Opinión Nacional

Otro contrabando de boinacolorá

De los filibusteros que desgobiernan a Venezuela no se podía esperar otra cosa. Es más, ya el propio jefe de los piratas lo había anunciado cuando tragó grueso para reconocer el triunfo del «no» en el 2-D del 2007. «No le quitaremos ni una coma a la (fallida) reforma «, y puntos más puntos menos de eso se tratan los 26 decretos-leyes habilitados en el último día de la tercera habilitante de boinacolorá: una reforma constitucional por contrabando.

En materia militar, político-administrativa, económica, financiera y hasta seudo-institucional, la diarrea habilitante del 31 de julio, más los otros 16 proyectos de ley que serían presentados próximamente a la Asamblea, tienen por finalidad principal resucitar la reforma socialista-decimonónica de la Constitución de 1999.

Que en verdad, mucho más que una reforma era el transplante de un modelo constitucional por otro, o incluso por una especie de anti-constitución, porque al fin y al cabo las constituciones se inventaron para limitar y regular el poder, y lo que el señor Chávez pretendía y pretende es reinar por encima de cualquier restricción normativa.

El pasado 2-D, el pueblo dijo no al acorralamiento de la propiedad privada, pero la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria busca facilitar la apropiación de las empresas del sector alimentos, y la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular lo que pretende es «legalizar» la denominada «propiedad social o colectiva», para la cual, por ejemplo, las cooperativas son un mal ejemplo de diabólico imperialismo.

El pasado 2-D, el pueblo dijo no a la consagración de las «milicias populares» como una Fuerza Armada paralela, y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional se redactó para ello. El pueblo también dijo no a la «recentralización administrativa» y la Ley Orgánica de la Administración Pública deja a los gobernadores y alcaldes de elección popular como unos subordinados de los virreyes regionales de nombramiento a dedo.

El pasado 2-D, el pueblo dijo no a la destrucción definitiva de la autonomía del BCV, y el «nuevo» proyecto de Ley del Banco Central de Venezuela tendrá por objeto darle la misma jerarquía que, por ejemplo, el Banco Industrial o cualquiera de los bancuchos públicos de reciente nacimiento que quiebran cada quince y último, mientras sus directivos engordan sus cuentas en dólares y euros en parajes tan revolucionarios como el Principado de Liechtenstein o el Emirato de Dubai.

Y para añadir insulto a la herida, algunos ministros del gabinete ejecutivo se quejan de que muchas de las 26 leyes fueron preparadas en un «gabinete secreto» integrado por funcionarios cubanos y uno que otro jurisconsulto español, verdadero sanedrín alrededor del trono miraflorino.

Lo que no sería de sorprender, porque así fue con la elaboración del propio proyecto de Ley Habilitante a comienzos del 2007 y, muy probablemente, con diversos aspectos de la rechazada reforma constitucional. O sea, que de fondo y forma todo es un tributo al contrabando de la peor ralea. Tal cual es la naturaleza, actuación y miras de la revolución bolivarista.

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