Opinión Nacional

Panorama político

Sin lugar a dudas, el tema dominante en este inicio de año 2011 lo constituye el tema político; la instalación de la Asamblea Nacional, al momento de escribir este artículo, colma la atención del país. El cambio de una Asamblea unicolor a una Asamblea con visos reales de pluralidad representa el hecho político más importante de los últimos años.

Todas las marchas, mítines, los esfuerzos unitarios realizados por los diversos grupos de la sociedad venezolana, encuentran su expresión final en esa nutrida representación en la Asamblea Nacional.

El paquetazo de leyes de cierre del pasado año y, dentro de ellas, las emblemáticas como lo son la golpista ley habilitante y la ley de universidades, pasan a un segundo plano ante la significación de la nueva Asamblea Nacional. Los intentos presidenciales de minimizarla, de ignorarla, se enfrentarán a sectores mayoritarios de la población para impedírselo.

La devaluación del bolívar y el anuncio de nuevas leyes de corte fiscalista, de igual manera, se ven como en la lejanía frente ante tan importante evento. La continuada recesión económica de los últimos dos años y la muy probable ocurrencia de un agravamiento de esta durante el presente año no encuentran de momento el auditorio ni las prioridades de atención de la sociedad venezolana.

Más pronto que tarde y una vez establecido el escenario de la confrontación política en el espacio que toda sociedad democrática reserva para la discusión, para la búsqueda de los intereses comunes de los venezolanos como lo es el palacio legislativo, los temas de la habilitante, el desastre económico, la devaluación y la impunidad de la corrupción del sector público emergerán con fuerza propia y serán objeto de consideración de la sociedad venezolana.

Ha sido abrumadora, desconsiderada, ajena a la Constitución tanto la actuación de los diputados ante la pasada Asamblea Nacional como de igual manera lo ha sido el cúmulo de leyes aprobadas sin la menor consideración ante la sociedad.

La decisión presidencial anunciada el martes 4 de enero en horas de la noche de vetar la ley de universidades constituye una demostración de realismo político, de reconocimiento de las implicaciones que hubiesen podido tener los enfrentamientos públicos de la comunidad universitaria con el Gobierno nacional.

La decisión de la inmensa mayoría de la comunidad universitaria nacional y su disposición de no acatar la nueva ley de universidades habría desencadenado en nuestro país o un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles o el abierto inicio de la anarquía nacional.

El Gobierno nacional inteligentemente desmonta de esa manera la amenaza más importante que ha tenido en los últimos años y que hubiese constituido el inicio de la insubordinación civil en Venezuela. El efecto neto que eso produce es la inmediata desmovilización de un sector importante de la sociedad venezolana. Por otra parte, señala de manera clara el camino que la mayoría de la población venezolana debería seguir si realmente intentase detener el deterioro del país y la cubanización del mismo.

La situación económica reinante en el país, las consecuencias de la desinversión privada tanto nacional como extranjera, los perversos efectos de la devaluación del bolívar y el consiguiente incremento de precios muy pronto ocuparán los lugares más destacados en la atención de la sociedad venezolana.

La inseguridad, el creciente desempleo real y la pérdida del valor adquisitivo del salario de los trabajadores colmarán la escena nacional. Una creciente inestabilidad empieza a estar presente en la vida de todos y la convicción de que tanto el modelo económico como el gobierno que intenta aplicarlos son realmente los problemas y no las soluciones.

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