Presos Políticos
Todos los gobiernos, sin excepción, acostumbran negar la existencia de presos políticos. Es común en las dictaduras y demás regímenes despóticos, pero también es frecuente en las democracias que incurren en la inconsecuencia de llevar a la cárcel a determinados opositores. Los gobiernos, o sus voceros, suelen recurrir a la manida frase, que venimos escuchando desde la dictadura pérezjimenista, de que no hay presos políticos, sino políticos presos, que no hace mucho tiempo reivindicó el flamante “defensor del pueblo” (?) anterior, Dr. Germán Amundarain.
Bajo la dictadura de Pérez Jiménez los presos políticos lo eran de hecho, simples secuestrados que entraban y salían de las cárceles a capricho de los funcionarios policiales, pues con muy pocas excepciones no se les sometía a juicio en los tribunales competentes. De modo que se caía preso en un momento determinado, pero no había presunción alguna de cuándo se saldría en libertad.
Lo novedoso del actual gobierno en materia de presos políticos es que se utilizan los tribunales de justicia para mantener en las cárceles a determinados opositores. A tal efecto le inventan al preso un delito común, o convierten en común lo que a lo sumo podría calificarse de falta de tipo político, que en el peor de los casos bien podría sancionarse con unas horas de arresto.
Una modalidad que diferencia los juicios a que son sometidos los presos políticos de los que se sigue a los presos comunes es que, generalmente, los primeros son alargados a propósito mediante artimañas y triquiñuelas jurídicas, en contradicción con la celeridad que la Constitución pauta expresamente para los procesos judiciales de todo tipo. En esta práctica ilegal y canallesca actúan de común acuerdo los jueces venales y los funcionarios, igualmente deshonestos, de la Fiscalía del ministerio público.
Un hecho que demuestra claramente que se trata de presos políticos, por más que se les disfrace de otra cosa, es el ensañamiento que suele tenerse en contra de ellos, como no se ve cuando se trata de presos comunes. Casos emblemáticos son los del periodista Gustavo Azócar y los comisarios Simonovis, Vivas y Forero y un grupo de agentes policiales enjuiciados y sentenciados por los sucesos de abril de 2002. En el caso de los comisarios y los policías el ensañamiento se puso una vez más en evidencia cuando el propio presidente de la República les negó el beneficio de la amnistía por él decretada.
Por cierto, esta amnistía probó que sí hay, o por lo menos ha habido presos políticos en nuestro país, puesto que las las amnistías son precisamente acordadas en beneficio de presos y perseguidos políticos, y no de delincuentes comunes.
Otra evidencia de que los presos políticos de este gobierno sí son presos políticos está en la sistemática negativa, con muy pocas excepciones, de reconocerles el derecho a ser enjuiciados en libertad, como lo establecen la Constitución y el Código de procedimiento penal.
