Polémica jurídica
“La justicia es gratuita;
lo que cuesta son los medios de llegar a ella”
Eugenio Brieux
LA IMPUNIDAD Y EL BANQUERO CONSPIRADOR.- Continúa el Consorcio Micro Star, C.A., haciendo de las suyas con los dólares de Cadivi, a través de un tinglado de empresas de familiares y amigos. Nos informan que Gustavo Arraiz sigue con su Cadivi paralelo haciendo importaciones fantasmas de equipos de computación, con el agravante que los containeres ahora vienen directamente de China subfacturados, es decir, que sigue invirtiendo en bolívares y ganando groseramente en dólares. Como se sabe, sobre delitos cambiarios y legitimación de capitales se ha detectado que varias empresas han sido reportadas ante el Ministerio Público porque han cometido gravísimas irregularidades. En reiteradas oportunidades y hasta en la Asamblea Nacional se ha citado el nombre de Arraiz, sobre quién se ha dicho que ha hecho operaciones por cantidades superiores a los cien millones de dólares. Recordó que los montos superiores a un millón de dólares tienen que pasar por el directorio de Cadivi y tienen que tener un respaldo en bolívares ante el operador cambiario, un banco o una compañía de seguros que hacen la fianza y aparecen como garantes ante Cadivi. Las técnicas utilizadas, según han explicado quienes lo han investigado, son las importaciones fantasmas. Obtienen los dólares preferenciales en Cadivi, los cambian en bolívares en el mercado secundario y obtienen grandes ganancias., En el caso que nos ocupa, también aparece involucrados un grupito de banqueros, compañías de seguro y casas de bolsa, pero resulta que el caso está en metido en un “congelador” de la Sala Penal del TSJ, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Fiscal General de la República para que se imponga la justicia; tanto que por este caso, el propio Isaías Rodríguez en rueda de prensa ofrecida el 14 de febrero de 2006 declaró: «Si quiero señalar que no hay intocables en el Ministerio Público: José Benigno Rojas, fue destituido por negligencia, en una investigación muy importante de salvaguarda donde estaban en juego 27 millones de dólares, ese planteamiento lo va a tener el organismo como guía y emblema para todas las actuaciones». El Fiscal Rodríguez ha dicho en privado que el colmo en este asunto, es que “uno de los banqueros involucrados en este escandaloso caso, no solo ha financiado a conspiradores, sino que también ha aportado recursos económicos para preparar atentados contra mi vida”, además que posee actualmente una casa de bolsa y está a punto de lograr la bendición del gobierno para montar su banco particular, por ello ha dicho en varias oportunidades: “le veré el hueso a esta investigación”. La pregunta es: ¿Qué va hacer el Magistrado Eladio Aponte Aponte, Presidente de la Sala Penal del Alto Tribunal con esta papa caliente?, sobre todo porque él conoce la causa por avocamiento. Esto se pone interesante.
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CUATRO BUENOS NOMBRES PARA LA PRESIDENCIA DEL CIRCUITO PENAL DE CARACAS.- Se da por descontada la salida de la abogada Belkis Cedeño de la Presidencia del Circuito Penal de Caracas y a pesar de que la pelea es dura entre los miembros de la Sala 7 de la Corte de Apelaciones de Caracas, Samer Richani y Orangel García, para descamburar y sustituir a Cedeño, hay otros jueces con credenciales y capacidad para ocupar ese cargo. Hemos hecho una breve encuesta entre jueces y litigantes y coinciden en los nombres de César Sánchez, Clotilde Condado, Mario Popoli y Jesús Ollarve, para ascender a la Presidencia del Circuito Penal. La decisión está en manos de la Sala Penal del TSJ. No debe haber equivocación en este sentido si la intención real es depurar.
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SENTENCIA LABORAL INHUMANA. Julio Cesar Sandoval, ingresó a trabajar en el año 1978, como amasador, y cuando a penas contaba con 14 años de edad, para la empresa, Espiga de Oro S.R.L, a la que posteriormente le cambiaron el nombre por Galletera La Espiga de Oro S.R.L., y finalmente por Repostería La Espiga de Oro, C.A. En ese cargo de amasador permaneció durante siete (7) años, es decir, hasta el 23 de febrero de 1.985, cuando lamentablemente la máquina de amasar le trituró cuatro dedos de la mano izquierda. Para el momento de ese terrible accidente el trabajador contaba apenas 21 años de edad. A consecuencias de las lesiones, le sobrevivo una necrosis (gangrena), por lo que sucesivamente le fueron amputando sus dedos, en este orden: índice y medio, anular y meñique. Los médicos tratantes le practicaron siete intervenciones quirúrgicas, siendo las últimas la extracción de tejido del abdomen, para injertar en la mano amputada y detener el avance de la necrosis y de esa forma detener las amputaciones. Una vez surgido el tejido sano, el injerto le fue retirado y se le resuturó en el abdomen, situación ésta que le originó extensas e impresionantes cicatrices. Estas cirugías le desfiguraron el cuerpo al trabajador. A los tres meses y con cuatro dedos de su mano izquierda menos, el trabajador se reincorporó a sus labores, donde el patrono lo recibió y le asignó el cargo de horneador, además que prometió en reunión convocada por él mismo y la que asistieron el resto de los trabajadores de la empresa, que “Julio César tendrá trabajo de por vida en su empresa”. Esa promesa la cumplió el patrono hasta el día 28 de Agosto de 2001, cuando bajo engaño lo despidió. Ya para ese momento Julio César Sandoval había cumplido sus 38 años. A pesar de sus veintitrés (23) años, cinco (5) meses y cinco (5) días de trabajo ininterrumpido y el accidente sufrido, el patrono solo le pagó al trabajador novecientos mil bolívares (Bs. 900.000,00) por concepto de prestaciones sociales. Desconcertado frente a tamaña injusticia, el trabajador no tuvo más opción que demandar al patrono, dentro del lapso de un año que señala el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, para el cobro de sus prestaciones sociales y el Daño Moral, con fundamento al Informe del Médico Legista adscrito al Ministerio del Trabajo del estado Aragua, de fecha 09 de agosto 2002, cuando determinó legalmente la incapacidad parcial y permanente que hoy padece el trabajador (eso dentro de los dos años que señala la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y el artículo 62 LOT y en los artículos 89 numeral 1 y, 94 in-fine de la Constitución del 99). Los Tribunales del Trabajo, el de Primera instancia sentenció (Exp. 10.536-02) el 15/03/2006 la prescripción de las acciones, con respecto al cobro de las prestaciones sociales y de la acción por daño moral, y el Tribunal Superior, (Exp. Nº 15.488) confirmó el 02/06/2006 esa inhumana sentencia (ambos del Régimen Procesal Transitorio del Estado Aragua). Ahora la esperanza del trabajador está en los Magistrados de la Sala Social del TSJ, a donde el caso acaba de subir. Realmente en este caso, los jueces de instancia perdieron una brillante oportunidad de producir una sentencia humana y ejemplarizante, sobre todo porque la Constitución establece que “El Estado establecerá, a través del órgano competente, la responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en general, en caso de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral”.
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LLUEVEN DENUNCIAS CONTRA LA REGISTRADORA MERCANTIL DE CALABOZO, CARMEN CRISTINA ACOSTA MONTES. En nuestra mesa de trabajo ya no caben más denuncias contra la abogada Carmen Cristina Acosta Montes, quién ejerce la titularidad del Registro Mercantil III del Estado Guarico, con sede en Calabozo. Sostienen los afectados que con su conducta, la abogada Acosta Montes le causa un daño terrible a la imagen de esa Oficina Pública. Sostienen que ella dirige ese despacho como si fuese de su propiedad e incluso la mayoría del personal que labora en ese Registro Mercantil son sus familiares más cercanos, es decir, que allí impera el nepotismo. Cuando los usuarios le exigen respeto y consideración, ella se burla, y cuando la amenazan con denunciarla, ella se ríe a carcajadas y dice: “háganlo que yo en este gobierno tengo quien me proteja. Vayan para que vean que sus denuncias no prosperarán.” Tal por eso y ante tantas denuncias, hasta ahora no la han podido destituir. Ese “padrino” en el MIJ le ha permitido estar al frente del Registro desde el año 1997. Nos informan que Carmen Cristina Acosta tiene una muy fructífera trayectoria como dirigente de Acción Democrática, tanto que fue el entonces dirigente adeco Antonio Ledezma, quién ordenó que le crearan ese Registro para su amiga en Calabozo. Entre las denuncias contra esa Registradora Mercantil es que no cumple con su horario de trabajo, es decir que no va casi nunca a su puesto de trabajo y la abogada Rosa Pérez, quien ejerce las funciones de Revisora, cada vez que se requiere la presencia de la titular, procede a localizarla vía telefónica. Luego de hablar con ella la justifica, apaciguando a los molestos usuarios, diciéndoles: “espere o regrese mañana. Segurito que mañana si estará aquí”. También sostienen que ella obliga a las personas a cambiar el contenido de los documentos que se presenta por ante ese Registro, como actas de Asambleas, solicitudes, alegando hechos sin fundamentación legal alguna. La verdad es que lo hace para poder cobrar elevadísimos gastos de registro y eso molesta en extremo a los usuarios. Otra de las denuncias contra la Registradora Carmen Cristina Acosta Montes, es que cobra “gastos de registro”, los cuales exige se paguen en efectivo en la taquilla del su despacho, pero una vez cancelados éstos, se niega a Registrar dichos documentos y cuando se le solicita la devolución del dinero pagado, debido a que no fue registrado el documento, ésta se niega a reintegrarlo, negándose además a explicar esa apropiación indebida. El Ministro Jesse Chacón tiene la palabra.
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OMAR MORA PIERDE APOYO EN EL TSJ.- Es evidente en el TSJ que en la Sala Plena el Magistrado Omar Mora ya no tiene mayoría, y menos desde todo el escándalo denunciado por el hoy defenestrado magistrado Luís Velázquez Alvaray, en el sentido de que para hacer la súper cerca (reja doble T) como la llama y que ahora convirtió al Templo de la Justicia en una Fortaleza impenetrable, no hubo licitación alguna. Se afirma que esa súper cerca cuesta alrededor de dos mil millones de bolívares (Bs. 2.000.000.000, oo) En el TSJ se comenta que el contrato para hacer dicha cerca lo tiene un cuñado del propio Presidente Mora de apellido Centeno ¿Entonces? ¿La salsa que es buena pal pavo no es buena pa’ la pava? A los Centenos los llaman los pimentones, porque están en todos los guisos. Allí todos se preguntan: ¡Qué poder el de Marisol Centeno de Mora!
