Opinión Nacional

Puntofijo y La Esmeralda

El pacto de Puntofijo se suscribió — o se formalizó como prefiere decir uno de sus más conocidos signatarios, el ex-presidente Caldera — el 31 de octubre de 1958. Poco más de 43 años después, el 5 de marzo de 2002, acaba de convenirse el llamado Acuerdo Democrático, o Pacto de La Esmeralda para nombrarlo con sentido periodístico.

Afirmar, como lo han hecho Chávez y Diosdado Cabello, que el segundo es una reedición del primero, no es más que una necedad propia de esos personajes. Pero no lo es menos decir que uno no tiene nada que ver con el otro. Haciéndole honor a la escurridiza objetividad, bien podría señalarse que el vínculo entre La Esmeralda y Puntofijo no se entiende tanto por sus semejanzas sino por sus diferencias.

Puntofijo fue un acuerdo de «unidad y cooperación» entre partidos políticos, a saber: Acción Democrática, Copei y URD. Al cual, por cierto, se adhirieron las organizaciones representativas en el sector social y económico. La Esmeralda, exactamente al contrario, es un entendimiento liderado por organismos laborales y empresariales, léase CTV y Fedecámaras con la bendición de la Iglesia, que seguramente incitará la adhesión de casi todas las toldas partidistas, sin que falte el ala miquilenista del MVR.

El pacto de 1958 se suscribió después de la caída del régimen perezjimenista, mientras que éste se ha firmado antes de una eventual conclusión anticipada del régimen chavista. Más aún, el postulado tercero de La Esmeralda expresa textualmente que «los principios básicos de la actual Constitución y las libertades que consagra constituyen el horizonte del acuerdo».

Puntofijo tuvo el respaldo entusiasta del gobierno transitorio que ejercía la autoridad del Estado en aquel entonces. La Esmeralda ha sido caudalosamente insultada por parte de quienes hay controlan las funciones gubernativas. El dueño de Miraflores, sin ir muy lejos, no ha dejado de desempolvar la cantaleta de las «cúpulas podridas» para referirse a la propuesta.

Así mismo, el Pacto de Puntofijo se concibió, sobre todo, para darle entrada al sistema democrático, y fue acordado para un período de gobierno: el quinquenio 1959-1964. El Pacto de La Esmeralda fue ideado, también sobre todo, para darle salida democrática a una situación de franco retroceso autoritario. No es un convenio entallado a un gobierno específico sino para darle aliento, ¡oh paradoja!, a la Constitución «bolivariana».

A pesar de éstas y otras diferencias entre ámbas iniciativas, no puede negarse la existencia de al menos una conexión entre Puntofijo y La Esmeralda. Hoy, como hace 43 años y pico, la mayoría del país necesita levantar la cabeza sobre el plazo inmediato para tratar de asegurar la gobernabilidad democrática de mediano y largo alcance. En el 58 la legitimidad descansaba en los partidos políticos y en el 2002 el movimiento social se ha venido renovando a través de fuerzas laborales, cívicas, económicas y gremiales.

Los diez postulados del «Acuerdo Democrático» son genéricos, es cierto, pero al fin y al cabo como dice Teodoro Petkoff deben ser entendidos como un punto de partida y no de llegada. Al respecto, el papel de la Iglesia venezolana no merece ser despreciado. La presencia protagónica del rector Luis Ugalde en el acto del 5 de marzo es un signo de confianza y solidez.

A la vuelta de más de cuatro décadas, ni siquiera el masivo y belicoso vituperio del régimen chavista ha logrado regatearle a Puntofijo su benéfica influencia para la formación de una cultura democrática en la sociedad venezolana. Los efectos de La Esmeralda, obviamente, están por verse.

Por lo pronto se ha intentado reivindicar el valor del diálogo político con «d» y «p» mayúscula. Con ánimo de transcender el dramatismo cotidiano. Ello es esperanzador y debe saludarse. No pocos temen, sin embargo, que para superar la demencia destructiva que hoy impera se requieran compromisos más concretos. La película está por filmarse pero el meollo del guión ya se puede leer.

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