Opinión Nacional

¡Qué pena!, la pena de muerte

No soy partidario de la pena de muerte, ni creo, en absoluto, que dicho castigo pueda servir para casi nada. Es más, estoy convencido que únicamente sirve para alterar los ánimos de quienes creen en ella y aquellos otros que no creemos.

Es posible que el primer error haya sido hablar del “derecho a la vida”. Sencillamente, la vida no es un derecho, es la plataforma sobre la que se construyen aquellos. Condición sine qua non para que existan. Los muertos, no tienen derechos. Por tanto, la vida no puede ser incluida en el paquete de los derechos del ser humano, sino que es el valor supremo sobre el que se construyen los mismos.

Desde Ortega y Gasset, quien dibuja este pensamiento, pasando por Ayn Rand, quien termina afirmando que la vida es la fuente de todos los valores y, si uno valora la vida humana, no puede valorar a quienes la destruyen, muchos autores han tratado el tema desde distintas perspectivas: moral, religiosa, penal e incluso como simple estadística. Los argumentos son encontrados, no puede ser de otra forma. Muchas razones amparan a quienes piensan que es una solución, sobre todo al focalizarse en el país en que vivimos, si bien, también otras: inseguridad jurídica, procesos con alta probabilidad de error, investigaciones deficientes y casos manipulados, aconsejan lo contrario. Solo esto último, ya parece suficiente para desechar la muerte como opción.

Sin embargo, un Estado de Derecho es aquel que está conformado, entre otras cosas, por un marco de leyes generales y abstractas que deben ser cumplidas, por todos. No podemos dejar excepciones a consideración ni del gobernante ni de grupos de interés o de presión. Vivimos en un país donde, guste o no (es mi caso), la ley contempla la pena de muerte y, por tanto, esta debe cumplirse, a pesar del razonamiento inicial. ¿Qué hacer, a partir de este aparente contrasentido?. No creo tener la respuesta, pero puedo aportar alguna reflexión. El objetivo final del “sistema de justicia” que compartimos, es la seguridad de que se producirá el cumplimiento de la pena a la que fue condenado el reo. Con esa certeza, es presumible que se acallen muchas de las voces que optan por acabar con la vida de algunos condenados, por muy brutal que haya sido la conducta de aquellos. Es necesario configurar un sistema de justicia que, comenzando por lo último (el cumplimiento de la pena), vaya, progresivamente, ajustando y mejorando todo el proceso. El ciudadano percibirá que, efectivamente, la justicia se produce y, consecuentemente, atenderá otras razones, como aquellas con la que se inició está reflexión u otras que ya han sido utilizadas en distintos foros.

Supone, también, un error achacar la aceptación o rechazo de esta forma de eliminación humana, a la derecha o a la izquierda. Nada que ver con la ideología política. Es más bien un tema de principios, valores y creencias, además de contar con el adecuado entorno que actúe con la suficiente confianza. Sin embargo, nuestros gobernantes juegan entre una aceptación prematura del ejercicio del derecho de gracia y un rechazo a lo que otros no ven bien. Seguimos más preocupados por lo que desean o sirve a los demás que en aplicar la propia lógica e idiosincrasia nacional. Para gobernar es necesario tener las cosas claras, no ampararse ni en lo que diga la internacional socialista ni en juramentos hipocráticos. Si no se sabe, no se quiere o no se puede, el ya fallecido rey Balduino de los belgas, dio un ejemplo histórico de qué hacer. Algo habitual en nuestras conclusiones: el sistema hace aguas.

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