Opinión Nacional

RCTV y políticas públicas

Existen sobrados argumentos técnicos sobre el derecho y la economía del uso del espectro radio-eléctrico que deberían ser expuestos públicamente e introducidos ante las instancias nacionales e internacionales. Estos argumentos dejarían en descubierto que el espíritu que fundamenta las leyes que regulan las telecomunicaciones, las cuales han sido aducidas para justificar el anuncio de la decisión por parte del Ejecutivo Nacional de la no-renovación de la concesión a RCTV, se estaría violando.

Reiterativamente se ha invocado, por representantes de ambos “bandos”, que la ley asistiría la medida anunciada por el Ejecutivo. Solo una lectura literal de las normas, sin entender el trasfondo normativo que justifica el entramado legal, mantendría la postura anterior.

Lo cierto es que la estructura normativa de las telecomunicaciones y del otorgamiento, uso y explotación de la concesión del espectro radioeléctrico se encuentra fundamentada en objetivos y metas normativas, que se estarían violando si se produjera la no-renovación de la concesión. Eficiencia, oportunidad y pluralidad, entre otros serían algunos de los objetivos dejados a un lado si la decisión de no-renovación se concretase.

En específico, la no-renovación de la concesión implicaría los siguientes problemas de naturaleza regulatoria de las telecomunicaciones y de pérdida de beneficio social:

1.- Empresa Privada versus Empresa Pública: Ante la existencia de un multiplicador de la restricción presupuestaria nacional tendiendo a cero, explicado por una ilusión rentista-petrolera, la explotación pública del espectro radioeléctrico podría implicar un despilfarro de fondos públicos, con su respectivo costo de oportunidad para los venezolanos en temas de educación, salud, infraestructura e inversión pública. De igual manera, esta acción podría ser evidencia de captura del Ejecutivo por parte de buscadores de renta (rent seeking), especialmente cuando se conoce el importante valor de la concesión y del negocio de una televisora.

2.- Perdida de Eficiencia Económica ante la medida anunciada: Las teorías y modelos desarrollados por Jean-Charles Rochet, Jean Tirole, Richard Schmalensee y David Evans de Plataformas y Two-side Markets explican y demuestran que la razón de ser de una empresa del tipo plataforma, como los canales de televisión, encuentran justificación social cuanto mayor es su nivel de audiencia, anunciantes clientes y proveedores. De igual manera, por medio de un análisis del market-share y por medio de un análisis utilizando el modelo de diferenciación de producto de Hotelling y Salop podría representarse la pérdida de excedente del consumidor o pérdida de utilidad para la población venezolana o la audiencia televisiva ante la desaparición del canal de su preferencia.

3.- Una vez que sea tomada la medida de no-renovación de la concesión se producirá una pérdida del valor del uso del espectro radioeléctrico, así como del valor del capital humano asociado con los actuales administradores de la concesión del espectro radioeléctrico (RCTV). Así las cosas, se producirá un destrucción de valor en el sector de las televisoras.

4.- La medida podría ir asociada con una pérdida patrimonial y fiscal del Estado. La primera fuente de pérdida fiscal se deriva de una explotación alternativa sub-óptima del espectro radio-eléctrico actualmente utilizado por RCTV y por tanto una recaudación fiscal menor. La segunda fuente, provendría del hecho de no entender que la administración de las concesiones por parte de Estado, una vez puedan representar un essential facilities y ante su escasa oferta, debería responder a un diseño de política pública que incentive la competencia por el mercado. Así, un juego de subastas, con seguridad sería ganado por el explotador eficiente del espectro, en este caso RCTV. Sería ingenuo pensar que no ha existido una importante curva de aprendizaje del negocio por parte de RCTV a lo largo de los últimos 53 años. El otorgamiento discrecional y sin prestar atención a este mecanismo de subastas o al menos un mecanismo equivalente, podría constituir una pérdida de ingresos fiscales para el Estado, producto con seguridad de captura del Ejecutivo por parte de grupos de poder y por la búsqueda de objetivos políticos distintos a los que deberían prevalecer en una política y regulación responsable de las telecomunicaciones.

5.- La definitiva toma de decisión de la no-renovación de la concesión ignora la existencia de políticas públicas hacia el sector si efectivamente lo que preocupa son la existencia de barreras de entrada para los proveedores de contenido. Así las cosas, existiendo políticas alternativas para reducir este tipo de barreras de entrada, no se justifica la medida anunciada ya que implicaría más costos que beneficios para la sociedad venezolana, en beneficio de una parcialidad.

6.- Existen pocos sino nulos argumentos en favor del uso público o por parte del Gobierno del espectro radio-eléctrico utilizado actualmente por RCTV. La rápida proliferación de canales públicos y del Estado constituye de plano una desproporción a favor de lo público y de la visión de los actuales administradores del poder Ejecutivo. Lo que debería buscarse es mayor eficiencia en el uso público, gubernamental y del Estado del espectro radio-eléctrico que estos explotan en la actualidad. Los canales públicos y del Estado deberían ser mucho más responsables y plurales a la hora de reducir las barreras de entrada para nuevos proveedores de contenido (lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava). La medida anunciada lo que generará es, que un buen nicho de audiencia sea desatendida, lo que implicará una pérdida de utilidad en términos sociales. La consecuencia real de la medida anunciada es una mayor concentración de los medios de comunicación en un número menor de manos y de formas de pensar, lo anterior significa que se estarían erigiendo nuevas y mayores barreras de entrada. Así las cosas, se estaría violando uno de los objetivos esgrimidos por el Ejecutivo Nacional dizque democratizar el acceso a los medios de comunicación.

7.- Existe un alto costo de salida de empleados y obreros que laboran en RCTV. La situación de eventual cesantía podría constituir un verdadero drama social, que contradice los supuestos objetivos redistributivos y sociales enarbolados por el Ejecutivo Nacional.

8.- Una vez han sido anunciados los “motivos” para la no-renovación de la concesión y debido a la gravedad de los mismos, así como a la preferencia que debería existir a favor del Incumbent (RCTV), se estaría violando el debido proceso administrativo o incluso judicial, así como al derecho a la defensa (una vez no existe procedimiento alguno abierto por las causas esgrimidas).

9.- Deberían ser considerados los costos hundidos y los costos transaccionales no solo de RCTV sino de todos los agentes económicos y sociales que forman parte del sector de las televisoras y especialmente de aquellas que interactúan con RCTV.

10.- La desaparición de RCTV y el uso alternativo del espectro radio-eléctrico anunciado por voceros públicos, determinaría una altísima concentración de mercado en los nichos que quedarían desatendidos. Así las cosas, el Gobierno nacional estaría promoviendo una política de monopolización en el sector de las televisoras, lo que es contrario al beneficio social de los venezolanos e incluso violatorio de algunas disposiciones constitucionales.

Existen sobradas razones para desligar este conflicto de la pugna política y de poder adelantada por el Ejecutivo Nacional. Sólo si se consideran argumentos técnicos y responsables sobre la regulación de las telecomunicaciones los venezolanos saldremos ganando, de lo contrario el país en su conjunto resultará lesionado y un grupo beneficiado por la venia gubernamental será premiado.

Economista
Master en Economía Industrial
Especialización en el Sector Telecomunicaciones
Universidad Carlos III de Madrid
Experto-consultor en Derecho y Economía de la Competencia y la Regulación
Económica Sectorial

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