Opinión Nacional

Persecución política a la venezolana

No puede ser una casualidad. Cada dirigente que se ha destacado en la lucha contra el régimen chavista ha sido amenazado, perseguido, encarcelado u obligado a exilarse.

Ningún dirigente opositor relevante o periodista crítico ha escapado de los epítetos de golpista, traidor o imperialista. Para el gobierno chavista y su jefe no existe algo llamado oposición democrática. El diálogo entre adversarios políticos ha sido totalmente desprestigiado desde el campo oficialista. Cuando ha tenido lugar, ha sido forzado por las circunstancias, como ocurrió en el caso de la Mesa de Negociación y Acuerdos, patrocinada por la OEA, que llevó al fallido referendo revocatorio de 2004.

Desde aquellos días, el régimen no ha vuelto a sentarse a discutir con la oposición. Aquella ilusión que veía en la participación en el fraude electoral continuado de diciembre pasado el primer paso para el reconocimiento de la oposición como interlocutor, ha sido destruida.

Ni siquiera fue tomada en cuenta en los días decembrinos la proposición de una amnistía general para los presos políticos. José Vicente Rangel, que antes de convertirse al chavismo hizo de la defensa de los derechos humanos su marca registrada, fue defenestrado de la Vicepresidencia antes que intentar algo por concretar tal medida.

Es paradójico, por decir lo menos, que un régimen presidido por un golpista que no llegó a ser juzgado y que, por lo tanto, no pagó condena, sea tan brutal en el acoso a quienes se le oponen. (Recordemos que Chávez se negó hasta declarar en el tribunal que investigaba su fracasada intentona hasta que Caldera lo indultara después de un poco más de dos años de prisión).

Hay presos como el general Uzón, quien fue sentenciado a cinco años tan sólo por explicar cómo funcionaba un lanzallamas. La justicia militar consideró que tal información, al darla en un programa de TV mientras se hablaba del asesinato de un soldado al que rociaron con gasolina y luego le aplicaron el lanzallamas en una celda de castigo, constituye ultraje a las Fuerzas Armadas. (Los responsables del asesinato no han sido sentenciados).

Se encuentran detenidos los comisarios Simonovis, Vivas y Forero a causa de los hechos del 11 de abril de 2002, cuando es conocido que como funcionarios de la Policia Metropolitana lo que hicieron fue proteger la millonaria marcha que sacó a Chávez del poder por 48 horas en abril de 2002. Mientras que quienes fueron filmados disparando a los manifestantes, han sido objeto de homenajes, incluyendo un esperpéntico monumento colocado en el puente desde donde vaciaron sus armas.

A quienes organizaron la huelga general de fines de 2002 y principios de 2003 se les ha perseguido sin descanso. Al presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, la justicia le dictó sentencia de 15 años de prisión. Una pena severísima, cuando a cada momento vemos cómo hay jueces que a alevosos asesinos les dan condenas de cinco años. Hoy, Ortega, después de haber escapado de una prisión militar, se encuentra en la clandestinidad para vergüenza del gobierno represor y como testimonio de la intolerancia imperante que no admite el derecho a huelga.

Por haber participado en la organización del paro están exiliados el ex-gerente petrolero Juan Fernández y el ex-presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández. Amenazados de recibir una condena como la aplicada a Ortega están lejos del país, resistiendo los intentos de ser extraditados por el mismo Estado que no ataca al malandraje ni a la guerrilla colombiana ni a la corrupción boliburguesa.

Hace poco fueron allanadas las oficinas del Comando Nacional de la Resistencia, organización que agrupa a quienes se negaron a participar en las elecciones de diciembre pasado. Las polícias política y militar no encontraron nada ilegal, pero se mantiene la amenaza de “sembrar” pruebas que comprometan a sus integrantes.

Eduardo Lapi, ex-gobernador del estado Yaracuy, se encuentra detenido entre peligrosos presos comunes a pesar de que tiene derecho a ser juzgado en libertad.

Ni el gobernador Rosales, quien diera el paso de presentarse en unas elecciones presidenciales en condiciones de total inequidad, se salva de las amenazas de un juicio. La razón no importa. Ahora la Asamblea Nacional se ha tomado atribuciones (mientras renuncia a legislar por año y medio) para administrar el presupuesto del estado Zulia, potestad irrenunciable de Rosales.

Ahora es Nixon Moreno, dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes, quien se ha visto obligado a entrar en la Nunciatura Apostólica en Caracas para solicitar asilo diplomático. Busca evadir un juicio amañado que tenga como finalidad ponerlo preso por unos cuantos años. Las acusaciones rocambolescas contra Moreno hablan de intento de violación de una agente policial mientras ocurría una protesta dirigida por él. Aunque la lógica más elemental contradice los señalamientos que hizo la policía, Nixon Moreno ha tenido que estar en la clandestinidad y acudir a la protección de la Iglesia católica.

El ensañamiento contra Nixon Moreno tiene una causa: su liderazgo dentro de los estudiantes. No por otra razón fueron suspendidas las elecciones en las que se anunciaba el triunfo de su opción para recuperar la presidencia de la Federación de Centros Universitarios. Una decisión intervencionista del Tribunal Supremo aplazó los comicios para permitir que un dirigente estudiantil gobiernero (contradicción escandalosa) continúe al frente de la FCU de la ULA.

No puede ser que todo opositor sea un delincuente. Tal persecución no se hace, como diría el mismo Chávez, al hablar del Poder Judicial, “a espaldas del líder de la revolución”.

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