RCTV y los Derechos Humanos en Venezuela

La variación que ha experimentado la democracia a lo largo de la historia, así como de una sociedad a otra, ha hecho que el debate acerca de lo que debemos esperar de ella permanezca vigente. Pero en la actualidad existe consenso suficiente en que la democracia debe ser un régimen que promueva el ejercicio de los Derechos Humanos. Su consecución son los medios y el fin mismo de la democracia. No en vano todos los países que en la actualidad han asumido esta forma de gobierno están adscritos a la ONU, con lo cual suscriben la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Incluso en varios de estos países, como en el caso venezolano, sus Constituciones señalan de manera expresa este compromiso.

No obstante haber asumido tal responsabilidad, en la Venezuela actual se irrespetan abiertamente los preceptos de la Carta Universal, siendo el caso de la televisora RCTV una muestra más de cuán patente es esta situación. El artículo séptimo de la Declaración de los DDHH proclama que todos somos iguales ante la Ley, y tenemos derecho a igual protección contra toda discriminación. Exactamente lo opuesto a lo realizado contra RCTV. La no renovación de la concesión para transmitir su señal se justificaría, según lo sostenido por funcionarios gubernamentales (en su corriente institucional más disimulada), por un cambio en la “política comunicacional” del Estado, y no por una retaliación gubernamental. Llama la atención entonces que al tiempo que expiraba la concesión de RCTV, le era renovada a otros canales de televisión que poseían (y mantienen) una programación equivalente a la del canal saliente (a excepción por supuesto de su línea informativa). La discriminación y el trato desigual son manifiestos. Es muy difícil entender cómo ante una política de Estado no se aplica por igual las mismas decisiones a todas las televisoras.

Ya dejando más en claro sus motivaciones políticas, el gobierno también ha argumentado que el cese a la concesión se debe a la actitud de apoyo que daría RCTV al “golpe de Estado” del año 2002, a la vez que incita al odio social mostrando escenas de violencia política. Es curioso que no se los haya sancionado por haber mostrado las imágenes del propio Chávez, cuando junto con otros militares protagonizaron un golpe de Estado en el año 1992, lo cual es poco más de lo que se le reprocha en la actualidad. Yendo un poco más allá, la misma actuación criticada por el gobierno a la planta televisiva hoy fuera del aire, fue la realizada por la totalidad de los principales canales privados y emisoras de radio, contra ninguno de los cuales se ejecutó medida similar. Esto es aún más inexplicable cuando incluso un reportero perteneciente a dichas cadenas fue premiado con el premio Príncipe de Asturias al periodismo por la cobertura de los sucesos alrededor de Miraflores el 11 de abril, transmisión que el gobierno ha catalogado en infinitas oportunidades de amañada. De nuevo, es palpable la violación al trato igual frente la Ley y la protección ante la discriminación. En igual sentido, si la actuación de la televisora fue delictiva, esta debe ser juzgada y sancionada conforme al marco legal vigente. A este respecto el artículo décimo de la declaración de los DDHH es claro: “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. Sin embargo la televisora fue objeto de una decisión contraria a su continuidad en razón de sus actos, sin haber sido propiamente juzgada.

Otro argumento utilizado por el Gobierno, y quizás el preferido, es que se estaría acabando con la “dictadura mediática” que ejercía RCTV. Este es con mucho el argumento más flojo, y a su vez el que menos resiste un examen a la luz de los DDHH. El artículo décimo noveno de la Declaración establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Con el cese de actividades de RCTV no se hace otra cosa que impedir que un grupo de ciudadanos se reúna y exprese su particular punto de vista a través de los medios que consideran idóneos. En el peor de los casos, si estos ciudadanos fuesen sólo la directiva del canal, a ellos se les estaría violando su derecho, lo cual constituye el propósito contrario del Estado: proteger el derecho de todos, o lo que es igual, el de cada individuo. A este respecto pierde importancia el número de ciudadanos, y sobre todo, su condición (principio de no discriminación). Lo mismo valdría para una comunidad indígena de pocos habitantes, un grupo amas de casa o una asociación de empresarios que quisieran agruparse y transmitir sus creencias, opiniones y formas de vida. Lo que el gobierno ha hecho es parcializarse por un determinado sector para que se expresen, vulnerando el derecho de otros. Esto es inadmisible por cuanto la labor del Estado es la de proteger a todos, y en el caso actual habría bastado con asignarle una frecuencia distinta a la televisora de servicio social que se quiere promover, respetando tanto los derechos de los productores independientes vinculados a ésta como al personal de RCTV.

Como es de esperarse, el efecto de estas medidas perjudica al conjunto de la sociedad, por cuanto la actuación que se permite al Estado contra uno de sus ciudadanos, se le está permitiendo en lo sucesivo contra todos.

La primera víctima de la decisión gubernamental de afectar a RCTV es, como bien lo ha sabido reconocer la opinión pública, la libertad de expresión. El mensaje ha quedado claro para todos: si pudieron sacar del aire a la televisora más antigua y de mayor audiencia del país a causa de su línea informativa, pueden hacerlo con cualquier otra. Esta intimidación constituye otra violación más de los DDHH, en cuya Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión expone en su artículo treceavo:

“La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

El que la mayor parte de los medios de comunicación hayan aligerado o abandonado por completo su crítica al gobierno no es señal de que avancemos hacia una democracia más constructiva, por el contrario es una muestra de cómo existen limitaciones ciertas a la libertad de comunicar lo que se piensa, y de una aceptación pasiva a lo que decida el régimen.

Pero si pudiese jerarquizar en gravedad la violación de alguno de los artículos de la Declaración de los DDHH, tendría que convenirse que la mayor pérdida se ha dado el propio principio rector de la Declaración, su artículo primero:

“Todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

El espectáculo lamentable de afectos al presidente celebrando el cierre de RCTV, en una fiesta promovida y organizada por el propio gobierno, recuerda a los castigos infligidos a los judíos en la Alemania Nazi, donde se les humillaba públicamente sometiéndolos a trabajos denigrantes frente a la mirada socarrona de los transeúntes. ¿Exactamente qué estaban celebrando estas personas? ¿El que un sector importante de nuestra sociedad se quedara sin lo que considera un medio de expresión que lo refleja, el que a una particular postura ante el gobierno fuese acallada y que cada vez más se escuchen sólo sus propias voces, el que miles de personas se quedaran sin sustento, o el que el gobierno pasara sin compasión su aplanadora sobre sus enemigos? En cualquier caso no fue una sociedad que mostraba sus atributos más loables, como el entendimiento, la solidaridad, la convivencia, la racionalidad, la colaboración, o incluso la piedad. Lo que se vio fue a una masa ebria de victoria dispuesta a pisotear a su contrincante hasta anularlo. Para quienes encabezan el gobierno existe una guerra contra todo lo que se oponga a sus fines (recuérdese: patria, socialismo o muerte), y no dudan en utilizar las instituciones del Estado como instrumentos de esa lucha, las cuales lanzan contra el “enemigo”. Lejos quedan las nociones de fraternidad, igualdad y dignidad. Para el gobierno quienes les somos opuestos no calificamos como seres humanos.