Opinión Nacional

Participando a Tiempo

Lorenzo Calcaño:

Bueno mis amigos, la verdad es que hoy quiero empezar este programa hablándoles como ciudadanos “tiempo-escuchas”, y esto porque la reivindicación de la ciudadanía es un hecho; no precisamente por obra de los partidos políticos. Creo que Elías Santana representante de «Queremos Elegir» y Liliana Ortega de «COFAVIC» nunca se imaginaron que iban a protagonizar esta ola de actuación política por parte de nuestra sociedad civil ante el descalabro institucional del Estado venezolano. Fíjense que ante el desastre de la anterior directiva del Consejo Nacional Electoral se logró constituir una mesa de diálogo que incluyó el trabajo de veinte agrupaciones de la sociedad civil, la cual se encargó de seleccionar (con la participación de algunos diputadillos por supuesto) a una nueva directiva de reconocida probidad, que hoy por hoy cuenta con un apoyo abrumador de la ciudadanía, y que, como dice la profesora Ruth Capriles de la «Red de Veedores» de la Universidad Católica, este nuevo Consejo representa un triunfo de la sociedad civil, porque lo preside gente con capacidad y honestidad, no reciben órdenes gubernamentales y van a actuar conforme a su conciencia.

Pero además, ciudadanos “tiempo-escuchas”, también, hoy leemos en la prensa que el padre Armando Janssens, a la cabeza de «SINERGIA» asociación nacional de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo del desarrollo social y la promoción humana, esta promoviendo una auditoria social al Gobierno con el objeto de que se retomen a plenitud los programas de alimentación materno-infantil. Y es que ante los vicios y el fracaso de la partidocracia nos habíamos ido quedando sin recursos instrumentales para defender nuestros derechos democráticos. Porque, como muy bien lo ha expresado la doctora Cecilia Sosa, estamos ante un Estado constitucional donde el Estado de derecho ha sido vulnerado por un Tribunal Supremo de Justicia que le dio la espalda a la Constitución bolivariana y un Congresillo, que no hemos elegido, hace las veces de Congreso. ¿Qué les parece?. Y es que, como dice monseñor Ovidio Pérez Morales, la política no se reduce a la existencia y actividad de los organismos del estado y de los partidos políticos. El logro de Elías y Liliana anima a una participación decidida de personas y organizaciones no partidistas de la sociedad civil en esta situación crucial, para la paz y un futuro realmente democrático.

Porque, Marieta, te recuerdo que fue el propio Miquilena, el creador de nuestra dedocracia, quien ha dicho que el Congresillo se atiene al espíritu y no a la letra de la Constitución… Tú, por ejemplo ¿qué piensas de la actuación del Tribunal Supremo de Justicia?

Marieta Hernández:

Sí, yo quería comentarte, en relación con lo ocurrido con la decisión del caso MiquIlena, que son lamentables las amenazas al fiscal que trascendieron a la opinión pública, tanto antes como después del proceso. Fíjate que el abogado de Miquilena y dirigente del MVR, Omar Meza, poco antes de la decisión, que por cierto ellos parecían conocer de antemano, declaró en tono burlón respecto a Elechiguerra, «si es que él sigue siendo fiscal después de esto». Posteriormente el fiscal siguió siendo amenazado con todo tipo de demandas y acciones por daños supuestamente ocasionados a Miquilena.

Dos comentarios al respecto: ¿cómo puede entonces el fiscal, bajo constantes amenazas, llevar adelante investigaciones contra un funcionario sospechoso de haber cometido actos de corrupción ?

En segundo lugar me pregunto si no habría salido ganando Miquilena y también el país, si se hubieran podido completar las investigaciones en su contra para que todo quedara verdaderamente aclarado.

No sé… uno siente que han quedado dudas flotando en el ambiente. puede que no haya quedado demostrado con esa complicada prueba sobre las firmas, si Miquilena traspasó o no sus acciones de MICABÚ, antes de que esa empresa fuera favorecida por el contrato del CNE, pero hay demasiadas coincidencias. Su socio en esa empresa era Tobías Carrero, el mismo propietario de la empresa multinacional de seguros, a la cual Miquilena favoreció con una serie de contrataciones de pólizas para organismos del estado, como la PTJ.

No sé Lorenzo… dice el refrán que la mujer del césar no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo. también dicen que la vida de un hombre público es una vitrina, porque está constantemente expuesto a la opinión pública, al menos así debe ser y será por ahora, mientras no nos quiten el derecho a hacer estos comentarios por la radio.

Lorenzo Calcaño:

Amigos, cuando les hablo del actual descalabro institucional de la democracia de esta Quinta República, no sólo me refiero a las consecuencias de la dedocracia en el Consejo Electoral, me refiero también a lo que está sucediendo en PDVSA que ha perdido su capacidad de producción para atender los mercados internacionales, aunque haya aumentado el precio del petróleo mediante recortes que es otra cosa. Me refiero también a las consecuencias de la politización de nuestra fuerza armada. Me refiero a la superposición de autoridades en el estado Vargas que ha traído como consecuencia que sus habitantes continúen sus penurias. Me refiero a que el Congresillo se ha destapado a aprobar leyes de gran importancia nacional sin mayores análisis ni discusión. Marieta tiene mucho que decir sobre esto.

Marieta Hernández:

Bueno, yo lamento tener que decirle a nuestros oyentes, que la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones debió haber sido una buena noticia para todos, por lo que ella significa para la apertura de ese sector que incluye la telefonía, internet y los medios de comunicación, de radio y tv, a inversiones nacionales o extranjeras por miles de millones de bolívares, generando por supuesto, muchos empleos. Pero no lo es, porque la ley fue convertida en la más grave amenaza de las últimas décadas contra la libertad de expresión de los venezolanos, por obra y gracia del madrugonazo del congresillo que, como comentamos la semana pasada, introdujo a última hora dos disposiciones transitorias en la ley, los artículos 208 y 209 que establecen un poder discrecional del gobierno sobre la programación de la radio y la televisión e instauran un régimen de censura.

Y no es como insinuaba ayer el presidente, el deseo de defender los intereses comerciales de un sector, porque el derecho a la información y a la libre opinión no pertenecen a los medios ni a los periodistas sino al pueblo, a todos los venezolanos.

También nos decía el presidente que el gobierno necesita la facultad que le otorga el artículo 209 para situaciones de emergencia nacional, pero lo que allí se establece es en realidad una peligrosa facultad para que el ejecutivo suspenda cualquier transmisión en base a algo tan vago como el interés nacional u orden público y la seguridad. Por cierto esto contraría y viola otro artículo, el 337 de la Constitución Bolivariana en el cual se establece que: ni aún en estado de excepción se puede restringir la garantía referida al derecho a la información.

Ni tampoco es como el presidente, con su habitual estilo de manejar la información a su manera, anoche trataba de hacernos ver, que estos artículos cuestionados pretenden proteger a los menores, a la familia de la programación que, según CONATEL divulgan algunos canales de televisión a horas inapropiadas. Este propósito tan loable no puede ni debe justificar la censura.

Quizás por ahora, se aplicará esta ley con alguna cautela, estamos en campaña electoral, pero la puerta está abierta para utilizar la censura cada vez que convenga. Este camino lo han transitado otros países y conduce a la pérdida de su libertad que sólo se percibe cuando ya es demasiado tarde.

Ya algunos están en la mira, sino fíjense que ya se mencionó el programa justicia para todos, aunque ¡qué casualidad! el funcionario se equivocó y lo mencionó como primero justicia, el nuevo movimiento político de esos jóvenes que esta ganando tantos adeptos en algunos municipios.

Editorial radiofónico del programa: «Participando a tiempo»

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