Opinión Nacional

¿Otros Aponte?

Hoy, las declaraciones del corrupto coronel y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte avalan lo que era evidente: el teniente coronel dictador siglo XXI sí requiere guardar formulismos y para ello exige la sumisión de jueces y fiscales. En este artículo solo nos referiremos a algunos casos relacionados con los trabajadores ilegalmente despedidos de Pdvsa.

Caso desalojos de viviendas y atropellos en campo petrolero de Los Semerucos, estado Falcón: La ocupación de esas viviendas estaba regida por las relaciones contractuales y cuando se produjeron los violentos e ilegales desalojos esa relación de trabajo no estaba legalmente terminada. Recordamos las agresiones a niños, ancianos, mujeres y hombres en horas de la madrugada por parte de los chacales del Destacamento 44 de la Guardia Nacional. En este caso intervinieron Camilo Hurtado, juez cuarto civil; Marcos Rojas, juez superior civil; Libeta Valbuena, juez municipio Carirubana; Isabel Angulo, juez titular de ejecución del municipio Carirubana, y la abogada Carnevali, fiscal de protección del niño y del adolescente.

Caso Punta de Mata, estado Monagas: Los jueces Zoraida Gofre y José Tomás Barrios ordenaron los desalojos ilegales, los cuales ejecutó la juez María Zambrano. Caso San Tomé, estado Anzoátegui: El desalojo lo ordenó Ramón Guevara, juez de Cantaura y los ejecutó la juez Mayra Millán. En Anaco la juez ejecutora fue María Bolívar.

El 26 de febrero 2003 el fiscal José Benigno Rojas acusó a ocho de nuestros miembros de Gente del Petróleo por el paro cívico del 2 de diciembre, entre ellos a Horacio Medina, Juan Fernández, Edgar Paredes, Edgar Quijano, Lino Carrillo y Juan Santana; la juez Belky Cedeño dictó privativa de libertad. Posteriormente la Sala Constitucional dictaminó que el proceso era nulo y ordenó reiniciarlo y el 21 de diciembre del 2004 volvieron a dictarles privativa de libertad a pesar de que se habían presentado a todas las audiencias. Esta denegación de justicia los obligó a exiliarse. Hay que agregar que tanto los tribunales laborales, como los Inspectores del Trabajo rechazaron los alegatos de los casi 23.000 despedidos, a pesar de que algunos estaban de vacaciones o de reposo médico. Por otra parte, Omar Mora y otros jueces negaron jubilaciones aprobadas y con derecho adquirido. Como somos afectados, no podemos afirmar que la verdad está de nuestro lado, por lo que solo solicitamos se investiguen estos casos, ya que hay muchos otros Aponte.

Como en botica: Hay asesinatos y fugas en las cárceles, cortes de electricidad y escasez de gasolina, pero el régimen sostiene que son inventos de los medios. El deseo de retirase de la CIDH es inconstitucional y una señal de que seguirán violando los derechos humanos. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

 

 

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