Robo electoral y Apartheid político

Durante la etapa democrática venezolana ha habido elecciones con resultados polémicos y también gobiernos que obtuvieron victorias solidas y en menos de un mes perdieron buena parte de su apoyo popular. Ejemplos de lo primero son las dos veces que Rafael Caldera fue electo Presidente (1968 y 1993) –en ambos casos por estrecho margen y bajo cuestionamientos, y de lo segundo fue el gobierno de CAP II (1989-1993), cuyo encanto se diluyó en apenas 25 días en medio de un estallido social. No obstante, lo que no había ocurrido jamás, es que un candidato que se suponía ganaba las elecciones con 20 puntos de ventaja a un mes de los comicios, llegara jadeando al final a pesar de todo el ventajismo e irregularidades, obtuviera un resultado oficial tan estrecho que no es reconocido por varios gobiernos ni por la oposición, y asumiera el Poder en medio de una enorme crisis de legitimidad bajo un estruendoso cacerolazo que sonó con igual fuerza en todos los sectores sociales.

Por supuesto, tanto el Gobierno, sus aliados y una parte de la prensa local e internacional, deploran la tesis del fraude y cuestionan que no se reconozca el resultado oficial del CNE, pero hay demasiados elementos que permiten al Gobernador Capriles y a quienes le apoyamos, sostener que las irregularidades detectadas afectaron los resultados y en consecuencia insistir en una auditoría, que de no darse en los términos exigidos, nos conduce hacia la impugnación del proceso.

Para quienes siempre están insatisfechos con los alegatos y nunca ven las irregularidades, he aquí un apretado resumen de un robo electoral que no tiene un solo carril ni un sólo momento, sino que es continuado en su perpetración y que comenzó con la conformación misma del cuerpo electoral, en cuyo seno operan 4 rectoras abiertamente parcializadas a favor del gobierno, y apenas 1 rector que más que de oposición, es el único que vela por el respeto a la Constitución.

Es así como, en boca de nuestro propio abanderado, partiendo del elemento crucial del desequilibrio informativo, tenemos que sólo durante los 10 días oficiales de campaña, Nicolás gozó de 65 horas con 10 minutos de cobertura, mientras que Capriles tuvo sólo 5 horas con 44 minutos. Se registró también un uso descarado de recursos, funcionarios públicos y algunos miembros de la FANB, quienes se prestaron para violar la Constitución de manera flagrante, poniéndose al servicio de una parcialidad política. Hubo violencia en 860 centros de votación -en buena parte de ellos (737) se retiró a punta de pistola a nuestros testigos-, mientras que motorizados oficialistas en la calle hicieron campaña abierta por el PSUV o intimidaron a los votantes, así como funcionaron puntos rojos dentro de los 200 mts de exclusión que se habían fijado en, al menos, 1.111 centros de votación. También hay evidencia del abuso del voto asistido, lo cual ocurrió en 1.000 centros e involucró a cientos de miles de personas, a pesar de que el CNE estableció que era sólo para personas mayores que no pueden valerse por sí mismos, los invidentes y los discapacitados. De igual forma hubo más de 10.000 llamadas de denuncias ese día al Comando Simón Bolívar y se reportaron 535 máquinas dañadas.

Ahora bien, más allá de todo esto, lo cual de por sí es suficiente para cuestionar cualquier elección, surgen también con fuerza elementos que no tienen lógica. Por ejemplo, en 1.176 centros de votación Nicolás sacó más votos que Chávez –lo cual no se lo cree ni Cilia-, y en 39 sacó 100% de los sufragios –lo cual es simplemente inexplicable. Pero este tipo de cosas sólo se podrán aclarar revisando exhaustivamente los cuadernos de votación y teniendo acceso a la data del SAI, a lo cual el CNE por ahora está negado, ya que sólo así se podrá determinar si hay huellas repetidas, si los fallecidos que permanecen en el registro aparecen votando, y si hay electores que usan dos o más cédulas de identidad. Pretender una auditoría electoral sin acceso a estos elementos, es como auditar una empresa sin acceso a las facturas y los libros de contabilidad.

Frente a esto, este gobierno que nace con plomo en el ala, responde tratando de cubrir su déficit de ilegitimidad con miedo, el cual genera a través una represión brutal en las calles, despedidos masivos en los órganos públicos y la criminalización de la disidencia. Todo ello además haciendo un uso brutal de su poder comunicacional para imponer su versión de los hechos, torcer realidades e inventar mentiras. En ese cuadro Ernesto Villegas se ha ido convirtiendo en el Joseph Goebbles del s.XXI, y acusa de fascista a la alternativa democrática. Con esta actitud el Gobierno sólo cierra las puertas del diálogo y agrava la crisis política.

Pero la crisis no es sólo política. A este cuadro nada sencillo de ilegitimidad, se suma el patético cuadro socioeconómico en que está sumido el país. Desde que Nicolás asumió la presidencia como encargado de manera írrita hasta hoy, han muerto más de 5000 venezolanos en manos del hampa, la crisis eléctrica se ha profundizado y según el mismo Jesse Chacón la gestión de Argenis Chávez fue ineficaz y corrupta, la moneda ha sido devaluada dos veces y no hay acceso a los dólares para importar, el aparato productivo interno sigue en picada, la escasez de bienes se profundiza -con especial énfasis en alimentos y medicinas- y la inflación aumenta a pasos acelerados.

Conclusión: este gobierno es ilegítimo y la crisis que se desarrolla es muy compleja y de amplio espectro. Lo que mal empieza por lo general termina mal.

Diputado al Consejo Legislativo de Miranda y Sub Sec Gral de ABP

 /// @CiprianoHeredia