Opinión Nacional

Por una par condicio en medios públicos

El tsunami abstencionista del 4 de diciembre pasado, que dejó en la orilla un Chávez derrotable sin por otro lado fortalecer la oposición democrática, mantiene en suspensión varias interrogantes para un imprevisible 2006. Por ejemplo: ¿cómo lograrán la oposición evitar un futuro de “travesía del desierto”, y el Gobierno suavizar su poco glamorosa imagen interna e internacional de nudo totalitarismo monocolor y militarista?
Nada extraño que tan disímiles intereses terminen generando micro-armisticios tácticos y zonas francas de “diálogo” poco ortodoxas y extraparlamentarias; que impedirían a la oposición morir de mengua mientras permiten al Gobierno seguir fingiendo urbi et orbi alguna normalidad democrática. Dos grandes espadas de Damocles cuelgan sin embargo sobre tal eventualidad: 1º, que el Gobierno —amén de insistir tozudamente en su diktat de que la oposición reconozca lo imposible, vale decir la legitimidad y buena ejecutoria del CNE— escoja al interlocutor equivocado, por ejemplo su impresentable vicepresidente, el mismo que se precipitó a insultar groseramente una “chorreada” oposición que se había “ido al carajo”, para invitarla melindrosamente a dialogar poco después; y 2º, que tras semanas de agotadoras y sutiles negociaciones se produzca la enésima versión del “llegó el comandante y mandó a parar”, por arrebato irracional de un autócrata en cuya cabeza cuartelera no caben diálogos con el “enemigo”.

Pese a que el sentido común no es hoy moneda corriente, la lógica y la dinámica de los acontecimientos apuntan a que un primer y esencial acuerdo extraparlamentario versaría sobre la aprobación de una nueva ley electoral y una radical reestructuración del actual CNE, un órgano que permanecerá en la memoria patria como modelo nacional de cuán vergonzante colaboracionismo las ciencias del cálculo y humanas pueden prestar a las más oscuras causas, mientras quedará para mejor ocasión la solución de otra materia difícil pero de elemental justicia distributiva, el financiamiento público de todos los partidos políticos, un tema “imposible” para un régimen que arrebató la totalidad del recurso público destinado al efecto para su sola facción.

En orden de importancia, un segundo indispensable acuerdo Gobierno-oposición (el segundo, no el quinto o el noveno), debiera versar sobre condiciones paritarias de uso de los medios públicos —la llamada par condicio— aplicables a medios impresos, radiales, cinematográficos, televisivos o de red enteramente financiados con fondos públicos y hoy abusivamente confiscados por el Gobierno para su solo y excluyente provecho.

Una mirada somera a usos y costumbres internacionales en comunicación política, y otra más acuciosa a las precisas reglas del juego a que las grandes democracias someten la mensajería política de sus medios públicos, permiten constatar que somos un caso no sólo atípico en ambos sentidos, sino tal vez único en el mundo. En lo primero, no se sabe de otros países en que la comunicación haya asumido un papel de tan beligerante protagonismo político como en la Venezuela de los últimos 20 años. En lo segundo, tanto la deliberada ausencia de reglas (los malandrines que confeccionaron la llamada ley resorte suprimieron escrupulosamente en ella cualquier mención a “servicios públicos” ), como el abuso de tales medios por parte del régimen actual sólo son comparables, cualitativamente, al de los peores coroneles y jefes de partidos únicos africanos de las pasadas décadas, mientras que nuestros 38 minutos diarios de cadenas y monólogos presidenciales son, cuantitativamente, un record mundial, ni siquiera comparable con Fidel Castro otrora campeón absoluto de la categoría.

Por definición, los medios públicos son del Estado en la totalidad de sus integrantes y no de un gobierno en particular, y sólo deberían ser soportes de servicios públicos independientes de todo poder económico y gubernamental.

Nuestros medios estatales siempre han sido muy gubernamentales y muy poco públicos. Tal situación era apenas tolerable mientras se trataba del predominio blando de gobiernos democráticos sobre medios paupérrimos y de corto alcance. Ante un gobierno fuertemente autocrático y faccioso que maneja ahora un articulado sistema público multimedial de cobertura total sin blanduras de ninguna especie, para su exclusiva mensajería ideológica y su culto a la personalidad del líder, tal situación se ha vuelto intolerable. La supervivencia de la democracia en el país necesita también la eliminación de ese grosero y antidemocrático ventajismo gubernamental, y una devolución a la entera comunidad política nacional (que tampoco tiene acceso asegurado a los medios comerciales) de una parte congruente del espacio-tiempo en medios públicos, para una libre emisión de sus respectivos mensajes.

Confiar la vigilancia de la par condicio en medios públicos al Legislativo (como se acostumbra hacer por el mundo) luce suicida en una Venezuela de Asamblea monocolor y regimentada. Habría que imaginar un mecanismo ad hoc, compuesto de personalidades independientes de elevada credibilidad moral y jurídica, a riesgo de que esta segunda fórmula resulte tan inviable como la primera en un régimen que viene liquidando todas las autonomías una tras otra. Sea como fuere, a los garantes de la paridad en medios públicos cabrá asignarle como mínimo las dos funciones siguientes:
reducir a estándares internacionales la comparecencia ante cámaras y micrófonos de servidores públicos (comenzando por el primero de ellos, el Presidente), impedirles usos propagandísticos, facciosos y de agresión a la oposición, y asegurar imparcialidad y pluralismo informativos; garantizar al país, adaptando modelos aplicados en otras partes, un uso distributivo, paritario y supervisado de los espacios políticos en medios públicos, medidos en centímetros y minutosprograma.

Una distribución fifty/fifty de tales espacios entre el Gobierno y la oposición luciría aceptable. 

(*): Publicado en El Nacional. Reproducido con autorización del autor

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