Opinión Nacional

¿Qué espera la OEA?: ¿ineficacia supranacional o énfasis de la democracia electoral?

La presencia continua de César Gaviria en las reuniones de intento de diálogo entre el Gobierno chavista y representantes de la oposición debería interpretarse como un esfuerzo último y previo a la aplicación de las sanciones previstas en la Carta Democrática de la OEA, en vista de la desviación del ejercicio de una práctica democrática auténtica por parte del chavismo. Tomando en consideración el claro mandato de defensa de la democracia derivado de dicho documento, no podría la OEA justificar indefinidamente la ausencia de sanciones al gobierno venezolano frente a una serie de acciones tendientes al debilitamiento de la institucionalidad democrática. Ejemplos de ello, lo son la intervención de la PM, la cual quebranta de manera flagrante el principio de la separación de poderes, plasmado tanto en la Constitución Nacional como el Art. 3 de la Carta Democrática; y la instigación y apoyo de hordas violentas que atentan contra el fortalecimiento de las organizaciones de participación democrática, lo cual violenta el Art. 5 de dicha Carta.

Sin embargo, a pesar de evidencias tan concretas, la OEA prefiere abstenerse de la aplicación de su normativa y recurre a instrumentos de negociación, que pueden ser irrelevantes frente a la aspiración totalitaria chavista y al desamparo experimentado por la oposición. Veamos uno de los probables motivos que generan esa conducta errática:

1. La noción de legitimidad electoral de la democracia.

El arraigo de la democracia como sistema político prevaleciente en América Latina es un proceso relativamente reciente en la historia regional. Es solo a partir de la década de los 80s que el régimen de libertades democráticas aparece como una mayoría en comparación a la existencia de otros regímenes de expresión política.

De ello se deriva un concepto de la democracia como un fin en sí mismo; como un esquema en el cual la libertad se manifiesta fundamentalmente a través de la elección de representantes mediante el voto popular. Ese concepto se refleja en las bases documentales de la OEA, las cuales han atado de manera permanente los términos “democracia representativa”, dándole un adjetivo a la democracia acertado pero limitante.

Limitante, ya que ha depositado en el proceso electoral, la casi total legitimidad de un gobierno y por ende, convierte esa legitimidad en un elemento estático, el cual una vez concedido debe entenderse como irrevocable. Curiosamente, la Carta Democrática, en su Art. 3, de manera quizás involuntaria, reconoce la existencia de otros elementos legitimadores y adjunta a la democracia, ciertos visos de práctica continua y de constante renovación de esa legitimidad.

Pero esta visión de la “democracia-proceso”, no existe en la concepción del legislador supra-nacional y menos aun en la de los gobernantes regionales, que elegidos, ya no sienten la necesidad de establecer contacto permanente con las aspiraciones populares, las cuales pueden haber variado desde el momento de la consulta electoral.

Por ello, frente al problema venezolano la mayoría de los países de la región han mantenido un silencio inexplicable. La adopción de una noción más efectiva de democracia los podría exponer al cuestionamiento de su legitimidad si acaso su gestión ya hubiese dejado de tener vigencia popular y solo se amparase en el triunfo electoral.

La profundización de este principio no implica un continuo ceder frente al voluble estado de ánimo de las masas, sino una reafirmación constante de la legitimidad mediante el respeto más absoluto e incesante de los fundamentos rectores del sistema democrático: separación e independencia de poderes públicos, respeto de los derechos humanos, apego al Estado de Derecho y tolerancia de la libre expresión.

El caso venezolano representa un reto histórico desde dos puntos de vista: (i) porque se trata del primer caso de aplicación de las disposiciones de la Carta Democrática desde su formulación en Septiembre del 2001 y (ii) porque se constituye en una oportunidad única de abandonar la idea de la democracia electoral en pos de acceder a una versión mas íntegra de lo que ese sistema político implica. Es deseable que así lo entiendan Gaviria y la OEA.

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