Opinión Nacional

RCTV

El anuncio de que no le será prorrogada la concesión a Radio Caracas Televisión constituye un brutal atropello y una violación de las libertades de expresión y de comunicación consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución.

En mayo del año 2001, siendo diputado al Parlamento Latinoamericano, fui invitado a participar como panelista en el foro «Jornada sobre Libertad de Prensa y Democracia en América Latina» realizado bajo el patrocinio de la Unesco y el Parlamento Latinoamericano.

El tema de la mesa en la cual me tocó intervenir tenía por título «La libertad de expresión y de prensa: entre la legislación democrática y el autoritarismo y la arbitrariedad».

En la mesa participaron también los diputados Ismael Herrera, de Panamá, y Carlos Mahia, de Uruguay, y el Dr. Héctor Oscar Amengual, director general de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR).

En mi intervención dije que el tema de la mesa redonda era muy pertinente y de mucha actualidad. Señalé que precisamente Venezuela es un laboratorio donde se puede analizar el tema de la libertad de prensa desde el punto de vista de cómo hay necesidad de conservarla y protegerla en una situación de ausencia de Estado de Derecho, bajo un régimen que presenta síntomas cada vez más evidentes de autoritarismo y arbitrariedad.

En aquella ocasión dije: «por ahora -empleando la expresión que hizo famoso al «tipo»- en Venezuela la libertad de prensa y la libertad de opinión no han sido suprimidas». Pero señalé que ya para entonces eran frecuentes las acusaciones sobre una supuesta conducta conspirativa de los medios.

Destaqué que en Venezuela los medios son la única tribuna con que cuenta la sociedad civil para expresarse. Dije que las opiniones de analistas, politólogos, economistas, historiadores, sociólogos y hasta militares, vertidas en artículos de prensa, en entrevistas de radio o en programas de televisión, en los cuales se denuncian hechos, decisiones y situaciones relacionadas con la actuación del gobierno y sus prácticas antidemocráticas en ningún caso pueden ser calificadas de actos conspirativos y que sus autores mucho menos pueden ser catalogados de golpistas porque simplemente están ejerciendo un derecho ciudadano que les otorga la Constitución. Reconocí que en algunos casos las críticas al gobierno podían parecer irrespetuosas, pero que ello se debe a que el mismo Presidente ha dado pie para que en Venezuela se le pierda respeto a la majestad de la Presidencia.

Concluí mi intervención invitando a los gobiernos democráticos de América latina y a todas las instituciones nacionales e internacionales a mantener bajo observación el caso venezolano y a estar prestos a defender la libertad de información en Venezuela porque aquí las agresiones contra ese derecho fundamental se llevan a cabo recurriendo a métodos y subterfugios que no son los que tradicionalmente se emplean en otros países. Esas nuevas formas de atentar contra la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de prensa consisten, dije, en tergiversaciones de la normativa legal, mentiras, acusaciones infundadas y argucias de toda índole. A eso hay que agregar ahora los asesinatos de periodistas, reporteros gráficos, los actos de terrorismo contra medios de comunicación, la formulación de imputaciones infundadas contra gente de la prensa acusándolos de supuestos delitos que nunca han sido demostrados. De esa manera se obliga a silenciar a los órganos de comunicación social, a autocensurarse, a cerrar programas de opinión o, como en el caso de RCTV se les coloca encima de la cabeza una amenazadora espada de Damocles.

Internacionalmente el régimen se ufana pregonando, como prueba de que en el país hay democracia, el hecho de que hasta ahora no se ha cerrado ningún periódico ni una estación de radio o de televisión, pero la amenaza contra RCTV es una muestra patente de lo que el régimen es capaz de hacer.

El tono vehemente, inapropiadamente amenazador, desmedidamente agresivo, en una actitud que a todas luces exteriorizaba odio, encono, acrimonia, del «tipo» cuando formuló ante un público integrado exclusivamente por militares el anuncio de que no renovará la concesión a RCTV, conduce a pensar que esa medida constituye apenas una muestra de lo que nos espera a los venezolanos en este nuevo período de mandato presidencial.

También pudiera configurar una advertencia a la FAN al advertir que no le temblará el pulso para borrar del mapa a una institución de gran tradición como RCTV por el solo hecho de considerarla incursa en una conducta golpista.

Y esto nos lleva a preguntar: ¿puede ser golpista una institución, una empresa, un canal de televisión? ¿Acaso el Código Penal venezolano contempla que una empresa como es RCTV puede ser acusada de golpista y ser objeto de una sanción como la que pretende imponérsele? ¿Quién le dio al «tipo» la facultad para acusar, juzgar y sentenciar en un solo acto a un canal de televisión que simplemente ha servido como tribuna para que la sociedad civil se exprese y denuncie los abusos de poder, la corrupción, la prepotencia, la ineficiencia y el autoritarismo prevalecientes en el gobierno?
Por todo ello reitero lo que afirmé al comienzo de este artículo. La medida que se pretende aplicar a Radio Caracas Televisión constituye un brutal atropello y una violación de las libertades de expresión y de comunicación consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional. Además, el Presidente y quienes lo apoyan en esta atrocidad deben tener presente que el artículo 25 de la Carta Magna establece que todo acto que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa.

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