Opinión Nacional

Recordatorio a la Asamblea Nacional

La Comisión de Educación ha anunciado al país que someterá a discusión de la plenaria de la Asamblea Nacional el articulado del proyecto de Ley Orgánica de Educación en lo que correspondería legislativamente, como la segunda discusión. Sin embargo, en este momento, en todo el país, hay una polémica sobre el contenido de la propuesta elaborada por dicha comisión y especialmente sobre la forma en que se ha dado el proceso legislativo. Es por ello que, a escasas horas de que inicien las actividades en el organismo legislativo, es necesario recordar a nuestros diputados cuál es su función y solicitar que posterguen la discusión hasta tanto se realice un verdadero proceso de consulta.

La Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución, es la máxima instancia legislativa del país por tanto, a ella corresponde la elaboración de las leyes y hacerlo con la participación de toda la población. Es por esta razón que, entre otras normas, en el artículo 187, numeral 4 de la Constitución vigente, se incluye, entre las obligaciones de esta instancia: “Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia”. Por ello, no esperamos que ninguno de los diputados de este cuerpo legislativo, a esta altura y de la forma en que se ha llevado el proceso de elaboración y discusión del informe para la segunda discusión de este proyecto de ley, asuma que la propuesta está suficientemente discutida y lista para llevarla a su aprobación en plenaria. Ante ello, explicamos al país y a la Asamblea Nacional, 2 razones para postergar la discusión en plenaria y abrir una verdadera consulta nacional. Las razones:

  1. 1.      ¿Por qué consideramos que la propuesta no está suficientemente discutida?

La razón es muy sencilla: cuando la Comisión de Educación al inicio de este año anunció públicamente su disposición a retomar el trabajo para la elaboración de la propuesta de Ley Orgánica de Educación, el esfuerzo sólo se quedó en un anuncio. Posteriormente, y por insistencia de diversas organizaciones de la sociedad civil, la comisión abrió un espacio de “consulta” en el que, sin un documento formal que se pudiera tomar como “informe para la segunda discusión”, se citó a las organizaciones que lo solicitaron, a presentar sus puntos de vista sobre lo que debería incluir el mencionado proyecto.

Sólo fue, hasta el 5 de agosto pasado, que en el seno de la comisión se presentó, sin previo aviso y sin brindar a la mayoría de sus miembros la oportunidad de leerlo con detenimiento y anticipación, un documento que, al inicio de la madrugada del día siguiente, se aprobó con algunas inclusiones y modificaciones.

 

El texto resultante de tan atropellante procedimiento, en efecto, no recoge las sugerencias y solicitudes de la mayoría de las personas y organizaciones que participaron en las jornadas de conversación que se realizaron con la mencionada comisión.

De la aprobación de ese texto hasta hoy, el documento se encartó en algunos medios de circulación nacional y algunos diputados dijeron realizar eventos de lo que se denomina “parlamentarismo de calle” en los que, a todas luces, es imposible que se haya debatido el proyecto a fondo y efectivamente, no participó la mayoría de la población interesada.

Por esto, Srs. Diputados, para poder considerar que el proyecto ha sido suficientemente debatido y consultado, es imprescindible que sea “el proyecto”, es decir, el articulado presentado y aprobado en la sesión del 5 de agosto y publicado en prensa este fin de semana, el que se someta a consideración del país. Es sobre ese articulado, tal como lo solicitamos cuando fuimos al conversatorio con la Comisión de Educación –solicitud que fue reiterada posteriormente y hecha también por muchas otras organizaciones sociales- que debe desarrollarse el proceso de consulta.

Por cierto, esta que acabamos de aclarar, es la naturaleza de su misión como diputados de la máxima instancia legislativa nacional, escuchar e incluir a todos, legislar para todo el país y no para una parcialidad específica. Es esa su misión y no, la realización de proselitismo en defensa de una posición específica como se deriva tanto de la actitud que han asumido algunos de los miembros de ese cuerpo legislativo, ni como se deduce de un anuncio contenido en la página oficial de la Asamblea. Efectivamente, en el siguiente enlace: http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=1574&year=2009&month=08&day=11&Itemid=98&catids=127|125|151|143|154 se puede observar un cronograma de actividades “en apoyo a la Ley Orgánica de Educación”.

Srs Diputados, no conviertan este proceso tan importante y delicado para el país, en un festín politiquero, en el que se promueva el enfrentamiento entre venezolanos que tenemos posiciones diferentes sobre lo que debe ser el contenido de la ley. La discusión sobre lo que debe contener una nueva Ley Orgánica de Educación no puede resolverse con una dinámica de pugna entre sectores para ver cuál es el que más pesa o el que mejor se mueve. La elaboración de la Ley Orgánica de Educación no es un campo de batalla. La naturaleza de su misión como legisladores, implica la apertura de ese cuerpo a las diversas posiciones que se expresan en el país y la disposición de elaborar una Ley que recoja los consensos posibles entre la población.

 2. ¿Ese puede ser el articulado que se lleve como informe para la segunda discusión?

Como ya hemos dicho con anterioridad, el proyecto presentado no toma como base el articulado aprobado en primera discusión, tal como se establece en la técnica legislativa. Un informe para segunda discusión debe contener el proyecto aprobado en primera discusión y hacer las modificaciones al articulado propuesto, a partir del ya aprobado. Esta no es la forma que tiene el texto aprobado por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional el pasado 5 de agosto y que se presentará hoy a discusión en la plenaria. Este no es un señalamiento irrelevante, ya que, el texto presentado es sustancialmente diferente al aprobado en primera discusión en aspectos medulares que hacen que se pierda el espíritu y los principios aprobados por unanimidad en el año 2001.

Entre estos aspectos, cabe resaltar que el nuevo texto, implica un cambio en la esencia de la Ley porque el proyecto aprobado en primera discusión es una Ley Orgánica que norma los aspectos de definición y funcionamiento del sistema educativo, y la propuesta presentada el 5 de agosto, es una Ley Marco que contiene unas disposiciones generales y deja el desarrollo de la normativa en manos de leyes especiales. Este cambio es fundamental y no puede dejarse pasar sin una nueva discusión porque cambia el espíritu y la esencia de la norma.

Es por estas razones que reiteramos nuestra solicitud para que se corrijan los desaguisados y se retome el debido proceso en la elaboración de la nueva Ley Orgánica de Educación, solicitud que en resumen se trata de que el texto que se presente como informe para la segunda discusión, se elabore tomando como base el articulado presentado en primera discusión y que, una vez que se obtenga ese texto, el mismo sea sometido a una amplia e incluyente consulta nacional. Para la realización de esa consulta es necesario que, con anticipación se de a conocer el texto resultante y se distribuya el cronograma de consulta al que será sometido, incluyendo los diversos mecanismos de participación que se estipulen para ella. También es imperativo que el lapso para realizar la consulta cuente con el tiempo suficiente para permitir la participación y el intercambio de todos los sectores sociales interesados y de la ciudadanía en general y que los mecanismos sean incluyentes, esto es, que permitan la más amplia participación de los ciudadanos y las organizaciones, garantizando que no exista ningún tipo de discriminación.

Adicionalmente. dada la naturaleza estratégica de la ley que está en discusión, se requiere que no solamente los Diputados de la Comisión de Educación conozcan los diversos puntos de vista que tengan los distintos actores sociales con respecto al texto propuesto, por tanto, se propone que se programen, como parte del proceso de consulta en el marco de la elaboración del informe para segunda discusión, una serie de debates en los que se presenten los diversos puntos de vista y que éstos sean transmitidos por radio y televisión para garantizar su mayor conocimiento y difusión a nivel nacional.

 

 

 

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