Polémica jurídica
“El hombre libre es aquel que no está en grilletes ni en prisión, ni aterrorizado como esclavo por el miedo al castigo. No es falta de libertad no poder volar como un águila o nadar como una ballena”
Claude Adrien Helvetius
Filósofo francés
¡PODREDUMBRE JUDICIAL! JUEZ Y ESCABINOS FUERON SOBORNADOS PARA ABSOLVER A 14 FUNCIONARIOS DEL CICPC ACUSADOS POR TRÁFICO DE COCAÍNA. El Ministerio Público informó que investiga un presunto caso de soborno que compromete a los miembros del Tribunal Mixto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial del estado Bolívar, quienes a cambio de dinero debían favorecer a 14 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, acusados por traficar 2,5 toneladas de cocaína. El fiscal 57 nacional con competencia en Salvaguarda, Luís Abelardo Velásquez, fue comisionado para verificar una denuncia en relación al supuesto pago de 300 millones de bolívares que recibirían los dos escabinos y el juez que integran el tribunal mencionado. Los primeros debían dictar sentencia absolutoria a favor de los acusados, mientras que el magistrado salvaría su voto en el juicio oral y público, previsto para comenzar el 27 de junio. No obstante, la gravedad de la denuncia formulada ameritó su diferimiento hasta tanto el Ministerio Público proceda con la recusación y se constituya una nueva instancia que conozca del caso. La identidad del denunciante se mantiene en reserva a los fines de proteger su integridad física. Sin embargo, el Ministerio Público puede dar fe de la confiabilidad y honestidad de esta persona, circunstancia que justificó la apertura de una averiguación. La investigación se inició el 8 de diciembre de 2005, luego de que efectivos pertenecientes al Teatro de Operaciones Nº 5, decomisaron 13 bultos de cocaína. La droga se hallaba en el interior de dos vehículos tripulados por agentes de la División Nacional de Investigaciones Contra Drogas del CICPC, quienes informaron que la misma procedía de un procedimiento efectuado en el fundo Los Apamates, municipio Cedeño del estado Bolívar. Los militares se trasladaron al lugar, en donde hallaron cocaína oculta en depósitos y aprehendieron a 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana. Los fiscales a cargo, 27 y 3º nacionales, y 5º de Bolívar, Antonio Denis, Marcos Alvarado, y William García; examinaron las actas levantadas al concluir el operativo policial y detectaron algunas inconsistencias que ponían en tela de juicio la credibilidad de los documentos. Entre otras irregularidades, no constaba la presencia de testigos ni la notificación del procedimiento al Ministerio Público, requisito de obligatorio cumplimiento para el inicio de cualquier investigación de orden penal. En consecuencia, procedieron a imputar al grupo de funcionarios por el presunto delito de transporte ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 31, en concordancia con el 46 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Los colombianos por su parte, serán juzgados por el delito de ocultamiento de drogas.
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AUDITORIA INTERNA HA REVELADO SOBREPRECIOS EN EL CASO VELÁZQUEZ ALVARAY.- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Omar Mora Díaz, informó que a más tardar, en la primera quincena de este mes de julio, se firmará un convenio con el Ministerio de Educación Superior para transformar la Escuela Nacional de la Magistratura en Universidad Judicial “y de esa manera buscar un mayor nivel de excelencia académica en la formación y capacitación continua de los jueces para cada día fortalecer aun más la autonomía, independencia y excelencia del Poder Judicial venezolano”. También indicó que luego del proceso de evaluación institucional que se hizo del Poder Judicial fueron removidos cerca de 400 jueces, pero que si se había cometido alguna injusticia y algún juez fue removido injustamente “tiene derecho a pedir reconsideración y nosotros estamos en la obligación de estudiar caso por caso y si efectivamente hay una injusticia repararla”. Destacó que hay aproximadamente 50 peticiones de reconsideración en ese sentido.
-¿Cuáles fueron las denuncias básicas de estos jueces removidos que ahora piden reconsiderar sus casos?
“Afortunadamente con respecto a la cantidad de jueces removidos el número de reconsideraciones es pequeña, la mayoría alega que no existían razones fundadas para ser removidos, hay que investigar entonces si es verdad o mentira, lo que si podemos decir es que aquel juez que haya sido removido porque no cumple con su horario de trabajo, porque no es responsable, porque le revocan las sentencias, porque es corrupto, obviamente que no será reconsiderada la medida, pero si es un juez que llega temprano, cumple con su trabajo, es honesto, que no se le revocan las sentencias y fue removido simplemente por capricho, hay que darle la razón y declarar con lugar su recurso de reconsideración. Eso lo va a hacer las Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. El Magistrado también fue consultado sobre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República solicite la extradición de Luis Velásquez Alvaray, al respecto recordó que el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal “y ella dentro de sus competencias tiene perfecta facultad de investigar para imputar a una persona si es responsable o se presume responsable de la comisión de un hecho punible, yo creo que esas atribución le corresponde al Fiscal y nosotros respetamos la autonomía e independencia de los Poderes y por supuesto que celebramos como positivo que el Ministerio Público sea un instrumento eficaz en la lucha contra la impunidad”.
-¿Qué ha sucedido con la auditoria que estaban haciendo de la gestión del entonces magistrado Velásquez Alvaray?
“Esa auditoria continua. Nos han llegado informaciones parciales de la Auditoria Interna del Poder Judicial, esas informaciones parciales las estamos remitiendo a la Fiscalía General y a la Contraloría General de la República para que establezcan la responsabilidad a que haya lugar.” Seguidamente explicó que la auditoria interna ha revelado sobreprecios, pero recalcó que “serán los organismos competentes los que establezcan las responsabilidad a que haya lugar”, además fue enfático al asegurar que “no podemos permitir que esa desviación que se cometió vuelva a repetirse, más nunca vamos a permitir que eso vuelva a repetirse”.
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PODER JUDICIAL DISPONE DE TOTAL PRESENCIA EN INTERNET.- Aún que una mayoría de jueces se niegan a entregar sus decisiones para que sean publicadas en la pagina que se ha dispuesto en cada región, el Tribunal Supremo de Justicia enmarcado en el Proyecto Regiones, inauguró el portal regional del área metropolitana de Caracas, hecho este, que según los promotores del proyecto, consolida la excelencia del sitio en Internet del Poder Judicial el cual reúne de manera digital toda la jurisprudencia nacional. TSJ Regiones es una herramienta desarrollada por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia que permite a los juzgados del país disponer de un espacio en Internet, que ofrece a los usuarios un reporte completo de las decisiones diarias, así como audiencias, gestión judicial, noticias, eventos, jurisprudencias y directorio judicial, entre otros servicios. El presidente del Máximo Tribunal, magistrado Omar Mora Díaz señaló que gracias a este proyecto se fortalecer el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual señala la importancia del acceso de la justicia y la transparencia de los procesos, además destacó que el objeto de estas páginas regionales es ampliar la participación ciudadana y democratizar la información judicial. Asimismo recordó que el Tribunal Supremo de Justicia fue el primer ente judicial en abrir un canal de comunicación directa y permanente con la comunidad nacional e internacional, a través de la dirección electrónica www.tsj.gov.ve y destacó que “cualquier ciudadano de cualquier país, o desde cualquier ciudad de Venezuela, podrá, conectándose a Internet, conocer en forma fácil y oportuna la gestión judicial que realizan los tribunales y los jueces de cada región”, dijo Omar Mora Díaz. El máximo representante del Alto Tribunal informó sobre la actuación del país en la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en República Dominicana, evento el cual participan los Poderes Judiciales de los veintidós países de Iberoamérica, incluyendo a los Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia al igual que los máximos responsables de los Consejos de la Judicatura de cada país. El objetivo principal de esta organización es el de promover la “adopción de proyectos y acciones concertadas” para el fortalecimiento del Poder Judicial en la región y por extensión, el sistema democrático de nuestros países. Destacó que durante este encuentro internacional “fuimos certificados oficialmente como el segundo Tribunal Supremo más moderno de Iberoámérica, el primero es Brasil el cual nos lleva apenas tres centésimas. Duplicamos a países como España y Portugal, a los que les llevamos casi el doble, lo cual habla de la profundidad del proceso de transformación del Poder Judicial que estamos liderizando en el Tribunal Supremo de Justicia”.
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TSJ BAUTIZÓ LIBRO SOBRE MEDIACIÓN LABORAL.- El TSJ bautizó una nueva publicación intitulada «Mediación Laboral», que recoge una serie de ponencias sobre la materia y que fue recopilado por el magistrado vicepresidente de la Sala Social, Juan Rafael Perdomo. El libro fue presentado en el auditorio principal del Supremo por el presidente del Alto Tribunal, Omar Mora Díaz y comentado por el autor, quien resaltó la importancia de la publicación que trata sobre los medios alternos de solución de conflictos y en especial sobre el principio de la mediación, tal como están planteados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El acto también contó con la asistencia de los magistrados Evelyn Marrero Ortíz, (presidenta de la Sala Político-Administrativa); Héctor Coronado Flores (vicepresidente de la Sala Penal); Alfonso Valbuena Cordero (Sala Social); Deyanira Nieves Bastidas (Sala Penal); Luis Ortíz Hernández (Sala Civil); Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez (Sala Social); Cándido Pérez Contreras, Gerente General de Administración y Servicios del TSJ y el Gerente de Informática y Telecomunicaciones, Orlando Sanz.
El magistrado presidente del Alto Tribunal resaltó no sólo la labor jurisprudencial y académica de su colega sino que hizo mención especial a la Fundación Gaceta Forense, que hasta el momento ha publicado más textos legales que todas las universidades del país, convirtiéndose en una referencia obligada para los estudiantes, profesionales del derecho, y en general para todo el foro judicial.
Por su parte, el magistrado Juan Rafael Perdomo, agradeció a cada uno de los expertos que colaboraron para la publicación del libro, entre ellos a Juan Tausk, presidente del Foro Mundial de Mediación; Mireya Rodríguez, delegada del Foro Mundial de Mediación; María Muñón y Santiago Arconada, de los equipos multipartes a nivel gubernamental; Yuri Buaiz, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); igualmente a Alexandra Freitas del Consorcio Justicia Mediación Familiar; Georgina Morales, Universidad Central de Venezuela, Profesora Mediación Empresarial; Bernardo Galavís, del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, Director de Mediación Educativa; Maria Emilia López, ONG Fortalecer la Paz Mediación Política; José Virtuoso, Estudios Políticos del Centro Gumilla, Coordinador Mediación Gremial; y Nelly Cuenca, del Colegio de Abogados del estado Lara, Centro de Mediación, presidenta. En unas breves palabras de presentación, el magistrado Juan Rafael Perdomo, destacó la importancia de la mediación, como proceso en el que las partes involucradas en una controversia, confían a un tercero la posibilidad de resolver la misma. Igualmente indicó que los Medios Alternos de Resolución de Conflictos, tal como están planteados en la Carta Magna, forman parte del sistema judicial y están en concordancia con los artículos 257 y 258, fortaleciendo el ordenamiento jurídico, pues se fundamentan en la oralidad como principio procidimental, la concentración y la publicidad.
