Persecución Periodista
La libre expresión es uno de los derechos más fundamentales, ya que es esencial a la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. El no poder opinar libremente, denunciar injusticias y clamar cambios condena al hombre a la opresión. Por esto el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, tanto por gobiernos represores que quieren impedir cambios, como por personas individuales que quieren imponer su ideología o valores personales, callando a todo aquel que se le oponga. El Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Igualmente, el Articulo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos especifica que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” Hasta la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión -mejor conocida como la Ley Resorte o Ley Mordaza– y la Reforma del Código Penal, las limitaciones de la libertad de expresión en Venezuela se concentraban mas en las amenazas que en la practica y los medios de prensa y televisión operaban sin mayores restricciones. Todo comenzó a cambiar con la aplicación de las leyes, pero ningún periodista había sido arrestado por ejercer su profesión y pocos eran los procesos penales contra periodistas o demandas civiles que surtían efecto. Son muchos los periodistas que han sido demandados e imputado por criticar al gobierno de Chávez. Pero con la acusación en contra de Patricia Poleo (Premio Rey de España de Periodismo) como autor intelectual del asesinato del fiscal Danilo Anderson, el derecho fundamental a la libertad de expresión se vio violentado de manera inusitada, porque la periodista no estaba siendo acusada por sus opiniones sino por un crimen atroz basándose únicamente en el testimonio de un supuesto testigo cuyas credenciales son de proceder dudoso. Las presiones se han agudizado en los últimos años pero como Poleo se encuentra en la clandestinidad por no creer en la justicia venezolana, hasta la fecha ningún periodista había sido encarcelado, como lo ha sido Gustavo Azócar Alcalá (Premio Nacional de Periodismo), no sólo sin haber sido enjuiciado, sino minutos después de haber concluido un programa en donde revelaba información sensible sobre personeros leales al oficialismo, convirtiéndose en el primer periodista hecho preso por el régimen revolucionario. Según el Fiscal, Azócar se negaba a comparecer ante el Ministerio Público, para enfrentar la investigación por la supuesta comisión de los delitos de lucro ilegal en actos de la Administración Pública y estafa, por la contratación de publicidad de la Lotería del Táchira por Azócar cuando era coordinador general de Radio 1.060 AM, en San Cristóbal. El abogado de Azocar presentó las copias certificadas de sus asistencias ante la Fiscalía 23 de Táchira, pero como se trata de una decisión política y no jurídica, cuyo objetivo principal es cerrar su programa televisivo Café con Azócar para que no continúe con sus denuncias, no hubo argumento que pudiera con esa intención, y por ende Azocar fue recluido en el Centro Penitenciario de Occidente Santa Ana, junto con delincuentes comunes, por orden del juez Ciro Heraclio Chacón (Tribunal Séptimo de Control) quien ratificó su detención. Esta semana, la jueza Marilda Ruiz (Tribunal 45º de Control) envió a juicio a la periodista Marianella Salazar por la presunta comisión del delito de calumnia en perjuicio del vicepresidente ejecutivo, José Vicente Rangel, y el gobernador de Miranda, Diosdado Cabello, por afirmaciones hechas en su columna de opinión Artillería de Oficio del 11 y 17 de junio de 2003. Salazar reseño que Rangel y Cabello estaban involucrados en irregularidades administrativas en una negociación para la adquisición de radares, pero ninguno de los dos solicito su derecho a réplica, y jamás demostraron que sus afirmaciones fueran falsas. Según Salazar, el proceso judicial en su contra es “una forma de criminalizar la opinión cuando es crítica” y es JV Rangel quien está al frente de la investigación. La periodista Ibéyise Pacheco fue encontrada culpable en 2005 de difamar al coronel Ángel Bellorín y condenada a nueve meses de prisión, pero le fue suspendida la pena. Como en el Tribunal 17º de Juicio cursa otra acusación contra Pacheco por falso testimonio, la jueza 11ª de Ejecución, Belén Gamboa libró una orden de captura contra Pacheco. Según Pacheco, esta acusación representa “una escalada política de persecución judicial en contra de periodistas y medios de comunicación social para tratar de callar la verdad”. Es obvio que estas acciones tienen como objetivo principal intimidar, amedrentar y autocensurar a los periodistas, que no hacen mas que denunciar los atropellos de un régimen que se ha caracterizado por su falta de ética, poca moral, y desapego a la ley
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