Opinión Nacional

Poder de facto militar

Mientras el tte. Coronel se pasea con su corte de adulantes por todo el mundo estableciendo acuerdos con los «países amigos» para la compra de nuevos equipos militares, los venezolanos soportamos los efectos de un régimen autoritario, incapaz de controlar una criminalidad desbordada, y una inflación que carcome al salario de los venezolanos (la más alta de Latinoamérica). Que impulsa un capitalismo de Estado militarizado y corrupto que ha permitido una mayor explotación de los trabajadores (flexibilización laboral), así como el surgimiento de una «boliburguesía» producto del desvío de miles de millones de dólares en comisiones cobradas por destacados próceres del proceso (ministros, gobernadores, alcaldes y militares) a la sombra de la revolución (Guido Antonini Wilson y los 40 ladrones de la robolución).

Ante las innumerables protestas sociales y el temor de perder importantes regiones del país en la próxima contienda electoral del 23N, el Tte. coronel y su grupete han decidido profundizar la militarización de la sociedad mediante la aprobación (vía habilitante) de la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A través de este nuevo instrumento represivo se coloca al ciudadano común bajo la ordenanza militar y se institucionaliza la guardia pretoriana del Tte. coronel (milicia bolivariana) como un nuevo componente de la FAV-FANB. Acción política que ha contado con la solidaridad y apoyo de los felones del PSUV, de la Asamblea Nacional, y demás serviles con franela y boina roja que deambulan y reptan buscando siempre cómo agradar y complacer al amo.

A través de la puesta en práctica de esta bazofia jurídica el Tte. coronel se ha auto-impuesto el grado de Comandante en Jefe y ha decidido arbitrariamente la creación de cinco Regiones de Defensa Integral (Central, Llanos, Occidental, Oriental y Guayana), así como la designación de las autoridades militares para comandarlas. Además, esta Ley en su artículo 26 autoriza a las FANB a participar en el restablecimiento del orden público en sus jurisdicciones territoriales correspondientes. La imposición de estas nuevas autoridades (obviamente afectas al proyecto) persigue conculcar las funciones político-administrativas de los futuros gobernadores y alcaldes no afectos al oficialismo, así como crear nuevos instrumentos represivos para «pulverizar» al enemigo interno, entiéndase disidencia política. Con el ejecútese de esta Ley se promueve una mayor militarización de la sociedad (control social), así como la imposición de un poder de facto militar sin controles legales. Se involucra a la FANB en el mantenimiento del orden público interno, profundizado la violencia y creando un círculo vicioso de miedo y caos que pretende utilizar el líder del proceso para perpetuarse en el poder. En resumen, es la aplicación de la doctrina de la Seguridad Nacional puesta en boga por los gorilas militares del Cono Sur, maquillada con el nombre del «Nuevo Pensamiento Militar Bolivariano».

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