Paramilitares e impunidad
Recientemente, el Vicepresidente José Vicente Rangel acusó al gobierno colombiano y particularmente al ejército del hermano país de algo que no es nada nuevo: Apoyar a los paramilitares, a quienes según se señala, se les asigna el trabajo sucio que al gobierno y al ejército colombiano no les conviene (por razones político-diplomáticas) realizar. Ello originó la protesta farisaica de personeros y del propio Estado colombiano, según quedó registrado en la prensa del 13-IV-03.
Hace aproximadamente dos años, en varias emisiones del programa radial ‘Juris’, en San Cristóbal, advertíamos, como resultado de las ataduras de cables sueltos y limitadas pesquisas, sobre la creciente penetración paramilitar colombiana (¿importada por quién?), en la zona de la Machiques-Colón y en El Sur del Lago.
Hoy, Táchira y Mérida están, del mismo modo, minados.
Leyendo hilvanadamente día a día las páginas rojas de la prensa de Los Andes, percibimos cómo se interrelacionan inextricablemente los habituales ‘hechos cotidianos’, que inicialmente aparecían como meros ‘ajustes de cuentas’ entre bandas y que en realidad, armando el rompecabezas, no son más que ‘ajusticiamientos’ que cada 24 horas producen los paramilitares en la región. Particularmente en el Táchira.
Desde Cúcuta, dominan la zona de San Antonio, Ureña y San Cristóbal. Tienen igualmente presencia en La Fría y Coloncito. El 14-IV-03, la prensa del Táchira (Diario Los Andes y Diario La Nación), se hace eco de lo que el primer rotativo denomina “Noche de Terror en Michelena”: Cinco ‘ajusticiamientos’ en cuestión de minutos.
En Mérida, operan especialmente en el Municipio Alberto Adriani; y en el Zulia, como ya lo observamos, en la Machiques-Colón y el Sur del Lago.
En el Táchira, dentro de su modus operandi, no sólo aniquilan a los presuntos guerrilleros. Del mismo modo que en Colombia (donde cobran por brindar protección y seguridad a los sectores pudientes), matan diariamente, del mismo modo, como lo podrá establecer un atento lector de la prensa andina, a los delincuentes y azotes de barrios.
Como sabemos, como consecuencia de la creciente ineficacia del Estado venezolano en materia de seguridad y justicia, en nuestro país reina la más absoluta impunidad.
Los operarios de la justicia y seguridad no funcionan. Los habitantes de las zonas humildes viven en zozobra permanente a merced de la desbordada delincuencia común generada por el galopante desempleo. Los paramilitares colombianos cumplen entonces en los barrios, la tarea que corresponde y ha sido abandonada por las autoridades venezolanas.
Esto hace que en esos sectores marginales, jurídicamente a la intemperie, los paramilitares que llenan el vacío de falta de seguridad y justicia que debe cumplir el Estado venezolano, sean vistos (lo cual es comprensible criminológicamente) como las verdaderas autoridades y se ganen el respeto y hasta la solidaridad de la colectividad que sufre las arremetidas de los delincuentes.
Es posible que José Vicente Rangel ignore que dolorosa y paradójicamente, los para… están recibiendo además del apoyo que él menciona, el del mismo pueblo chavista, ante la indefensión e impunidad que ese pueblo padece por inoperancia del Estado.
(*): Profesor Titular Emérito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Ex Director del Instituto de Filosofía del Derecho de la misma Universidad.
