Opinión Nacional

Polémica jurídica

«Meno mal hacen los delincuentes, que un mal juez. Un juez inicuo es peor que un verdugo»

Francisco de Quevedo
Escritor español
(1580-1645)

EL PRESIDENTE DEL TSJ AL PUEBLO HABER CONCURRIDO MASIVAMENTE A EJERCER SU SAGRADO DERECHO AL VOTO.- El magistrado Omar Mora Díaz, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, felicitó al pueblo venezolano «porque ha concurrido de manera masiva a ejercer su sagrado derecho al voto, demostrando la fortaleza de la democracia venezolana», declaraciones que ofreció luego de votar en las elecciones presidenciales. A su salida del centro de votación el Magistrado expresó que «el proceso se está desarrollando con absoluta normalidad, mucho más rápido de lo que yo pensé en comparación con otros procesos electorales y hacemos un llamado a todo el país para que acuda masiva y pacíficamente a votar, a ejercer el sagrado derecho al voto para revitalizar la democracia venezolana», agregó que «la afluencia de votantes en la calle me parece maravillosa, esto es una fiesta que fortalece nuestras instituciones y la democracia en nuestro país». Al ser consultado por uno de los periodistas en torno a su opinión sobre aquellas personas que pretendan alterar el orden público, el Presidente de la máxima instancia judicial venezolana aseguró que «son grupos minoritarios, muy minoritarios, la inmensa mayoría del pueblo venezolano tiene una vocación democrática y pacífica y lo está demostrando, aquí está el pueblo en la calle ejerciendo su derecho al voto». Aprovechó la oportunidad para «felicitar a todo el pueblo venezolano porque ha concurrido de manera masiva a ejercer su derecho, demostrando la fortaleza de la democracia venezolana, el deseo de paz, de concordia, de unidad entre todos los venezolanos, de este pueblo maravilloso que desde muy temprano está haciendo su cola, votando pacífica y democráticamente como se lo merece todo el país, además quiero felicitar al CNE por su amplio poder de convocatoria, por la transparencia con la que ha desarrollado el proceso».

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SOLICITADA DESTITUCIÓN DE NARCO JUEZ QUE ABSOLVIÓ A 14 FUNCIONARIOS DEL CICPC EN EL ESTADO BOLÍVAR.- Mediante un boletín de prensa publicado en la página Web del Ministerio Publico, el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, solicitó ante la Inspectoría General de Tribunales del Tribunal Supremo de Justicia, la destitución e inhabilitación del Juez Segundo de Juicio de Ciudad Bolívar, José Méndez Villalba, quien dictó sentencia absolutoria a 14 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, vinculados con el traslado irregular de más de tres toneladas de cocaína el pasado 8 de diciembre de 2005 desde el fundo “Los Apamates”, municipio Cedeño del estado Bolívar. El FGR manifestó su estupor por la sentencia absolutoria dictada por el Juez Méndez Villalba, quien, a su juicio, “decidió sin estudiar todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público e incurrió en una conducta negligente, contraria a la Ley, al violar normas constitucionales y actos obligatorios del proceso penal”. A juicio de Isaías Rodríguez los fiscales designados presentaron suficientes elementos de prueba en el juicio contra los funcionarios del CICPC, quienes desarrollaron el procedimiento de incautación del alijo de drogas sin notificar al Ministerio Público, requisito obligatorio para el inicio de cualquier investigación penal. “Ahora bien, en la audiencia oral de juicio celebrada el miércoles 29 de noviembre de 2006, el juez Méndez Villalba prescindió del testimonio de los testigos fundamentales promovidos por el Ministerio Público, y ordenó a las partes hacer sus intervenciones de cierre para concluir con el juicio. Luego, entre gallos y medianoche, dictó una sentencia absolutoria que, a nuestro juicio, viola el debido proceso y la igualdad de las partes, ya que incurrió en omisión al no tomar en cuenta los testigos ofrecidos por el Ministerio Público que son medios de prueba”, afirmó el Fiscal General. Los fiscales 3 y 27° Nacional con competencia plena, Antonio Denis de Jesús y Marcos Alvarado, respectivamente, introdujeron este viernes pasado en horas de la mañana, un recurso ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del estado Bolívar, a lo cual se sumó la solicitud de destitución formulada por el Fiscal General, quien agregó que “todo me hace presumir que el juez Méndez Villalba no actuó apegado a los principios de independencia y autonomía que exige la administración de justicia”. El 08 de diciembre de 2005, funcionarios del Teatro de Operaciones No. 5 instalaron un punto de control móvil e incautaron 13 bultos de cocaína de un supuesto procedimiento realizado por CICPC en el fundo “Los Apamates”. Los militares se trasladaron al sitio y constataron la existencia de depósitos de droga en tierra, por lo que el Ministerio Público procedió a solicitar la privativa de libertad de dos ciudadanos colombianos por el delito de ocultamiento, y el 10 de diciembre, solicitó la orden de aprehensión para los 14 funcionarios por la presunta comisión de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

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FISCALÍA INVESTIGA MUERTE DE CINCO JÓVENES EN ENFRENTAMIENTO CON LA PM.- Los fiscales 34 nacional y 86 del área metropolitana de Caracas con competencia en materia de Derechos Fundamentales, Néstor Castellanos y Álvaro Mendoza, respectivamente, fueron designados para continuar la investigación que se inicio en torno a la muerte de cinco jóvenes en un presunto enfrentamiento con funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), hecho ocurrido el pasado 19 de noviembre, en la parroquia La Vega. Los jóvenes fallecidos responden a los nombres de José Alexander Campos, William José Río Viloria, Deivy Javier Aray Viloria, Yender Véliz Hernández y Jhonny Alavez. El primero de ellos ingresó a las 10 de la mañana de ese domingo al Hospital Pérez Carreño con varios impactos de bala en su humanidad, mientras que los otros cuatro ingresaron muertos al mismo centro asistencial a las cinco de la tarde de ese día. La muerte de estas cinco personas ocurrió durante un operativo que realizó la PM en La Vega, horas después que dos de los cinco fallecidos dieran muerte al distinguido de la PM, Jeferson Granados, a quien le dispararon para despojarlo de una motocicleta y sus pertenencias la madrugada del domingo 19 de noviembre, cuando se dirigía a casa de unos familiares. Los fiscales ordenaron al CICPC practicar la prueba de Análisis de Traza de Disparo (ATD) a los funcionarios de la Policía Metropolitana que participaron en el operativo, así como otra serie de experticias que coadyuvarán a esclarecer el caso.

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TERRORISMO JUDICIAL EN EL ESTADO LARA ESTA EN PLENO APOGEO. La jueza Aurora Ojeda, del Tribunal Tercero de Ejecución del Municipio Iribarren del estado Lara, interrumpió actos médicos, para practicar ilegalmente una medida de secuestro contra la Clínica Mamas Barquisimeto, dejando sin atención y tratamiento de cáncer, a unas 50 pacientes, que diariamente acuden a ese centro asistencial. La denuncia corresponde al doctor Jesús Elías Mendoza, apoderado de la clínica, quién además sostiene que no conforme con practicar esa ilegal medida, la jueza Ojeda avaló el hurto de uno de un equipo electrónico que se utilizan para el tratamiento de esta terrible enfermedad, por lo que anunció acciones penales contra la jueza y el secretario del tribunal, abogado Rafael Sánchez, así como contra la parte actora, Olga Aranguren y su apoderado, Freddy Couri. Explicó el doctor Mendoza que, atendiendo una comisión, originada por un simple juicio de divorcio, el Tribunal 3ro de Ejecución de Medidas del Municipio Iribarren, integrado por la jueza Ojeda y el Secretario Sánchez, acompañados de la ciudadana Aranguren y el abogado Couri, se presentaron a la Clínica Mamas Barquisimeto, procediendo, por vía de secuestro, a sacar los tres equipos señalados en la comisión (Coloscopio con video y monitor, un ultrasonido y una cama ginecologica), que son de vital utilidad en el tratamiento de cáncer. Aprovechando esta comisión, sacaron un cuarto equipo, un ultrasonido Login 400 General Electric, el cual no fue asentado en el acta que allí levantó el tribunal. De este hurto hay una prueba contundente, pues todo el acto fue filmado por los equipos de video de la clínica. Los delicado e ilegal de toda esta situación lo constituye el hecho de que, por mandato de ley, las medidas contra los centros donde se presta el servicio de salud y de educación, no pueden ser objetos de este tipo de medidas, que en este caso multiplica a la máxima potencia la gravedad del hecho, es que se afecta a los miembros de una comunidad entera, especialmente a todos aquellos que son victimas de esa mortal enfermedad. Tanto más, cuando en ese juicio, jamás ha sido citado el Procurador del Estado, como lo ordena la Ley, cuando se trata de servicios públicos. El apoderado de la clínica sostiene que, con esos argumentos de peso, hizo oposición a la medida de secuestro, pero fueron desatendidos por la insensible jueza, quién ahora no podrá alegar que solo cumplía con un mandato superior, pues nadie puede ser obligado a cumplir una medida que a todas luces es ilegal. En este caso concreto, la jueza Aurora Ojeda causó un daño terrible, por lo que ahora deberá enfrentar un proceso penal. Finalmente el doctor Jesús Elías Mendoza aseguró que en Lara el terrorismo judicial está en su apogeo, y esto que acaba de ocurrir con el caso de la Clínica Mamas de Barquisimeto en la mejor prueba de esta aseveración.

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