Polémica jurídica

ADMITIDA ACCIÓN DE NULIDAD CONTRA ARTÍCULOS DE LA LEY CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIARIOS.- La Sala Constitucional admitió una acción de nulidad por inconstitucionalidad contra los artículos 6 y 17 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.272 del 14 de septiembre de 2005, que fue presentada el 25 de julio de 2006 por los apoderados judiciales del Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal. Esgrimió la parte accionante, entre otras cosas, que el referido artículo 6 de la Ley impugnada establece una remisión genérica a normas administrativas, que conduce a una indeterminación legal del tipo penal. Dicha norma, según observaron, coloca a sus destinatarios ante la incertidumbre de no conocer con exactitud qué norma debe acatar para no incurrir en delito, específicamente cuando se establece como elemento que constituye el tipo penal la contravención de «cualquier norma que regule el régimen de administración cambiaria vigente a la fecha de la comisión del ilícito». Sobre la norma contenida en el artículo 17 de la Ley impugnada, alegaron que viola el principio non bis in idem, previsto en el artículo 49, numeral 7 constitucional, «al instituir una sanción administrativa (‘multa por el doble del equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación’) a quienes hubiesen cometido los delitos previstos en el propio texto legal y cuyas sanciones son, la prisión (pena corporal) y precisamente ‘multa por el doble del equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación cambiaria’…». En otras palabras, indicaron en su escrito, que las personas jurídicas que incurrieran en el ilícito previsto en el artículo 6 de la Ley impugnada serían sancionadas con multa por el doble del excedente en bolívares de la respectiva operación, y además se les impondría otra vez la misma multa con base en el artículo 17 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, con independencia de que se haya sancionado penalmente a la misma persona por los mismos hechos y fundamento. En vista de la admisión se ordenó citar mediante oficio al Presidente de la Asamblea Nacional para que comparezca ante el Alto Tribunal dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados, a los fines de su emplazamiento. Además, se ordenó citar a la Procuradora General de la República y notificar a la Superintendencia General de Bancos y a la Comisión de Administración de Divisas. Igualmente se ordenó notificar a la parte demandante, al Fiscal General de la República y a los interesados. Del dictamen de la Sala se desprende que se observó que cursa bajo el expediente Nº 052089 la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Luego de estudiar la situación la Sala ordenó acumular «la causa contenida en el expediente Nº 061128 a la contenida en el expediente N° 052089, con el fin de que se dicte una sola decisión comprensiva de ambos procesos. En consecuencia, se suspende el curso de la causa N° 052089 hasta que la signada con el N° 061128 se encuentre en el mismo estado».

/////
SALA PENAL ACORDÓ EXTRADICIÓN DE CIUDADANO COLOMBIANO.- La Sala Penal del TSJ acordó la extradición de Hugo Gnecco Arregoces, de nacionalidad colombiana, actualmente recluido en la Disip aclarando la sentencia que queda entendido que «deberá mantenerse la medida privativa de libertad impuesta al nombrado ciudadano hasta tanto se haga efectiva la entrega del mismo al Gobierno de Colombia». El 26 de julio de 2005, el Director General de Justicia y Culto (E) del Ministerio del Interior y Justicia, Carlos González Urdaneta, por Oficio N° 1.373, remitió a la Sala de Casación Penal, copia simple de la Nota Verbal N° 1.455 del 22 de julio de 2005, procedente de la Embajada de la República de Colombia, mediante la cual solicitan la detención preventiva con fines de extradición de Hugo Gnecco Arregoces. Contra Gnecco fueron dictadas medidas de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, por los delitos de interés ilícito en la celebración de contratos, violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y peculado por apropiación, los cuales presuntamente fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones como Alcalde del Distrito de Santa Marta. Dichas medidas fueron confirmadas por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

/////
IMPROCEDENTE MEDIDA DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS SOLICITADA POR DETECTIVE DE LA DISIP DESTITUIDO.- Con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, la Sala Político-Administrativa declaró improcedente una medida de suspensión de efectos solicitada por Erwin Duncan González Gómez, destituido de su cargo de detective en la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), contra una Providencia Administrativa dictada por el Ministro del Interior y Justicia. El 18 de abril de 2006, el representante judicial de Erwin Duncan González, interpuso un recurso contencioso administrativo de nulidad, con solicitud cautelar de amparo constitucional y medida de suspensión de efectos, contra la Providencia Administrativa N° 270 del 17 de enero del mismo año 2006, dictada por el titular de la cartera de Interior y Justicia, mediante la cual se notificó de la Resolución N° 5, que declaró inadmisible por extemporáneo el recurso de revisión presentado y confirmó el acto administrativo de su destitución, emanado de la DISIP.

/////
ROGANDO JUSTICIA.- Antoniette de Embaid y su hija Mouna Rita Embaid, quienes forman parte de esa legión de ciudadanos que lo perdieron todo en la denominada tragedia de Vargas, vinieron a nuestra oficina a denunciar el calvario judicial que por años han tenido que soportar. Ellas llevan años recorriendo tribunales y más tribunales, pidiendo justicia, y sostienen que aún qué existen sentencias firmes que las favorecen, incluso del Tribunal Supremo de Justicia, aún a la fecha, por esa corrupción que impera en el sistema judicial venezolano, y por esas sanguijuelas que abundan en el Poder Judicial, no han podido hacer efectivas dichas sentencias. En el legajo de papeles que nos entregaron, ha denuncias que involucran a la Jueza Superior Laboral de Vargas, Victoria Valles y a la Secretaria de ese despacho, Yasmila Paredes. Antoniette de Embaid no trajo escrita la siguiente denuncia, la cual se explica por si sola: “La presente es para denunciar un caso de extorsión del cual soy victima. Se trata de dos juicios que gané en el año 1999, y hasta en el TSJ, y en forma definitiva, pero que hasta ahora, por esos vericuetos de la justicia, aún a la fecha no he podido lograr la ejecución de los mismos. Para colmo, tampoco me ha sido posible lograr justicia en las dos sentencias, definitivamente firmes, que salieron a mi favor en el TSJ, donde, en una se condena al Hotel Macuto Sheraton, con una suma de 780 millones de bolívares, por daños y perjuicios, y en la otra por 50 millones por daño moral. Frente a esta situación, presenté un escrito a la jueza de Primera Instancia, Mercedes Solórzano, solicitándole que se ordenara la correspondiente indexación al BCV. Pasaron 30 días y esta juez no produjo ninguna decisión, pero cuando se presentó la parte demandada, esta jueza de inmediato la complació, anulando la sentencia que me favorecía y que estaba definitivamente firme y era cosa juzgada. Cuando mi hija, Mouna Rita y yo nos presentamos al Tribunal a reclamar, la Secretaria Yasmila Paredes, C.I Nº 9.413.384, luego de agredirnos verbalmente gritándome, “si te da la gana agarra tu cheque y cóbralo sin indexación, sino lo quieres perder todo”. Dicho esto, le ordenó al Alguacil que nos sacaran a la fuerza, orden que el funcionario cumplió con exceso. Tengo 22 años recorriendo distintos tribunales reclamando justicia y jamás me encontré una jueza tan delincuente como esta. Lo digo con propiedad, pues a mi me pidió 100 millones de bolívares, para ejecutarme la sentencia 3846 del años 1999.” Antoinett de Embaid y Mouna Rita Embaid Embaid recuerdan que en uno de sus programas dominicales el Presidente Hugo Chávez calificó al Hotel Macuto Sheraton de empresa neoliberal salvaje, señalando que si seguían pisoteando a todo el mundo como lo han hecho siempre, expropiaría el hotel. Ellos no le han pasado a lo que dijo el Presidente y siguen haciendo lo que les da la gana y comprando jueces”.

/////
LA JUSTICIA NO HA PODIDO LOGRAR RESARCIR EL DAÑO QUE CAUSO EN EL CASO DE LA NIÑA VENEZOLANA LLEVADA A RUSIA. Aun la niña que fue llevada a Rusia con el consentimiento de una jueza, no ha podido ser regresada al país. Como se recordará, a pesar de la oposición, debidamente sustentada, del ciudadano Fernando Gaetano Tirro Arias, de que su hijita, de apenas siete (7) meses de nacida fuera sacada del país, rumbo a RUSIA, la jueza de juicio unipersonal Nº 7, Erma Josefina Nancy, del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, autorizó a la rusa Evgenia Zolataykina de Tirro, para junto a su hija recién nacida viajara el día 20 de julio de 2005, a la ciudad de San Petersburgo. Señalando que debía regresar el 12 de julio de ese mismo año. El caso es, que uno de los planteamientos que hizo el padre de la niña para oponerse a que fuese sacada del país, era que su esposa lo que pretendía era quedarse en Rusia con la niña, cercenándole a la niña, el derecho de crecer junto a su padre. Tal como lo planteó Fernando Tirro, su esposa Evgenia Zolataykina, no regresó al país con la niña, por lo que ahora la misma jueza se ha visto en la necesidad de oficiar a la INTERPOL para que localice a la niña para poder librar una Rogatoria a los tribunales competentes de esa nación, a fin de que regresen la niña, pero a la fecha, aún nada ha ocurrido, pues en vista de que Evgenia Zolataykina es rusa y por tanto, su hija también lo es, al venezolano Fernando Gaetano Tirro Arias se le hace casi imposible volver a ver a su hija, y todo porque la jueza Erma Josefina Nancy no atendió sus alegatos, repetimos, bien documentados, y permitió que le arrebataran a su niña. Hoy él sigue pidiendo a gritos justicia.