Reforma ceresoliana y castrista
El artículo 136 del proyecto de reforma constitucional dice: “El Poder Público se distribuye territorialmente en la siguiente forma: el Poder Popular, el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional (. . .) El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Éste no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población.” Con relación al Poder Popular, de la cosecha presidencial pues no aparece en la Carta del 99, se agrega que éste “se expresa constituyendo las comunidades, la comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, los consejos obreros, los consejos campesinos, los consejo estudiantiles y otros entes que señale la ley.”
La reforma trata de acabar con la democracia representativa y delegativa, para sustituirla por la democracia directa, como si estuviésemos en la Atenas clásica (donde, de paso, a medida que la ciudad fue creciendo, también el pueblo fue delegando en sus dirigentes la representación de sus intereses). Ahora bien, el artículo 156, numeral 35, especifica que entre las competencias del Poder Público Nacional -léase Presidente de la República- se encuentra “la promoción, organización y registro de los consejos del Poder Popular (. . .)” Descubrimos entonces que en realidad el fulano Poder Popular será una creación a imagen y semejanza de Chávez, con lo cual en realidad no será “popular”, sino chavista, ya que si no se es chavista no puede pertenecerse al “poder popular”.
La reforma constituye un nuevo giro hacia la destrucción del voto como expresión de la voluntad popular, instrumento de elección y delegación del poder por parte de los ciudadanos y fuente de constitución de los poderes públicos. Este proceso ha seguido un curso ascendente desde febrero de 1999. Ahora, sin ninguno tipo de ambigüedades, Chávez propone que el país regrese a la época de las cavernas, cuando las sociedades no estaban regidas por normas comúnmente aceptadas y compartidas y el poder se ejercía por la aplicación de la fuerza bruta, sin que mediara ninguna otra consideración. Desde los griegos en adelante, pero sobre todo a partir del Renacimiento, el esfuerzo de Occidente se ha dirigido a regular mediante constituciones y leyes el poder tanto del Estado y el Gobierno como del pueblo, pues este último, al igual que cualquier otro poder, puede desbordarse, ser arbitrario e incurrir en abusos. El poder popular sólo puede ejercerse de manera racional y civilizada dentro de un marco legal acatado por todos, especialmente por la mayoría, y elaborado por los representantes que hayan recibido ese mandato por parte del pueblo.
El enorme desprecio que el teniente coronel Chávez Frías siente por la democracia liberal y republicana, se manifiesta con claridad en ese atropello al sufragio. Los comunistas –empezando por Marx, Engels y Lenin- no creen en los comicios libres para elegir las autoridades públicas, por eso no se preocupan por el tema de la transparencia electoral. Lenin hablaba de “cretinismo parlamentario” para referirse a esos diputados que, escogidos por el pueblo, se dedicaban a elaborar leyes que regulaban la vida social. El “poder popular”, el “poder revolucionario”, según el líder de la revolución bolchevique, tenía que ser ejercido directamente por los proletarios y las masas armadas. Nada de instituciones intermedias. Fidel Castro lo ha repetido hasta el cansancio: elecciones libres ¿para qué? En todos los países comunistas se utiliza el voto únicamente como señuelo. Se le pervierte y degrada hasta transformarlo en una quimera. Por ejemplo, en la isla antillana la gente vota para todo, esto incluye desde una reina de carnaval hasta el jefe del Estado. El pequeño problema reside en que no existen organismos electorales independientes e imparciales, ni se da la libre concurrencia ni la competencia entre candidatos que representen opciones diferentes e incluso opuestas. Ergo, no puede haber pureza en el acto comicial.
La prédica marxista contra la democracia y el régimen de libertades inspira al comandante Chávez desde sus inicios en Miraflores. Como no puede imponer una dictadura sangrienta equivalente a la de los militares que gobiernan desde hace 21 años a Myanmar (antigua Birmania), optó por prostituir el voto a través del control del Consejo Nacional Electoral y, ahora, de la CANTV, plataforma tecnológica que sirve de soporte al proceso de automatización Mantiene la ficción de la democracia representativa para no desentonar con lo establecido en la Carta Democrática Interamericana y con la tendencia dominante en el plano mundial, pero margina a un segundo lugar el Poder Municipal y las instituciones que integran el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo regional, los cuales nacen del sufragio universal. En los territorios federales, los municipios federales y las ciudades federales, el Presidente de la República designará las autoridades respectivas (Art. 16). En términos sencillos: los gobernadores y alcaldes electos a través del voto estarán sometidas a mayores restricciones, especialmente en el área financiera, que en la actualidad, pues serán los funcionarios designados por el primer mandatario en cada territorio, municipio o ciudad federal, quienes reciban los recursos distribuidos por el Presidente a su real saber y entender.
Frente a la democracia representativa Chávez Frías propone la democracia directa, pero sólo con el propósito de encubrir la verdadera finalidad de su reforma: eternizarse en Miraflores y concentrar en sus manos todo el poder del Estado y el control de la sociedad a través de organizaciones “populares” tuteladas por el Gobierno y financiadas por PDVSA. El poder no lo tendrá el pueblo sino el autócrata del siglo XXI. El comandante sigue al pie de la letra los consejos del neo fascista Norberto Ceresole y del comunista Fidel Castro.
