Presidente, ¿es chicha o es limonada?

Mejor dicho, si, dentro del subrealismo gubernamental criollo, los eventos y el devenir del esfuerzo productivo obedecerá a la formulación química de la chicha o de la limonada.

¿Será el mercado el que, por libre fluctuación forzada por los diversos llamados a hacerlo, hará posible que el Vicepresidente del Área Económica, Presidente de Pdvsa y Ministro de Petróleo y Energía logre “romperle el espinazo” al dólar paralelo?. 0, por el contrario, ¿terminará siendo un mecanismo que funcione de acuerdo al mejor criterio restrictivo del Ministro Jorge Giordani, a sabiendas de que el proyecto de marras no permitirá, siquiera, producir un gramo de confianza –siempre dentro y fuera del país- de lo que suceda a partir de ahora en la economía venezolana?.

Entre los socios de Venezuela en la 0rganización de Países Exportadores de Petróleo (0pep), que esta situación sea lo que ocupe a los venezolanos que invierten en su país, como a las corporaciones globales que tienen asiento regional en esta parte del Continente, es incomprensible. Porque la inquietud debería estar centrada es alrededor de los ingresos que la nación percibió por concepto de la venta de su crudo en los últimos diez años, y la consolidación de activos con miras a hacer del país el epicentro de la transformación económica y social de Latinoamérica. Sin embargo, eso no es así: aquí los dólares se dilapidaron en un abrir y cerrar de ojos, a la par de la pretendida determinación de establecer un nuevo modelo de economía, cuya primera fase consistió en destruir lo que se había sembrado en capitalismo, para, a partir de las ruinas, hacer nacer otra economía teniendo como epicentro el nacimiento de un nuevo hombre.

Desde 1999, en Venezuela está vigente una Constitución que, se supone, norma la convivencia civilizada entre los venezolanos, pero, además un modelo de economía distinto al que se insiste en imponer por la fuerza. Pero los que juraron honrar su cumplimiento y hacerla cumplir, sólo citan su existencia. La incumplen. Y lo que comenzó como una diatriba entre dos puntos de vista, ha pasado a ser el motivo de fondo para que en marzo del 2014, en Venezuela no exista la posibilidad de desconocer que la nación se debate entre una crisis económica, política, social y moral de dimensiones impresionantes, y la insistencia gubernamental de ignorarlo. Mejor dicho, de minimizarlo, a la vez que recurre al empleo de la ventaja de ser el monopolista administrador de instrumentos represivos, para tratar de canalizar la atención colectiva hacia propósitos distintos a los que deberían estar operando como causa y motivo para integrar esfuerzos, generar soluciones, sacar al país del camino por el que transita y que lo lleva a un inevitable colapso.

Las autoridades no han cesado en su propósito de querer convencer a los venezolanos, acerca de su voluntad de generar las soluciones a las crisis que se potencian día a día. Pero, de igual manera, ha hecho sentir que lo que se hará no podrá acometerse al margen del predominio de su visión, de su motivación ideológica, inclusive, en atención a una propuesta electoral de principios y naturaleza doctrinaria totalmente divorciada de lo que dice la Constitución, el Plan de la Patria. En otras palabras, si hubiera soluciones, será apelando a las misma metodología burocrática que dio origen a las crisis de la actualidad, aunque ahora estaría condicionada por la indisponibilidad de los recursos abundantes de ayer, gran parte de los cuales se dilapidaron en el medio de una maternidad de Misiones, que, en un alto número, no pasaron de ser más que instrumentos electorales, soportes clientelares, y un canal incontrolable para la corrupción.

No hay venezolano que no sienta hoy en su sistema de vida la violencia de la crisis en sus cuatro vertientes. Pobres y ricos. Trabajadores y desempleados. Jóvenes y adultos. Hombres y mujeres. Niños y ancianos. Y ha sido precisamente esa comunión de problemas similares, lo que ha provocado el nacimiento de una protesta nacional ante la que, errónea y torpemente, la respuesta que se le ha dado ha sido la del desconocimiento del derecho a hacerlo saber, a recurrir a una antidemocrática anulación de esa garantía constitucional.

Las crisis que están metidas en los hogares de todos los venezolanos, las tienen claramente identificadas los gobernantes. Porque saben, perfectamente, que es la cosecha de quince años de erróneas pretensiones de construir un nuevo sistema de vida, sobre las ruinas económicas, políticas, sociales y morales de casi 30 millones de venezolanos. De un sistema de vida de iguales y entre iguales, para satisfacción de los que idearon una conducción tripartita: Estado, Gobierno y Partido. Es decir, con base en un formato que ya no da más; que se agotó, que tiene que ser apartado de toda pretensión individual o grupal dirigida a que las cosas oscilen entre gustos por la chicha o la limonada.

O el país retoma un rumbo hacia objetivos precisos que anulen la fuerza de las acciones que sólo provocan frustraciones y decepciones entre millones de venezolanos, o la “perfecta” propuesta del Sicad II y los llamados intempestivos al Palacio de Miraflores para hablar de paz, de convivencia y de amor, serán arrastrados en su valía y utilidad, a partir del fortalecimiento y diversificación de los reclamos ciudadanos. Porque quienes definieron el formato convertido en tarea para propios y extraños al país, sencillamente, jamás imaginaron que no sólo los adultos y los viejos se opondrían a la pretensión. También lo han hecho los jóvenes, hijos de los padres que nacieron y se formaron durante 40 años de una imperfecta Democracia, pero Democracia al fin, y en instantes cuando en el resto del mundo, la mayoría de los pueblos clama por libertad política y libertad económica, y lo hace saber aun entre medios de comunicación acosados, periodistas perseguidos, inclusive, entre redes sociales bloqueadas. Es decir, cuando las añoranzas estatistas y las utopías de falsos igualitarismos, sencillamente, ya no pasan de ser recursos oportunos para el culto a la megalomanía, a las autocracias engendradas por la llamada revolución “mediocrática”.

Poco cuenta para muchos, es verdad, que no se sepa en el seno de la Organización de Estados Americanos que aquí las diferencias superaron su estadio del escarceo inicial, para convertirse en el motivo de muerte de más de 30 hermanos venezolanos, de centenares de heridos y más de mil detenidos, amén del encarcelamiento caprichoso de dirigentes opositores. Sin embargo, eso que esas mismas personas que intercedieron para que eso sucediera lo califican de victoria política, en el fondo, constituye una seria, grave y preocupante derrota de las posibilidades que tienen los venezolanos para evitar que su país, como ayer durante en el Siglo XIX, termine convirtiéndose en terreno fértil para el surgimiento de montoneras irracionales versión Siglo XXI. Porque, al día de hoy, es muy difícil estimar hacia dónde se proyecta el resultado en más vidas, heridos y presos, ante la ausencia de una auténtica, cierta y seria voluntad de gobernantes y líderes opositores para impedir lo que, propios y ajenos, quieren convertir en oportunidad para la ruptura de la hermandad entre venezolanos.

En un ambiente de muertos, de heridos y de presos que sólo son cuantificados para fortalecer diferencias, paz y diálogo emergen como un imposible. Además de que, ante un problema general que se acrecienta en las narices de los llamados a impedirlo, mientras se celebran Conferencias por y para la Paz en las que los llamados al acercamiento y al entendimiento están cargados de veneno, de ofensas, todo interés en la participación se complica y se aleja.

Pero hay que citar y hasta reconocer que, aun en ese ambiente, el Gobierno hizo un llamado en ese sentido y parte importante de la representación plural del país- no obstante que no ha habido una agenda sustentable, ni equidad en la participación- ha respondido al llamado positivamente. Porque, sin duda alguna, la intención luce oportuna. Solo que también abundan las razones para intuir que es un llamado para ganar tiempo, diferir decisiones, no asumir la obligación de cambiar de rumbo, a partir de la adopción de medidas que no son necesariamente coincidentes con el espíritu normativo e ideológico que se ha tratado de imponer desde hace ya 15 años. Y una jugada en estos términos, obviamente, luce peligrosa. Porque nadie garantiza credibilidad colectiva, y mucho menos paciencia general, si todo quiere supeditarse a una espera prolongada que, inevitablemente, terminará debilitando esperanzas.

Por otra parte, llamar a la paz, a la concordia, al entendimiento en un contrapunteo verbal mediático de voceros gubernamentales y partidistas que se disputan la potestad a ser cada quién más violento en lo que expresan; decidir el enjuiciamiento y/o encarcelamiento de personas que disienten, bajo la acusación de no querer contribuir con tales llamados, no alienta, siquiera, la alternativa de un estrechamiento de manos, ya que eso equivale a pretender apagar un incendio en crecimiento usando gasolina de alto octanaje. Y las circunstancias sociales tampoco dan para eso. Aunque sí obligan a plantearle al Jefe de Estado, como rector de la propuesta gubernamental a favor de la paz, si la inclinación de la misma, al final del camino, se debate en lo que los mismos venezolanos, en su natural camaradería, convierten en una acertada interrogante: ¿es chicha o es limonada? .