Opinión Nacional

Pacto de gobernabilidad

Conscientes de que la dimensión de la crisis política, social, económica y moral que atraviesa el país, como consecuencia de un intento de imponerle a los venezolanos un régimen autoritario, al estilo del cubano de los hermanos Castro, varios precandidatos de la Alternativa Democrática realizaron una primera reunión para sentar las bases de lo que debería ser un gobierno surgido de las elecciones de 2012.

         La convocatoria hecha por Oswaldo Álvarez Paz, a quien se le trata de cercenar sus derechos políticos acusándolo de un delito de opinión que no existe en la legislación venezolana, y a la que asistieron Antonio Ledezma. María Corina Machado y Leopoldo López, mientras los otros precandidatos se excusaron por compromisos contraídos con anterioridad, revela en principio que la unidad de las fuerzas democráticas no se limitará a participar en el proceso electoral del año 2012, sino que se prolongará por varios períodos constitucionales, cualquiera sea el ganador de las primarias de la MUG y de las elecciones presidenciales en ese mismo año.

         Un gobierno de unidad nacional deberá orientarse en primera instancia a consolidar la democracia como sistema de vida de los venezolanos, para cerrarle el paso a todo intento de desconocimiento de  los resultados electorales e incluso de posibles conspiraciones en las filas de la institución armada, por algunos oficiales que participaron en los frustrados golpes de estado del 4 febrero y del 27 de noviembre de 1992, que no convengan en aceptar la democracia como el gobierno que exige la mayoría de la población, y que ha servido de plataforma a los países civilizados para impulsar su desarrollo y bienestar.

         Un triunfo de la Alternativa Democrática debe en segundo término llamar a la reconciliación de todos los ciudadanos, civiles y militares, incluyendo a muchos de quienes han apoyado o se han visto obligados a solidarizarse con políticas antidemocráticas del gobierno de Hugo Chávez. La democracia es también una escuela de pedagogía política, que en países subdesarrollados, dominados durante siglos por caudillos militares, gobernantes personalistas, han creado una cultura de obediencia ciega, prácticas ilegales, reparto y saqueo de las riquezas nacionales, por lo que se impone además de una política de castigo, de acuerdo con la legislación vigente, a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, también un política de educación para la vida en democracia.

         Sólo un  Pacto de Gobernabilidad que  garantice la estabilidad de la democracia y la reconciliación del país, puede emprender una gigantesca tarea de reconstruir un país, destruido en su infraestructura física, institucional y ética, para lo cual se requerirán varios períodos de gobierno unitario.

         Las autopistas y carreteras, escuelas, liceos y universidades, construidas durante décadas, desde que el petróleo comenzó a aportar grandes cantidades de divisas en dólares, han sido destruidas por falta de mantenimiento en los 13 años de gobierno que muy pronto cumplirá Hugo Chávez. Las empresas de Guayana, donde se comenzó a sembrar el petróleo, son hoy inauditables, lo mismo que PDVSA.

         Y aunque es verdaderamente grave lo que ha pasado con la infraestructura física, todavía podemos decir que es factible encontrar recursos económicos para reconstruirla, tal vez haya algo mucho deteriorado, porque toca la cultura política, como la dependencia de todos los Poderes Públicos, del Ejecutivo, de Miraflores, de un Presidente que gobierna como si la nación fuera un cuartel que obedece a su comandante. Y como la mayoría de la Asamblea es chavista, si no se aviene a una reconciliación para un gobierno plural, el nuevo Presidente tendrá que convocar a una Asamblea Constituyente, que designe a los representantes de los Poderes Públicos que no son electos por el voto universal, directo y secreto.

         En cuanto a la Institución Armada, hay que despolitizarla, para que no dependa de una tendencia política ni de  personalidad alguna, tal como lo establece la Constitución Nacional vigente. No puede ser sometida, por razones de obediencia, a vitorear consignas como ¨ Patria, Socialismo o Muerte ¨, como ha sucedido en el gobierno de Hugo Chávez. Debe recuperar la institucionalidad y la meritocracia en los ascensos y ejercicio de cargos de jerarquía.

         La Contraloría General de la República, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe estar en manos de hombres o mujeres de probada independencia de partidos políticos y del Poder Ejecutivo, que en los últimos tiempos se ha convertido en un instrumento para atropellar derechos de los ciudadanos y cohonestar directa o indirectamente la corrupción administrativa y, algo más grave, la delincuencia organizada que ha penetrado casi toda la administración pública.

         En síntesis, la ética política tiene que ser recuperada y colocada por encima de intereses personales o de grupos políticos e incluso privados. La libertad de conciencia y la libertad de expresión del pensamiento, por cualquier medio de comunicación, debe garantizársele a todos los venezolanos. El imperio de la ley debe ser ejercido por el Poder Judicial, sin contemplaciones a posiciones políticas, económicas o sociales de quienes la infrinjan.

         Ninguna de esas metas puede ser alcanzada sin un Pacto de Gobernabilidad, la reconciliación de los venezolanos  y el respeto a la Constitución Nacional y a las leyes. Por eso pensamos que el país democrático debe apoyar e incluso exigir que se preserve la unidad y se apruebe un Pacto de Gobernabilidad, como condición indispensable para consolidar la democracia y sacar el país de la crisis que todos, pobres y ricos, contactamos y padecemos.

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