Opinión Nacional

Por el atajo de la radicalización

1.- La organización independiente SÚMATE, provista de suficientes instrumentos de análisis y una importante experticia en materia electoral, cuantifica en más de un millón y medio de votos los logrados por el régimen en esta última medición electoral mediante mecanismos fraudulentos. Hablamos de cedulación múltiple, inflación del REP, inhabilitaciones masivas, votaciones forjadas y otros mecanismos de falsificación electoral. Si a ellos se le suman los obtenidos mediante la presión, la intimidación y el brutal comercio electorero del Poder estatal – hablamos de más de tres millones de burócratas, becarios y subvencionados dependientes del Estado obligados o requeridos a votar siguiendo las órdenes del Supremo – tenemos que parte sustancial de las votaciones alcanzadas por el teniente coronel Hugo Chávez no se corresponden con la libre voluntad de los ciudadanos. Y sus resultados electorales reales y objetivos son sustancialmente menores, cuantitativa y cualitativamente considerados, que las votaciones alcanzadas por la oposición democrática. Ello a despecho de las apariencias, capaces de encandilar no sólo a personajes ignorantes de nuestras circunstancias y políticamente interesados en cosechar las simpatías del poderoso petro-estado chavista, sino a un vasto sector de la propia oposición democrática. Pronta a dejarse empujar a las horcas caudinas del aparato electoral del régimen de manos atadas, en un rasgo de pusilanimidad verdaderamente lamentable.

Bastaría señalar la insólita y desaforada campaña proselitista adelantada por el presidente de la república y los funcionarios de Estado mediante la malversación de su gigantesco aparato de control y manipulación, civil y uniformado, así como del aprovechamiento indebido de miles y miles de millones de dólares, para reconocer la absoluta irregularidad de éste y otros procesos electorales. Haciendo uso de un Poder discrecional que violenta toda las normativas, ante la anuencia y la complicidad de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y todos los poderes del Estado – declarados en vacaciones para que se dedicaran a la campaña electoral – , el presidente de la república habló más de 240 horas mediante más de cuarenta cadenas nacionales de radio y televisión en un lapso no mayor a un mes de campaña, promocionándose él e imponiendo su enmienda contra viento y marea. Si a ese abuso tiránico, se suman los contenidos transmitidos, se tiene una violación flagrante a la constitución. A despecho de lo que crea – o quiera hacer creer – el cantautor español Juan Manuel Serrat, estas elecciones fueron absolutamente antidemocráticas y muchísimo más cercanas a las celebradas en regímenes totalitarios, como las de Mugabe en Zimbabue o las de los hermanos Castro en Cuba, que en sistemas democráticos.

Finalmente, y a los efectos de valorar la importancia de la celebración de elecciones para caracterizar la naturaleza democrática o antidemocrática de un régimen socio-político, es imposible pasar por alto la función legitimadora que pueden cumplir determinados procesos electorales – Hitler es el más preclaro ejemplo -, cuando se les celebra más como una farsa o una comedia plebiscitaria que como un serio, transparente y respetuoso enfrentamiento de ideas y programas. Las elecciones, en Venezuela, pertenecen antes al primer tipo que al segundo. Sirven de coartada al sistemático vaciamiento de contenido democrático de nuestras instituciones y al entronizamiento vitalicio de un régimen ya profundamente antidemocrático.

Así la izquierda regional y mundial y algunos gobiernos cómplices e interesados en el intercambio comercial con el petro estado venezolano – el caso Sarkozy es sencillamente patético – pretendan soslayarlo, en Venezuela se vota, pero no se elige. Y cuando se elige, se lo hace bajo condiciones excepcionales. Es el caso que quisiéramos someter a consideración.

2.- Ninguna elección realizada en Venezuela, por lo menos desde el Referéndum Revocatorio del 15 de agosto de 2004 hasta hoy, se ha realizado bajo cumplimiento de las normas establecidas. Todos ellos se han celebrado bajo imposiciones del régimen, en los lapsos y condiciones convenientes a sus propósitos y bajo el arbitrio de una institución electoral descaradamente a su servicio. Pues entre las instituciones copadas por el régimen desde que asaltara electoralmente el Poder, la primera de ellas fue el Consejo Nacional Electoral, del cual se separó antes del Referéndum Revocatorio a todos los empleados y funcionarios que no fueron adeptos al gobierno. Bajo tales parámetros y contando con ese instrumento, el registro Electoral Permanente (REP) que administra los listados de votantes ha sido inflado y modificado a capricho de los funcionarios al servicio irrestricto del régimen, tanto mediante la incorporación de votantes provistos de numerosas cédulas de identidad falsificadas, nacionalizaciones irregulares y reajustes de los circuitos para acomodar los registros regionales de acuerdo a las necesidades del régimen. Ninguna casualidad que la institución encargada de la identidad de los venezolanos, la DIEX, esté en manos de funcionarios cubanos. Los mismos que organizan los operativos de cedulación en los barrios populares y otorgan cédulas de identificación violando todas las normas. Los mismos que han asesorado todos los procesos electorales desde entonces, y a quienes Chávez debe su permanencia en el cargo, como lo reconociera sin ambages en una reunión de alto nivel celebrada en los meses de noviembre y diciembre de 2004 en los espacios de Fuerte Tiuna. El REP es inauditable, constituye una caja negra y jamás ha sido abierto a la oposición y puesto al servicio de la controlaría ciudadana. Es asombroso que la oposición democrática venezolana no haya hecho del rechazo de tales condiciones cuestión de honor y tampoco haya insistido en la necesidad ineludible de modificarlas. Como también es asombroso que aún bajo tales condiciones haya logrado dos éxitos estratégicos, que pudieron haber sido sin duda mayores de cumplirse condiciones electorales decentes y aceptables.

3.- Difícilmente podrían comprender los observadores extranjeros que no se trata principal y esencialmente de fraudes cometidos el día de las elecciones mediante la adulteración de las cifras: se trata de procesos esencialmente fraudulentos, de situaciones fraudulentas, de un continuo, inalterado y sofisticadísimo proceso de falsificación de los procesos electorales. Que comienzan por la alteración de las bases del registro, la fijación de las fechas a conveniencia del presidente de la república, el uso indiscriminado de todos los poderes del Estado para intimidar a la oposición, controlar a los empleados del Estado, amenazar a la ciudadanía y aplastarla mediante el uso de cadenas nacionales de radio y televisión, obsequios y regalos, sueldos extras y compromisos de toda naturaleza.

Bajo condiciones tan antidemocráticas y represivas es simplemente asombroso que la oposición haya ganado el 2 de diciembre – hasta hoy no se conocen los resultados definitivos, que esta vez se dieron a conocer en cuestión de pocas horas – y haya obtenido las gobernaciones y alcaldías más importantes del país el 23 de noviembre. Es más: que superando la intimidación y los abusos haya aumentado su votación y haya superado – formal, oficialmente – los cinco millones de electores. Ninguna exageración que bajo tales condicionantes haya quienes afirman que el 15 de febrero la oposición obtuvo la mayoría de votos, repitiendo el expediente del 2 de diciembre de 2007. Y que esta vez el gobierno se haya visto obligado a imponer sus condiciones.

No estamos en un escenario festivalero: estamos en la arena sobre la que se decide la vida o la muerte de un sistema social y político.

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Dos son las razones de los éxitos estratégicos de la oposición democrática, así se hayan cumplido de manera limitada – si hasta hoy no se conocen los resultados del 2D y los del 23N dejan serias dudas, no se hable de los del 15-F -: el sistemático deterioro del régimen, con su crisis interna y la quiebra de su alianza fundamental, por una parte. Todo lo cual acompañado por el desgaste y el desprestigio de diez años de desastroso gobierno. Y por la otra, el fortalecimiento de la oposición, acrecentada con la incorporación del movimiento estudiantil y los sectores desafectos del chavismo. Así como sus políticas unitarias, si bien limitadas a ciertas regiones. Ambos procesos son concomitantes y se encuentran en pleno desarrollo, de modo que, como lo hemos sostenido en reiteradas ocasiones, el 15.F no logrará modificar sus datos estructurales. Chávez perdió el tren de la historia. La oposición tiene el futuro a su favor.

La brutal caída de los precios del petróleo coincide con una desaceleración de la economía, que ya mostraba signos de una acuciante crisis en medio de la bonanza de los precios en julio pasado. De allí la inflación de 2008, la más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. Si esta desaceleración y este alto proceso inflacionario sucedió bajo los más altos precios del petróleo venezolano, muchísimo mayor serán los efectos de la crisis con la pérdida de entre el 60 y el 70% de los ingresos en dólares causados por la baja del precio de la canasta venezolana, que cae de $125 a mediados de 2008 a los $26 o $30 actuales. Los economistas hablan de estanflación. Los analistas sociales de un panorama verdaderamente pavoroso. El gobierno no podrá cubrir las importaciones, lo cual traerá consigo desabastecimiento e inflación. No podrá tampoco continuar con sus desaforados gastos fiscales, viéndose en la obligación de recortar el gasto social, las misiones y los regalos. Tendrá necesariamente que cortar la entrega de petróleo subsidiado y donaciones a gobiernos extranjeros. O persistir en sus graves errores y desatar un proceso de consecuencias verdaderamente impredecibles.

Aún peor: no podrá honrar una ingente cantidad de compromisos adquiridos. Y así se niegue a devaluar, tendrá que hacerlo vía indirecta a través de la pérdida de valor del dinero y la consiguiente presión inflacionaria. Dada la naturaleza del régimen y la personalidad del caudillo, ya se asoma la radicalización de la apuesta. Lo que terminará generando una agudización de los conflictos laborales y sociales. Por ahora, el caudillo toma el atajo de la radicalización. Lo conducirá ineluctablemente al abismo.

Es en ese contexto que se celebrarán los próximos procesos electorales, si es que llegan a tener lugar y no se ven interrumpidos por graves confrontaciones políticas. Bajo el empuje de una pérdida creciente de popularidad por parte del presidente de la república y su movimiento político, así como del fortalecimiento de la oposición democrática. Cambia el escenario, cambian los protagonistas, cambian las condiciones. Ese será el tema de nuestro próximo artículo.

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