Opinión Nacional

Polémica Judicial

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"Tengo la certeza de que nada ha hecho más daño a las salvaguardas jurídicas de la libertad individual que la búsqueda de ese espejismo llamado justicia social".

Friedrich Von Hayek

OTRA PIFIA MÁS DE LA FISCALIA EN EL JUICIO CONTRA SIMONOVIS, VIVAS, FORERO Y LOS OCHO FUNCIONARIOS DE LA PM, PROCESADOS POR LOS SUCESOS ACAECIDOS EN CARACAS EL 11 DE ABRIL DE 2002.- El Ministerio Publico no da pie con bola en el juicio contra los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, y ocho funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), procesados por los sucesos acaecidos en Caracas el 11 de abril de 2002. Resulta que en su última declaración ante el Tribunal, el experto JESUS RAMIREZ MARTINEZ, adscritos al Órgano de Policía de Investigaciones Penales, Departamento de Planimetría, Cuerpo Técnico de Policía Judicial, y quién supuestamente “practicó” el levantamiento planimétrico donde ocurrieron los hechos, dijo que el proyectil que le produjo la muerte a Josefina Rengifo, una de las tres personas muertas que aparecen en este juicio, fue directo al tórax, asegurando que esa bala fue disparada por los policías. Con esta declaración Ramírez Martínez contradijo abiertamente la experticia Nº 3219 elaborada el 14/06/2002 por su colega ADOLORATA MARIA CASIMIRRE CARDINALE, adscrita al Departamento de Microanálisis del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien la presentó ante el Tribunal en la Audiencia Oral y Pública, en julio de este año. Estando legalmente juramentada, ella al rendir su testimonio dijo que en la experticia que realizó al proyectil que lamentablemente le quitó la vida a Josefina Rengifo, encontró adherencia de cemento y partículas minerales. Esto revela simplemente que antes de incrustársele en el cuerpo a la hoy occisa, la bala pegó en una pared y en el rebote, mató a la señora Rengifo. Evidentemente que el experto JESUS RAMIREZ MARTINEZ mintió, pues en el juicio ha quedado demostrado que los policías estaban a más de 450 metros de donde estaba la señora Rengifo, y las armas que cargaban (las HK) solo tienen una efectividad de 200 metros. La reacción de la defensa no se hizo esperar, solicitando se le abra un juicio por perjurio y falso testimonio al experto JESUS RAMIREZ MARTINEZ, a quién en pleno tribunal le dio un mareo, al saberse descubierto. Por cierto, este “experto planimétrico” Jesús Ramírez a la quinta semana de estar declarando “se enfermó” y con un reposo medico, se excusó de presentarse al tribunal. En anterior oportunidad hemos dicho que este personaje no sabe donde está parado y en sus inverosímiles declaraciones ha contradicho hasta la de los médicos forenses, la de los patólogos e incluso a los expertos en balísticas. En realidad Jesús Ramírez es dibujante de planos y de allí que esté perdido en el juicio, y como ven, la Fiscalía sigue pifiando, mientras que los órganos encargado de administrar justicia, entre ellos la Sala Constitucional, siguen violando la Constitución y el COPP al mantener preso por más de 3 y 4 años respectivamente a Simonovis, Vivas y Forero, y a los ocho funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), sin una sentencia aun.

LOS SANCIONAN PORQUE DIJERON LA VERDAD Y NO LO QUE LA FISCALÍA QUERÍA QUE DIJERAN.- Por quejas de la Fiscalía, la directiva del CICPC ordenó que se les abrieran averiguaciones a Deisy Olimpia Viges y Charle Arias. Estos funcionarios se negaron a decir la Fiscalía quería que dijeran en el juicio contra Iván Simonovis, ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor, Henry Vivas y Lázaro Forero, ex directores generales de la Policía Metropolitana de Caracas (PM) y ocho funcionarios procesados por del sucesos del 11 de abril de 2002, ocurridos en el centro de Caracas. Realmente ellos lo que dijeron fue la verdad, y ello certifica una vez más, la inocencia de los enjuiciados. La persecución con Deisy Olimpia Viges ha sido bestial, tanto que la desalojaron de la propia sede del CICPC.

EL JUEZ JUAN LUIS IBARRA ABUSA BAJO EL AMPARO DEL MAGISTRADO ELADIO APONTE APONTE.- Una jueza amiga nos llamó para decirnos que aunque no cree en brujerías ni en nada que se le parezca, ella piensa que la ex jueza, Miriam Josefina Pacheco Morales, cuando fue jubilada, le echó una maldición al Tribunal 8º de Control, pues ha sido casi imposible instalar allí un juez permanente, desde que aquella salió. Primero se encargó el suplente PEDRO LINARES, a quién el Presidente del Circuito Penal de Aragua, Juan Luís Ibarra le hizo una guerra para sacarlo, como en efecto lo logró. En su lugar colocó a Karina Gimón, quién no duró nada, pues su designación fue revocada, puesto a que la COMISION JUDICIAL restituyó a PEDRO ANTONIO LINARES. Una vez más apareció Ibarra y violando la disposición de la Comisión Judicial, se negó a juramentar a Linares. El conflicto fue tal, que EN LA SESION DE FECHA 20-09-2006, LA COMISION JUDICIAL DESIGNO a CARMEN LISBETH DELGADO OVALLES, como provisoria, EN SUSTITUCION DE PEDRO LINARES. Esta irregularidad parecía solventarse, cuando intempestivamente apareció otra designación, que dejó sin efecto la de la DELGADO OVALLES. Así es, EN SESION DE FECHA 17-10-2006, LA COMISION JUDICIAL ACORDO REINCORPORAR AL DR. NELSON ALEXIS GARCIA MORALES, COMO JUEZ TITULAR DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, EN VIRTUD DEL BENEFICIO DE JUBILACION CONCEDIDO A LA DRA. MIRIAM JOSEFINA PACHECO MORALES. Pues bien, el juez NELSON GARCIA vino a cumplir con su responsabilidad y el juez Juan Luís Ibarra le dio orden a la provisoria CARMEN LISBETH DELGADO OVALLES a que no le entregara el tribunal a su nuevo titular, negándose además a juramentarlo. Ibarra sostiene públicamente que hace eso bajo el amparo del Magistrado Presidente de la Sala Penal, Eladio Aponte Aponte. Si eso es así, tanto él como Aponte podrían ser enjuiciados por abuso de poder. Lo cierto es que en Aragua tienen un bochinche con ese tribunal, donde los detenidos son los afectados.

JUEZA PERMITIO FUGA DE UN HOMICIDA DE ALTA PELIGROSIDAD.- Tremendo lío está armado en el Palacio de Justicia del estado Aragua, debido a que la jueza del Tribunal Sexto de Control, Emperatriz del Pilar Díaz Nadal, otorgó indebidamente una cautelar (libertad condicionada) a un sujeto de alta peligrosidad, procesado por homicidio, y este se fugó. El caso está en manos de la Fiscalías Novena.

MAGISTRADO DEL TSJ FUE REQUERIDO EN 1996 POR EL DELITO DE ESTAFA AGRAVADA.- Fernando Vegas Torrealba, C.I Nº 3.229.557, quien actualmente se desempeña como Magistrado de la Sala Electoral, y a quien todos en el TSJ llaman “el policía” podemos informar que se desempeñaba en la DISIP como personal administrativo, en el área de análisis. Posteriormente lo ascendieron a Comisario General y a la vez lo designaron como director de educación de ese cuerpo de seguridad. Ese acelerado crecimiento laboral obedeció a que el mismo se dedicaba a congraciarse con el director que se encontraba para aquel momento, CNEL (Ej.) RODRÍGUEZ TORRES. Este oficial fue el mismo que lo vendió como un profesional brillante para que Luís Velázquez Alvaray lo ingresara al Tribunal Supremos de Justicia, nada menos que como Magistrado de la República Bolivariana de Venezuela; pero esto no es todo sobre el mencionado “policía”, sino que hay mucho más: En fecha de 13/11/1996, según oficio Nº 4275, fue requerido por el Tribunal 23 de Primera Instancia Penal del área metropolitana de Caracas por el delito de estafa agravada. Por extrañas razones esa solicitud de captura fue dejada sin efecto. Ahora bien, dicha información aparecía en el sistema CISPOL del CICPC, y por eso hay copia, pues fue excluida del sistema. Una fuente nos dijo que esa exclusión la logró Vega cuando laboró en la DISIP, sin embargo el crimen no paga y por encima de todas las influencias, logramos la información. A pesar de esto y de que en el artículo 7 de la Ley del TSJ se establece que para ser Magistrado se requiere: “1. Ser ciudadano o ciudadana de conducta ética y moral intachables;… 4. No haber sido sometido a procedimiento administrativo o sancionatorio ni a juicio ni haber sido condenado mediante el correspondiente acto o sentencia definitivamente firme;…”, allí está Vega de Magistrado.

JUEZA PENAL ACOMPAÑÓ A SUIZA LA IMPUTADA ESTHER BIGOTT, A ATENDER UNO DE LOS JUICIOS POR LOS BONOS DE BANDAGRO.- La jueza 22 de Control de Caracas, Marta Gomis, estuvo el jueves 12 de octubre pasado en el tribunal de primera instancia civil y mercantil en Mendrisio Sur, Suiza, cuando se celebraba una audiencia en el juicio del caso de los bonos de Bandagro. La jueza acompañaba a la abogada Esther Bigott de Loaiza apoderada de la Procuraduría General de Venezuela e imputada por el Ministerio público por delito de inducción a la corrupción de funcionario público. Esta jueza trabaja privadamente en el referido caso con el bufete Bigott Loaiza. ¿Será que ahora con la Revolución los jueces pueden ejercer privadamente y además viajar al exterior, cuando les provoque, sin permiso, estando en plenos días de despacho? Otro tema a aclarar es de donde obtuvo la jueza los viáticos para tan costoso viaje, que para una sola persona, por cuatro días, alcanzan cerca de treinta millones de bolívares, acaso se los pagó la Procuraduría, o el pago vendría de parte de la ya imputada abogada? Por ante los tribunales de Suiza se ventila el conocido caso de los bonos de Bandagro que fueron reconocidos por el Ministerio de Finanzas cuando Tobías Nóbrega, y luego por la Procuraduría General de la República a cargo entonces de Marisol Plaza. Resulta que ésta señora contrató al bufete de su amiga íntima Esther Bigott de Loaiza por una multimillonaria cifra en dólares, y seguidamente le otorgó un Poder a dicha abogada y a los demás miembros de su bufete para que atendiera el caso. A su vez la Bigott le otorgó poder a dos abogados extranjeros, uno de Italia y otro de Suiza, para que representen a la República en dicho juicio, y con tales poderes se presentaron a contestar las demanda. Según la Ley de la Procuraduría para que se le confiera poder a abogados extranjeros se necesita la previa autorización del Presidente de la República, lo cual no se hizo. Esther Bigott de Loaiza, sin esa autorización firmó el poder, y por esta razón los demandantes están alegando que la República no está válidamente representada, que hay un vicio de ilegitimidad por la falta de consentimiento presidencial. Este argumento es sólido, a nadie se le permite representar a otro en juicio sin un poder válidamente otorgado, lo más probable es que la República sea declarada confesa por esta mala actuación del dúo Marisol Plaza-Esther Bigott, y ese error le costará a la República miles de millones de dólares. De lo anterior quedan varias interrogantes: 1.- ¿Es éticamente admisible que la República esté representada por Esther Bigott de Loaiza, una abogada que está imputada por el Ministerio Público como autora de un delito de corrupción? 2.- No es otro acto de corrupción de la abogada Bigott que esté cargando con ella, en viaje de primera clase y hoteles cinco estrellas, a una jueza penal activa y pagándole los gastos de viaje a Suiza como es el caso de la jueza 22 de Control de Caracas Martha Gómis? 3.- ¿Qué negocio hay entre Esther Bigott de Loaiza-Marisol Plaza y el Ministro de Finanzas Nelson Merentes que es quien manda a pagar millones de dólares de honorarios para esta pésima defensa? 4.- ¿Porqué la nueva Procuradora Gladis Gutiérrez Alvarado está apoyando a Esther Bigott de Loaiza en la metida de pata de ésta de firmarle poder a abogados extranjeros sin autorización previa del Presidente de la República, será que no sabe lo que hace, o que la incluyeron en el guiso? 5.- ¿El Presidente de la República sabe y consiente este desastre?.

PASAN A JUICIO A POLICHACAO POR COSCORRONES Y ATROPELLO A EX PRESIDENTE DE BANCO. En Audiencia Preliminar, el Juez Decimosegundo de Primera Instancia en Funciones de Control admitió acusación y ordenó el pase a juicio en contra de los funcionarios de la Policía de Chacao que golpearon y esposaron al banquero Eligio Cedeño, ex presidente del Banco Canarias, hoy Presidente del Banco Bolívar. El banquero compareció personalmente a la audiencia acompañado con el abogado que le manejan estos casos menores, Reinaldo Gadea Pérez, quién fuera defensor del ex Presidente Carlos Andrés Pérez. Después de varios años por fin la víctima empezó a ver la luz de la justicia, ya que, como es sabido desde hace un largo tiempo no veía luz en los tribunales penales.

LA SALA CONSTITUCIONAL VIOLA LA CONSTITUCIÓN.- La señora Margarita Bianchi de Aché, propietaria y residente de la quinta Margabel en El Llanito, Caracas, la misma donde aparecen registrados cerca de dos millones de electores, en fecha 27 de julio 2006 le pidió formalmente por escrito al CNE que le suministrara el listado de las referidas personas que, según denuncia pública, tienen a su casa como domicilio electoral. El Órgano Electoral no le contestó, y en fecha 5 de octubre de este mismo año la señora introdujo una demanda de amparo por ante la Sala Constitucional reclamando la omisión de información y pidiendo que la Sala le ordene al CNE dar la debida respuesta. El único tratamiento que le han dado al amparo ha sido la designación del ponente en la persona del magistrado Francisco Carrasqueño, pero hasta el sol de hoy no hay pronunciamiento sobre la admisión, ni mucho menos sobre fijación de la audiencia, en cambio, el PPT demandó el 24 de octubre 2006 un amparo similar, y ya a los tres días, el 27 de octubre, se lo admitieron y le fijaron la audiencia que ya se celebró también. ¡Que rápida la Sala Constitucional para resolver los asuntos de los partidos del gobierno, y que lenta para resolver los de los ciudadanos comunes! La familia que habita en la quinta Margabel está urgida de que se corrija el ilícito electoral que le involucra y en que nada tienen que ver, sienten la repulsa de los vecinos que los creen partícipes de la maniobra, hasta se han producido pintas en sus paredes, pero la Sala está sorda, ciega y muda para la familia de la quinta Margabel, más no así para el PPT. ¿Y donde quedó el principio de la igualdad ante la ley?.

QUEJA CONTRA PROFESOR DE POSTGRADO.- Varias llamadas hemos recibido de abogadas que gracias a un convenio entre una universidad nacional y el Colegio de Abogados del Estado Aragua, hacen en la actualidad un postgrado en la sede del Instituto de Estudios Jurídicos Dr. Carlos Alberto Taylhardat, debido a los abusos de un profesor que, según afirman, practica la operación colchón. Nos han suministrado el nombre, pero estamos profundizando la investigación para ofrecer una mejor información. Se trata de un profesor que fue botado de la UBA por actos indecorosos. El Presidente del Colegio, Rosalino Médina debe tomar cartas en el asunto.

¿LA NUEVA PROCURADORA YA ENTRÓ EN EL GUISO? El Presidente Hugo Chávez destituyó a Marisol Plaza de la Procuraduría General por su actuación en relación a los famosos bonos de Bandagro, y en su lugar designó a Gladys María Gutierrez Alvarado, quien ahora está dedicada a defender ante los tribunales de Suiza y de USA todo lo que hizo su antecesora. Pues resulta que ahora la nueva Procuradora dice que la Plaza obró muy bien cuando reconoció los bonos y que igualmente hizo bien cuando se retractó. Que también hizo muy bien cuando le dio poder a la abogada Esther Bigott de Loaiza, imputada por el Ministerio Público bajo cargos de instigar a la corrupción de una jueza penal, y que también esta abogada imputada hizo muy bien cuando usurpando las atribuciones del Presidente de la República le otorgó poderes a abogados extranjeros. Seguramente a la nueva Procuradora le parecerá muy bien el contrato que por cien millones de dólares le dio Marisol Plaza a la Bigott. La gran pregunta a la Presidente Chávez es: ¿Y entonces, porqué botó a Marisol si todo lo estaba haciendo bien? No entendemos, pero presumimos que ya la nueva Procuradora podría haberla metido en la gran olla donde se montó tamaño guiso en contra de la Republica. ¿No cree?.

JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ ZAMBRANO ES UN JUEZ COMPROMETIDO CON LAS CONDUCTAS DELICTUALES DE ALGUNOS BANQUEROS. El Juez Suplente especial del Tribunal Superior Segundo en lo Civil del estado Lara, José Antonio Ramírez Zambrano, asentó una jurisprudencia, contraviniendo totalmente la del Tribunal Supremo de Justicia, en un juicio sobre esa usura que se denomina créditos indexados. El caso concreto se refiere a la causa: KP02-R-2.006-000811, donde el referido Juez Ramírez Zambrano, pisoteando una decisión de la Sala Civil del TSJ, no solo decidió arbitrariamente contra el demandado José Alberto Pinto Orozco, C.I Nº 7.385.367, sino que además le vulneró todos sus derechos constitucionales, y procesales al negarle sin explicación alguna, el legitimo derecho de acudir ante la instancia casacional. Declarando que “la apelación es inexistente”, se negó a oír la apelación vía natural. Cuando Pinto Orozco planteó irse por la vía de hecho, también dijo: ¡NO tienes derecho! Con esa actuación arbitraria el referido juez le permite a Central Banco Universal, practicar la usura contra sus clientes. Como se sabe, los créditos indexados no solo han sido calificados de ilegales por el TSJ, sino de delictuales, e incluso se ha enmarcado la conducta de los jueces, que han alcahueteado esas vagabunderías, como causal de destitución. ¡Claro! JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ ZAMBRANO, es un juez comprometido con los intereses de ese tipo de banqueros, a quien le alcahuetea sus conductas delictuales.

¿QUÉ ALGUACIL ES ESTE? Jonathan Acosta, quién funge de alguacil laboral en el estado Lara presenta una conducta impropia, cuando presta sus servicios a un conocido bufete de Barquisimeto, que por cierto tiene una muy buena cartera de clientes, que son empresarios y que tienen sus empresas en las tres zonas industriales de Barquisimeto. Al Alguacil Acosta lo ven todas las tardes pegado a un teléfono, rindiéndole cuantas al referido bufete sobre todas las causas que llevan contra los trabajadores. Él Alguacil Jonathan Acosta es además estudiante de derecho y cantante del “Grupo Bahareque” y se rebusca vendiendo la información de los juicios, donde los trabajadores, más que afectados, son victimas. La DEM tiene la palabra.

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