Opinión Nacional

Organizaciones de Derechos Humanos exigen detener la violenciagarantizar la voluntad popular y la institucionalidad democrática

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS EXIGEN DETENER LA VIOLENCIA
GARANTIZAR LA VOLUNTAD POPULAR Y LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, en el marco de violencia que se vive en diversas zonas de la ciudad capital y algunas zonas del interior del país desde hace tres días, queremos manifestar lo siguiente:

Sobre los derechos a la manifestación, la vida, la libertad, la integridad y la seguridad ciudadana

1.- Expresamos nuestro dolor y solidaridad con los familiares de las víctimas de la violencia desatada desde el 27 de febrero de 2004, que ha cobrado la vida de al menos 3 personas, enlutando a los dos sectores enfrentados del espectro político, y que ha producido numerosos heridos. Exigimos a los órganos del sistema de administración de justicia una adecuada investigación y sanción a los responsables de esos crímenes.

2.- Condenamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Guardia Nacional (GN) y de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) en el contexto del control de las recientes manifestaciones. Condenamos a la Policía Metropolitana (PM), la Policía del Estado Miranda y las policías de los municipios Chacao y Baruta, entre otras, por su participación directa en la colocación de barricadas y otros eventos de alteración del orden público y por la omisión de su deber de garantizar la seguridad ciudadana. Reiteramos que los cuerpos de seguridad ciudadana no pueden constituirse en brazos armados subordinados a parcialidades políticas, pues ello atenta contra el derecho a la seguridad ciudadana y que estas y otras acciones deben ser debidamente investigadas y sancionadas.

3.- Frente a las delicadas situaciones de alteración del orden público vividas en los últimos días, se evidencia la inexistencia de una política
democrática de seguridad ciudadana y, con ello, el incumplimiento estatal de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos del 27 de febrero de 1989, en la que se ordenaba que el Estado debía ajustar sus planes tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de los derechos humanos, siguiendo los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza, también consagrados en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, dictados por la ONU en su Resolución 44/162 del 15 de diciembre de
1989.

4.- Condenamos el uso de armas de fuego por parte de manifestantes afectos o adversos al gobierno nacional, que ha sido denunciado a propósito de las recientes manifestaciones. Recordamos a todos los actores en pugna que el derecho a la manifestación, consagrado en el artículo 68 de la Constitución, implica un ejercicio «pacífico y sin armas». En tal sentido, una manifestación deja de ser pacífica cuando se utilizan objetos contundentes para agredir a otras personas, a funcionarios públicos o a bienes públicos o privados o cuando en ella participan personas armadas. En todos esos casos, se estaría en presencia de delitos o faltas que deben ser debidamente prevenidos o sancionados.

5.- Exigimos la inmediata libertad de quienes fueron detenidos mientras ejercían su derecho a la manifestación pacífica y el respeto estricto de las garantías procesales de quienes fueron detenidos en flagrancia cometiendo algún delito, en el contexto de manifestaciones. De ninguna manera pueden tolerarse vejámenes, golpes o maltratos a personas detenidas y ya desarmadas o indefensas. Tampoco pueden actuar de manera anónima los cuerpos de seguridad, motivo por el cual es inadmisible el uso de capuchas y pasamontañas que dificultan la identificación de funcionarios que se colocan así al margen de la ley. Los casos en los que los funcionarios de seguridad actuaron vulnerando estos principios, consagrados en el ordenamiento legal interno, deben ser investigados y sancionados.

6.- Solicitamos a los medios de comunicación social que promuevan la tolerancia y la convivencia ciudadana y que se abstengan de publicar
remitidos anónimos y llamados a la violencia, tal como lo señalan los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y olíticos.

Sobre el derecho a la participación y a la democracia

7.- Exigimos al Consejo Nacional Electoral (CNE) un reconocimiento fidedigno de la voluntad popular en el proceso de revisión y verificación de las firmas de las distintas solicitudes de referéndum revocatorio. El mecanismo seleccionado para tal fin debe ser rápido y transparente, y debe garantizar frente al país que no se anule ninguna firma lícita y que no se avale ninguna firma fraudulenta.

8.- Exigimos la restitución inmediata y plena de la institucionalidad del árbitro electoral, pues toda fractura de ese ente atenta contra la celeridad y credibilidad del proceso.

9.- Exigimos a los actores en pugna el respeto a las decisiones del árbitroelectoral y el procesamiento institucional de toda inconformidad o queja contra sus decisiones.

10.- Exhortamos a la población y a sus líderes a expresar sus legítimas ideas políticas de manera pacífica, en el marco del respeto a la diversidad, al pluralismo y la participación y la institucionalidad democrática, abdicando de los discursos belicistas e intentos de instrumentalización política de la Fuerza Armada Nacional.

11.- Recordamos, finalmente, que la actual crisis política es expresión de una crisis más amplia y estructural, que cuenta a la pobreza, la
discriminación y la desigualdad en el disfrute de los derechos humanos entre sus principales factores generadores. Por ello, tal como lo hemos señalado en repetidas ocasiones, junto a la necesidad de mínimos acuerdos que permitan administrar democráticamente las diferencias en torno a los proyectos de país, debe existir un consenso en torno a la urgente necesidad de ampliar la ciudadanía a aquellos sectores tradicionalmente excluidos.

Firman
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universida
Católica Andrés Bello (Cddhh-UCAB)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de
Venezuela
Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap)
Fundación Justicia y Paz de Petare
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Servicio Jesuita para Refugiados Venezuela

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