Opinión Nacional

Puñalada contra derechos del pueblo

La inclusión del Derecho a la Información (Art. 58) en la Constitución de 1999, y a su vez como un derecho vigente en todo tiempo y circunstancia, en el artículo 337 constitucional sobre los estados de excepción, no fue una dádiva ni ocurrencia de alguien; igual ocurrió con la inclusión en ese mismo artículo del Derecho al Debido Proceso, como una exigencia civilista histórica de las luchas del pueblo venezolano por las libertades públicas, el pluralismo y la plena vigencia de los Derechos Humanos, correctamente interpretada por la Asamblea Nacional Constituyente.

Mal puede venir un grupo de parlamentarios sin suficiente legitimidad de origen -con menos del veinte por ciento de respaldo electoral, como ocurrió el 4 de diciembre de 2005-, a madrugarnos con un zarpazo anti-histórico que nos dejaría nuevamente ante la posibilidad de la imposición de la odiosa censura informativa y la abusiva detención indiscriminada de personas, a propósito de algún estado de emergencia, sea de naturaleza política, económica o natural, a lo interno, o por amenaza de conflicto internacional.

Lamento que varios colegas periodistas en funciones parlamentarias o de gobierno y en ejercicio profesional, partidarios del autocratismo oficialista, se hayan plegado a esta barbaridad agregada al bodrio constitucional propuesto por el presidente Hugo Chávez Frías, el pasado 15 de agosto. No quiero personalizar el asunto refiriendo nombres, porque carece de sentido y evito la maniobra de la “antipatía” o “enemistad personal”, tan en boga en esta década de descalificaciones y desconsideraciones insólitas e inaceptables. Así mismo, reconozco la valentía de quienes, desde la acera gubernamental, se han pronunciado por la permanencia en el 337, del Derecho a la Información como garantía democrática inamovible en todo tiempo y circunstancia.

¿Cuál es el problema?

Erradicando el Derecho a la Información y el Derecho al Debido Proceso del 337, las y los parlamentarios proponentes y aceptantes, al menos a nivel de la Comisión Mixta de la Reforma Constitucional , han hecho gala de su vocación represiva y antidemocrática, dentro de un marco autoritarista y autocrático, que es lo que, a fin de cuentas, caracteriza al bodrio constitucional en discusión: ultra concentración del poder en la persona del presidente Hugo Chávez Frías, a quien ellas y ellos (parlamentarios sin suficiente base de legitimidad de origen ni prestancia política propia) alaban y adoran como líder único e insustituible de la nación venezolana.

La intención no es graciosa ni inocente. Ya se había conocido mediante la publicación periodística ( El Nacional y El Universal) de algunos papeles secretos de la reforma, inmediatamente desautorizados por el mismísimo Chávez, quien astutamente prefirió reducir su bodrio a 33 artículos y dejar el subsiguiente trabajo tras bastidores a sus agentes parlamentarios, quienes debieron dosificarlo y disfrazarlo de “parlamentarismo de calle” y otras sandeces propagandísticas sectarias y excluyentes. Todo bien cuadrado, calculado, porque si se atrevían a presentar de una sola vez la colosal brutalidad de sus reales intenciones reformistas, ya el país estuviese paralizado y (no lo deseo, como lo he escrito) tal vez incendiado por los cuatro costados.

El problema es que sus vasallos parlamentarios no tienen fuerza ni representatividad en la opinión pública, ni siquiera en el campo del chavismo, entre otras cosas, porque el mismo Hugo Chávez los ha ubicado en su justa dimensión: les da órdenes, los amenaza, los descalifica, como todo el mundo percibe, los utiliza a su antojo y castiga; si no, que lo diga el defenestrado Francisco Ameliach, quien por pronunciar una frase, fue destituido de sus tres cargos de miembro de la comisión promotora del PSUV, presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional y coordinador de la fracción parlamentaria del PSUV, de un soplido. Estos parlamentarios y parlamentarias que tenemos, le temen y le tiemblan a su jefe único, como en tiempos de Marcos Pérez Jiménez y Juan Vicente Gómez, quienes también tuvieron sus parlamentarios, por otras vías y en otras circunstancias, pero igual de sumisos y carentes de personalidad política propia. Este rasgo de sumisión parlamentaria es parte esencial del problema que vivimos, porque además quieren cantar como gallos.

Antecedentes Históricos

En la Constitución de 1961, no existía el Derecho a la Información. Su artículo 66 resguardò el Derecho a la Libertad de Expresión: “Todos tienen el derecho de expresar su pensamiento de viva voz por escrito y de hacer uso para ello de cualquier medio de difusión, sin que pueda establecerse censura previa…”

En el texto constitucional de 1999, afortunadamente (y en contra de no pocos propietarios de medios de comunicación social, indistintamente de si apoyaban o no al nuevo gobierno), ese derecho fue vigorosamente ampliado en el artículo 57: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura…” Y como desarrollo y complemento inextricable fue establecido -nueva cultura promovida desde el gremio periodìstico venezolano en sus luchas contra las arbitrariedades del poder- en el artículo 58: “La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación…” En este caso 57 y 58 son uno y mismo artículo, un verdadero compendio de libertad, pluralidad y respeto a la diversidad humana, un pivote de la cultura y los derechos democráticos de todos los venezolanos y venezolanas, independientemente de sus credos, ideologías, afinidades políticas o condiciones económicas, sociales, étnicas y culturales. Siempre en plural, y no por casualidad o dádiva de algún magnánimo gobernante.

Ambas previsiones constitucionales son producto de los desarrollos democráticos de Venezuela, contra el militarismo, las desviaciones y el abuso de poder en democracia, la exclusión y el sectarismo fratricida, caracterizados por la supresión de la libre expresión del pensamiento y el derecho a la información del pueblo y la violación flagrante de otros Derechos Humanos como el de la libertad individual de las personas y el respeto a su integridad física y mental (derecho a la vida, prohibición de la tortura, debido proceso, etc.).

Sus antecedentes venezolanos inmediatos los tenemos, dolorosamente, en los acontecimientos del 27 de Febrero de 1989 y las rebeliones militares de Febrero y Noviembre de 1992, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez tomó de las dos vertientes indicadas, violando masivamente los Derechos Humanos y censurando a los medios de comunicación social. Aunque esas inaceptables violaciones de los Derechos Humanos son de largísima data en Venezuela (Puntofijismo, Perezjimenismo, Gomecismo, Castrismo, sólo en el siglo XX, para no bajar a los rangos de nuestro siglo XIX, a partir de 1830), fueron las últimas experiencias vividas por nuestro pueblo las que inocularon finalmente, hacia 1999, la dignidad de los seres humanos como esencia de nuestra vida civilista. Esto deben recordarlo los proponentes y aprobantes de este insólito atropello anti-histórico, quienes se llenan la boca hablando de “pueblo” y “justicia”, en medio de su robolución petrodolarizada, gozosos del abuso de poder y del enriquecimiento personal acelerado que les ha garantizado su jefe único.

La experiencia de “Las Malvinas”

No quiero cerrar, sin referir la experiencia mundial durante la “Guerra de las Malvinas” (1982) entre Argentina y Gran Bretaña. En aquellas duras horas bélicas, los periodistas de la “BBC de Londres” (nada qué ver con las venezolanas “RNV” y “VTV” , descaradamente al servicio del sectarismo chavista) se empeñaron en divulgar los partes de guerra de su país, y también los de Argentina, lo que quiso censurar la primera ministra Margareth Tatcher (“ La Dama de Hierro”), ante lo cual nuestros colegas ingleses protestaron, fueron a las instancias judiciales y ganaron un amparo a sus derechos y deberes profesionales al servicio de la verdad informativa para el pueblo inglés y la opinión internacional. Claro, eran tiempos en que algunos voceros periodísticos del chavismo actual, andaban junto con todos nosotros voceando la independencia de los periodistas frente a gobiernos y dueños de medios, con base en exigencias éticas que incluyen sobre todo, los derechos de nuestro pueblo a estar veraz y oportunamente informado y a expresar libremente sus (plurales) pensamientos.

Fundado hace 25 años, Analitica.com es el primer medio digital creado en Venezuela. Tu aporte voluntario es fundamental para que continuemos creciendo e informando. ¡Contamos contigo!
Contribuir

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar
Cerrar
Botón volver arriba