¿Por qué estamos donde estamos?

“Por otra parte, Avendaño señala con énfasis que Uslar siempre representó una opción distinta para Venezuela, enfrentada a la ruta populista que hizo su aparición el 18 de octubre de 1945. Es lamentable, no obstante, que al final de su larga vida, y con respecto a la entrada en nuestro escenario político de Hugo Chávez, Uslar haya asumido una postura que contrastó significativamente con su prédica anterior, y le llevó a minimizar —en artículos recopilados en su libro de 1992, «Golpe y Estado en Venezuela»— las enormes diferencias entre la deficiente democracia que agonizaba y la autocracia que asomaba su rostro, mediante la apelación a lo que llamaba una «democracia verdadera». Uslar asumió una actitud poco menos que complaciente hacia los golpistas. Su posterior rectificación, en las etapas finales de su carrera, no debe ocultar ese momento de miopía. No digo ésto para menoscabarle. Al contrario, es triste que una de nuestras mentes más brillantes se haya equivocado tan gravemente en esa coyuntura.”

Aníbal Romero

Lo que antecede es un extracto de un muy serio y correcto análisis del Dr. Aníbal Romero, que me he permitido resaltar y contenido en su artículo.. “Uslar: entre la razón y la acción” en referencia al fondo de este escrito y que nos lleva a tratar de entender las razones por la cual una persona tan preparada como el Dr. Arturo Uslar Pietri, se vio obligado a adoptar posiciones en los momentos de mayor reflexión de su vida. Para ello, nada mejor que narrar parte de las propias experiencias personales vividas a la hora de defendernos de los atropellos que el «Poder Judicial y sus Escritorios Jurídicos Asociados» de la época ejercían. Eso no quiere decir que el actual poder referido y sus escritorios asociados en el presente sean mejores o peores, todo está a la vista. Para ello y con vuestro muy amable permiso, me permito extenderme un poco y narrarles lo que sigue.

En un caso, el más sonoro y que me obligué a convertir en un verdadero escándalo ante la opinión pública mediante remitidos en la prensa nacional cubiertos por nosotros, asesorado por un noble y decente ex-magistrado de La Corte Suprema de Justicia de entonces, fue el caso de la Urbanización Los Samanes en el sureste de Caracas. Una de nuestras empresas compró en enero de 1988 ( .. para entonces, 42 años de edad ) un excelente lote de terreno de casi 6000 m2 en la cuarta y última etapa de dicha urbanización, la que se conecta con la Urb. Vizcaya. En los primeros siete meses subsiguientes a la compra, único período en el que tuvimos acceso a la parcela, desarrollamos el proyecto completo de un conjunto residencial de cuatro edificios y sus áreas recreacionales, unos 10.000 m2 de construcción, incluso logramos obtener todos los permisos de construcción requeridos. Hasta ese momento, la inversión global era de unos US$ 1.200.000 que cubrían, US$ 1.000.000 en la adquisición del terreno y US$ 200.000 en el proyecto urbanístico completo, impuestos de construcción y otros incluidos y gastos operacionales de la empresa.

En julio de 1988, a los siete meses de haber adquirido legítimamente la propiedad, aparecieron en toda la cuarta etapa de la Urbanización Los Samanes, cercas de alambre con carteles de supuesta propiedad de un grupo de terrófagos y mafiosos abogados del Estado Mérida, con sus teléfonos de localización. Durante ocho largos años, aparte de no poder accesar los parceleros, terceros inocentes, a nuestras propiedades, le dimos todo el apoyo logístico a los desarrolladores de la urbanización, por tratarse de personalidades y abogados de conocido prestigio en nuestro medio, ligados a la directiva de un importante club de golf del sureste de Caracas, no era para menos. Para hacerles una larga historia corta, en julio de 1994, logramos una sentencia, y digo logramos porque fue este servidor quién se ocupó de que todo marchara por la vía estricta y correcta desde el punto de vista legal, que resolvía y aclaraba toda la titularidad y derechos de posesión del gran lote de terreno propiedad de la urbanizadora, él cual, gracias al documento de parcelamiento debidamente registrado de la misma, cubría todas las parcelas unifamiliares y multifamiliares, áreas de esparcimiento y áreas verdes de la urbanización.

Cual sería la sorpresa para nosotros los parceleros y este servidor en particular, terceros inocentes adquirientes, que a los pocos minutos de haber publicado la contundente sentencia el tribunal de la causa, Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, en el primer día hábil de inicio de actividades judiciales de ese año 1994, luego del receso de vacaciones judiciales, que tanto demandados y demandantes léase, los urbanizadores y la mafia de terrófagos por medio de sus representantes legales, introducían sendos y numerosos escritos u autos procesales, solicitando, yo diría, rogándole al juez de la causa que suspendiera la ejecución de la sentencia definitiva porque las partes habían llegado a un acuerdo amistoso, el cual se pondría de manifiesto por medio de un acuerdo notariado al efecto. En ese acuerdo, la urbanizadora le vendía a un tercer grupo de famosos constructores, cuyo representante legal era un ex-presidente de Fedecamaras, las parcelas que tenían en su propiedad, éstos absorbían los derechos litigiosos de aquellos y los demandantes, los mafiosos y terrófagos ya mencionados, se comprometían a dejar libre los terrenos ocupados, cosa que nunca cumplieron, dejándonos a los terceros parceleros a la deriva, con el mismo juicio de marras que originalmente tenían los urbanizadores.

Para colmo, los representantes legales de la urbanizadora, aconsejaban a los terceros adquirientes, que ejercieran juicios reivindicatorios contra los invasores, con lo cual la urbanizadora se protegía de las acciones de saneamiento de los terceros adquirientes contra ella.. -¿Qué Tal?.

Así las cosas, en nuestro caso particular, mi directiva resolvió en 1998, previa renuncia de mi parte a la misma, y luego de haber invertido unos US$ 300.000 en los juicios de reivindicación de la parcela contra los invasores, en negociar con los famosos nuevos constructores, la venta de nuestra parcela, después de diez años de intensa lucha personal de mi vida, en los cuales me gané de paso una demanda por difamación e injuria grave en mi contra por parte de los mafiosos y terrófagos invasores, única forma de neutralizarme un poco, la cual gracias a Dios y a la debida asistencia legal en mi defensa de una extraordinaria abogada, Dra. Mirtha Guedez, se ganó en forma contundente en las tres instancias judiciales, Primera, Superior y Corte, a lo largo y dentro de unos tres años más del proceso judicial mayor y, gastos de defensa cubiertos por este sólo servidor. Nuestra parcela que yo sólo defendí, se negoció en unos US$ 865.000 y con facilidades de pago. Pérdida total neta para la empresa.. US$ 1.200.000 + US$ 300.000 – US$ 865.000 , para una pérdida neta US$ 635.000 para todos nosotros en la empresa, y diez años de dedicación parcial de mi vida, aparte de mis otros compromisos profesionales de mi actividad como ingeniero. La empresa, luego me reconoció monetaria y racionalmente mi esfuerzo.

En un segundo caso, con miras a mi retiro personal y por ser una pasión y tradición que traigo en la sangre de mi familia europea, la actividad agropecuaria, pero esta vez con alta tecnología de punta del momento y que siempre me permitiría el ejercicio integral y a fondo de mi carrera profesional, paralelamente a la actividad agropecuaria propiamente dicha, adquirí un lote de terreno para dicha actividad de 1.560 hectáreas, el Fundo Campo Claro, ubicado en Valle Morín, Estado Aragua, entre San Casimiro y Camatagua. Una verdadera belleza y muy cerca de Caracas. Fue adquirido en 1992 sobre la base de un muy estricto avaluo de una firma especializada en la materia, con toda la revisión legal pertinente, titularidad, tradición legal y constatación de posesión, por parte de mis abogados, en Bs. 9.000.000 netos y de contado. No pasaba más de un mes, mientras se hacía el levantamiento topográfico en campo de la extensa área de terreno, mi vecino de la hacienda colindante, un ex-militar y capitán de la República de Venezuela, me trancó arbitrariamente el paso o acceso principal a mi fundo el cual era a través de un camino real que pasaba paralelo al rió Cura, mi lindero oeste y colindante en unos 5 km con la hacienda del arbitrario y muy inclinado a la bebida capitán.

Luego de agotar todas las vías amistosas con el susodicho personaje, denuncias ante la Alcaldía de San Casimiro, la Guardia Nacional en el puesto de alcabala de Pardillál, que conecta con la autopista regional del centro vía San Juan de los Morros, Villa de Cura, Cagua, La Encrucijada, y quién nunca pudo llegar a un acuerdo con mis originales vendedores en adquirir el fundo, una familia muy decente de hacendados de origen italiano, propietarios de otra hacienda en las cercanías del lugar y que siempre estuvieron a mi lado, me vi obligado a demandarlo por daños y perjuicios mediante una acción de Hecho Ilícito por unos Bs. 85.000.000. Como sería la influencia de esta lacra ex-militar de la República de Venezuela, que gracias a que había adquirido el fundo, vía compra total de las acciones de la compañía propietaria del mismo por parte de los originales vendedores, operación realizada en Caracas, que mi muy competente abogada especializada en derecho agrario, natural y bien arrecha hacendada también en Taguay, sur del Estado Aragua, la Dra. Ana Ilián Suárez Atencio, tuvo que introducir la demanda por el único tribunal agrario del Área Metropolitana de Caracas ubicado en Los Ruices, y luego de las inspecciones judiciales realizadas por dicho tribunal en el sitio y otros secundarios de la obstrucción del paso, evidencia de gruesas cadenas, candados de gran calibre y hasta tiroteos por parte de los compinches del capitán, el tribunal pudo declinar la causa de la demanda admitida en Caracas, -por el territorio- hacia el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Estado Aragua, con sede en Maracay.

Paralelamente, mis vecinos por el lindero norte, financiados por el mismo capitán, me demandan con una acción de deslinde utilizando un título de propiedad con área y linderos adulterados mediante un complicado estudio topográfico, registrado y engañando de paso al Registrador Subalterno de San Casimiro, quién no se «percató» de revisar lo que estaba registrando, y con no más de tres años de cadena de titularidad. Con esa acción de deslinde, se pretendía de paso arrebatarme unas 500 Ha de mi propiedad, un tercio de la misma. Aquí, tuvimos que oponernos al deslinde pretendido por los demandantes, que coincidían con el trayecto o curso de una quebrada muy abundante en agua todo el año, dentro de mi propiedad. Más de un año estuvimos en esa absurda oposición, colocando las estacas del pretendido lindero provisional del demandante en ambas orillas de la quebrada, cerro arriba y cerro abajo del accidentado terreno en esa zona del fundo. Todos sabemos que un curso de agua de un rió se deslinda con solo dos coordenadas: cabecera y desembocadura, ya que el curso está en los planos topográficos de la propiedad, además de los planos de depósito en la Cartografía Nacional. Así mismo, tuvimos que ejercer una acción reivindicatoria para defender el área de 500 Ha que se nos pretendía arrebatar a través de la acción de deslinde contra nosotros introducida en el mismo tribunal agrario de Maracay ya mencionado.

Se podrán imaginar la cantidad de viajes semanales al tribunal de Maracay durante siete años desde 1992 para poder atender los tres juicios, uno en nuestra contra y dos accionados por nuestra parte. En el transcurso de los primeros años se produjeron ciertos incidentes con el cirrótico ex-militar. El más grave, fue una noche, que esperó mi retirada del fundo, al cual entraba por donde yo podía, y cuando me encontraba a la altura de Charallave camino a Caracas, recibo una llamada a mi celular de parte del capataz de mi hacienda por haber señal en ese sitio, refiriéndome que el capitán en estado de embriaguez me había venido a buscar para pegarme dos tiros, frente a toda la familia de Paco, mi capataz, esposa y niños incluidos. Me lo imaginaba, porque una semana antes, coincidiendo con un fin de semana largo, mi abogada había introducido un día antes, un miércoles, una denuncia penal ante el Ministerio del Ambiente en Camatagua contra el capitán, por estar éste realizando un fuerte movimiento de tierra y una gran deforestación sin permisos en el sitio de la entrada principal donde me trancó el paso, deteriorando seriamente el ecosistema, y de paso cambiando la topografía original y tratar de enredar las pruebas en su contra que teníamos nosotros en el juicio, siempre amparado en copias certificadas de la Cartografía Nacional que denotaban claramente el Camino Real obstruido. Este servidor y su abogada procedimos a dar vuelta en «U», nos detuvimos en la comandancia de la policía de San Casimiro en plena noche, y nos fuimos hasta el fundo en compañía de tres funcionarios armados con armas largas y chalecos anti-bala. En el sitio, se levantaron actas de lo acontecido, firmados por todos los denunciantes con sus huellas digitales incluso y sellos oficiales, y luego de regreso en la Comandancia, se acordó en citar al cirrótico capitán para el sábado siguiente, dentro de ese mismo fin de semana largo, a las diez de la mañana en la sede de la comandancia en San Casimiro. El capitán ya había recibido una citación previa para ese mismo sábado a las ocho de la mañana para atender la denuncia ante el Ministerio del Ambiente en el puesto El Satélite de la Guardia Nacional en Camatagua, de ahí toda su calentera y peor aún, sin saber lo que le esperaba ese mismo día por su malacrianza, dos horas más tarde en San Casimiro.

Al acudir a la cita en Camatagua ese sábado a las 8 am en punto, me percaté y gracias a la ayuda de un gran amigo, de que estuviera presente una fiscal del Ministerio Público de San Juan de los Morros en el Comando. Cuando se le mostró todo el expediente de la denuncia al Capitán, con fotos, memoria descriptiva e inspección judicial del tribunal de Camatagua realizada días antes en el sitio de los acontecimientos, al hombre no le dio un infarto de bromita y a su querida que lo acompañaba, la veterinaria de su fundo, ni se diga, y como era un fin de semana largo, no tenía sus gorilas abogados que lo asistieran. Al terminar a las 9:30 am el acto, donde por supuesto no contaba con ningún permiso para efectuar la locura que estaba haciendo en el camino real, con lo cual quedo confeso, el hombre se me cuadra muy valiente y en voz baja delante de los guardias me vuelve a amenazar. En ese preciso instante, se aparecen en El Satélite de Camatagua, tres funcionarios de la comandancia de la policía de San Casimiro preguntando por el capitán. El hombre ya bien caliente contesta.. ¡Aquí estoy!. Aquellos le entregan entonces la nueva citación a las 10 am en San Casimiro. Ya en el comando de San Casimiro, el hombre confiesa ante todos los testigos su escena de amenazas de aquella noche, y a los dos se nos exigió firmar la caución correspondiente. Desde ese momento, el cirrótico y demandado capitán, cada vez que me aparecía por mi hacienda, él procuraba no estar presente en la suya.

Pero esto no termina aquí señores. Ahora es que se pone buena la historia. Con una de las sentencias de primera instancia más absurdas que tanto escritorios jurídicos de abogados, tanto en Venezuela como en varios países del mundo, léase San Francisco, California, Estados Unidos de América, quienes de paso están muy pendientes de lo que ocurría antes y sigue ocurriendo en Venezuela, el capitán me da palo, como se dice en Venezuela. Al apelar en San Carlos, Estado Cojedes, sede del Tribunal Superior Agrario de la circunscripción correspondiente, al cabo de pocos meses, me vuelven a dar palo, ratificando la sentencia de primera instancia. Y luego para colmo de males, el 2 de febrero de 1999, a las 8 am, dos ( 2 ) horas antes de juramentarse ante la moribunda Constitución el teniente-coronel, se publica en la Corte Suprema de Justicia la sentencia, ahora definitiva y firme en mi contra. El Ing. José Brunstein Z., pierde su hacienda, mi capatáz y su familia se quedan sin trabajo, mi valiente abogada recogiendo los escombros de su casita en Taguay brutalmente incendiada y el Magistrado Ponente de la famosa sentencia, es premiado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, antes de que fuera demasiado tarde.

Yo me pregunto.. – ¿Qué de otras cosas no estarían pasando en esa suerte de «Sodoma y Gomorra» judicial de aquella y de la presente Venezuela y, a miles de personas más, para que un hombre de la talla de Don Arturo Uslar Pietri, con su percepción política y su sensibilidad humana, no pensara como le diera la gana?.

El que cuenta estas historias, continuará su sueño de productor agropecuario, pero ahora en la bella y fértil sabana de Cundinamarca, Colombia.. –porque en la tierra que lo vio nacer, si bien es posible realizar otras inversiones similares, no hay con qué ni de quiénes defenderse ante las futuras agresiones de su gente y del Poder Judicial que la somete, tan es así, que por ningún lado aparecen hoy, las mismas joyas de antes, las que le escribieron el fatídico decreto a Carmona Estanga, las que siempre manejaban el Poder Judicial como les daba la gana.

Referencia:

Uslar: entre la razón y la acción – por Aníbal Romero – 01/06/2006 –
(%=Link(«http://analitica.com/va/sociedad/articulos/3099690.asp»,»Analítica»)%)