazos ideológica, alimentada fundamentalmente con la pócima fascista de Ceresole: el absolutismo caudillista.
A pesar del tan cacareado “carácter humanista del proceso”, este gobierno ha violado sistemáticamente los derechos humanos sin el menor pudor. Ha reprimido salvajemente a los trabajadores y campesinos por discrepar de sus políticas neoliberales; ha hostigado y agredido a estudiantes, dirigentes sociales y profesionales por disentir de la política oficial. Ha enviado a nuestras cárceles, verdaderos museos del horror, a luchadores sociales que han sido sometidos a farsas jurídicas, a fin de imponer el miedo en todos aquellos que se identifican con un pensamiento distinto al expresado por el régimen.
El gobierno ha sido incapaz de garantizar la seguridad ciudadana. La inseguridad no es “una sensación”, como lo afirmó Gabriela Ramírez, la infame Defensora de Pueblo, sino una realidad donde cualquier ciudadano puede ser asesinado a manos de un hampa desenfrenada. En estos once años, todos los planes de seguridad ciudadana han fracasado, como lo evidencia los índices de delincuencia (176.000 homicidios en 11 años a razón de 16.000 por año). Más fallecidos que en las últimas guerras de Irak y Afganistán. Ante esta tragedia nacional al inquilino de Miraflores no se le ha ocurrido algo más original sino afirmar que la delincuencia que azota al país, es “financiada por la burguesía”. Obviamente, el monarca de Miraflores prefiere mentir cínicamente, en lugar de asumir su responsabilidad como Jefe de Estado garante de la seguridad de los venezolanos.
El talante antiobrero, autoritario y personalista del régimen ha quedado mas que evidenciado en estos once años. La infame estrategia laboral socialfascista ha consistido en conculcar los derechos de los trabajadores, reducir el papel de los sindicatos, penalizando el derecho a la protesta y a la huelga como instrumentos de lucha. Su negativa a firmar las nuevas contrataciones colectivas ha quedado más que demostrado (más de 200 contratos colectivos están vencidos en la administración pública) y los pocos que se han logrado firmar (educadores y más recientemente con los petroleros) han implicado desmejoras laborales importantes para los trabajadores. Esta nueva devaluación depreda el poder adquisitivo del salario real y reduce a la mitad los pasivos laborales de los trabajadores. Este es el régimen más antisindical y antiobrero de los últimos tiempos en Venezuela.
Ante la criminal devaluación de la moneda (100%) el tte coronel ha decretado un pírrico aumento salarial del 25% (promedio), el cual indiscutiblemente no cubre la expectativas de los salariados, quienes vienen impactados por la inflación acumulada de 2009 (26%) y la proyectada para este año (35-45%). Aplicando el anuncio del Gobierno, el salario mínimo a partir de 1° de marzo próximo pasará de 967,5 bolívares a 1.064,25 bolívares, con el alza de 10%; y posteriormente se prevé un incremento adicional de 15% que entrará en vigencia el 1° de septiembre, quedando la remuneración total en 1.223,89 bolívares. Este aumento será aplicable para alrededor de 2,3 millones de personas de las 6 millones que integran la población empleada en el sector formal de la fuerza laboral, mientras que quedarán por fuera 1,4 millones de desempleados y los 5,6 millones de trabajadores que están en la informalidad y no cuentan con ingresos fijos. Incremento salarial que pronto se diluirá producto de la inflación (26% en el 2009 y un 35-45% en el 2010) y de una especulación incontrolada. Salario mínimo que ya no será el más alto de la región sino uno de los más bajos (quedará en 299,78 dólares, calculado sobre un dólar promedio de 3,55 bolívares que es el ponderado entre las dos tasas de cambio). ¿En qué paró aquella perorata de “Un país fuerte, una economía fuerte, un Bolívar fuerte?.
La revolución socialfascista bolivariana no es más que una gran farsa, controlada por el cinismo de un caudillo uniformado, que manipula las necesidades de los venezolanos sumidos en la pobreza y la desesperanza. Un perverso proyecto mesiánico, adornado con una retórica socialista, que en estos once años ha profundizado la pobreza, la corrupción, la crisis de los servicios básicos como seguridad, agua, electricidad, salud y educación, y la destrucción sistemática de la base económica, industrial y agroindustrial del país.
Históricamente las revoluciones sociales nunca ha sido dirigidas por camarillas de militares prepotentes, con ínfulas mesiánicas que promueven obediencias incondicionales y disciplinas verticales («credere, obedire, combatere» Benito Mussolini).
