Opinión Nacional

Reforma y Ordenación Territorial

Luego de los anuncios del Teniente Coronel Chávez, en el ejercicio de sus funciones como Presidente del República, al imponer a los responsables de escribir la reforma constitucional los temas que esta debe contener, encontramos una grave confusión cuando se incluye el ordenamiento territorial como tema de reforma, con el cual se pretende como fin último la desaparición de las organizaciones primordiales de la organización republicana, como son los estados y fundamentalmente los municipios. Se habla de la creación de ciudades federales, en un afán de centralizar el poder del Estado en el menor número de instancias posibles, desapareciendo municipios, con el eufemismo que el gobierno estará en manos de una nueva figura, inexistente en la Constitución y sobre la cual ya se legisló, como son los consejos comunales.

La confusión se hace evidente cuando teniendo una figura que sí está establecida constitucionalmente y que en efecto aun requiere de un desarrollo legislativo. Nos referimos a las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, cuyas decisiones serán de carácter vinculante, tal como lo dispone el Artículo 70 de la Constitución, que como instancias de participación ciudadana, debieran tener relevancia fundamental en lo mecanismos de organización local, con fuerza suficiente para hacer valer los derechos ciudadanos en las materias propias de la vida municipal.

Lo que en verdad se ha podido percibir es que este mecanismo de participación valió para reunir a múltiples vecinos en un sin número de ciudades y centros poblados en todo el territorio nacional, sirviendo de instancias para hacer evidente el descontento popular con las políticas de los gobiernos, tanto locales como estadales y con el poder nacional, por lo que fue preferible sustituirlas por formas de organización que pudieran ser controladas por el poder central, lo cual ha venido logrando a fuerza de suministrar recursos económicos a los
consejos comunales, sobre los cuales solo hay un mínimo de controles y dependen del poder central, con lo que solo van conseguir mermar el poder de los municipios, hasta lograr su desaparición.

Pero la confusión más grave está en creer que es lo mismo la ordenación territorial del país que su división político territorial. La ordenación territorial no tiene nada que ver con el número de estados u municipios ni con la creación de nuevas ciudades que pueda haber en el país, esto depende del leyes de organización político territorial, dictas por los Consejos Legislativos Regionales de cada estado, para determinar en cuantos municipios se divide cada estado o bien la Ley Nacional, que determina en cuantos estados está dividida la República. Sin embargo la ebriedad por el poder obnubila a los responsables de dirigir y legislar y se impone a la racionalidad y la lógica del orden jurídico. Esto es una realidad y a ella tenderemos que enfrentarnos si queremos una verdadera democracia popular, participativa y protagónica, que responda a las necesidades de la gente y no a los dictados de un hombre.

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