Rosales cercado
El asilo de Manuel Rosales representa una demostración más del grado de postración en el que se encuentra el Poder Judicial. Al Alcalde de Maracaibo se le acorraló y se le trató de aniquilar moralmente, luego de que el teniente coronel dijera en octubre del año pasado a través de la TV, que el ex candidato presidencial y líder fundamental de la oposición debería ir preso. A partir de ese momento se activaron todos los dispositivos que permitirían cumplir con el ucase presidencial.
El objetivo de esa orden categórica y arbitraria era demostrar que el comandante posee el dominio absoluto de los poderes públicos, y, por mampuesto, que a los dirigentes de la oposición, además de que se les puede inhabilitar, también se les puede destruir su reputación y encarcelárseles. La jauría desatada contra Rosales fue, en primer lugar, una exhibición de poderío. La oposición, según la perspectiva del autócrata, tiene que ser modosita, respetuosa del orden bolivariano y no plantearse ni por error llegar a Miraflores; de lo contrario, va presa acusada de corrupción o de cualquier otra infamia que se le ocurra al jefe. Los castigos, para que sean tales, tienen que ser crueles, desproporcionados y fulminantes. No deben dejar rastros que permitan que la víctima se recupere.
Cualquier juez que, frente a un opositor o disidente, se atreva a aplicar las normas del Estado de Derecho y del debido proceso, o que se comporte de manera imparcial y objetiva, está condenado a sufrir los rigores de la furia oficial. Los ejemplos abundan. La doctora Yuri López, quien conoció el caso del empresario Eligio Cedeño, tuvo que pedir asilo político en los Estados Unidos al verse sometida a un acoso implacable después de haberse negado a complacer al comandante Chávez Frías, quien aspiraba a utilizar su magistratura para condenar a Cedeño, sin que en el expediente hubiese razones que lo incriminaran en los delitos que se le imputaban. Eligio Cedeño ya lleva más de tres años preso sin que su causa haya sido resuelta. Por supuesto que Yuri López fue sustituida por un magistrado dócil que complació los caprichos del jefe del Estado.
Lo que ocurrió con Cedeño ejemplifica las razones por las cuales Manuel Rosales no podía entregarse a los esbirros. Los órganos del Poder Judicial no imparten justicia. Se limitan a cumplir mansamente las órdenes injustas del teniente coronel. En su caso ya hasta se conocía la sentencia que se le dictaría. Ese es el mismo Poder que permite que 99% de las querellas de los particulares contra el Estado, las gane el sector público. Un verdadero record mundial.
El hostigamiento a Rosales viene a sumarse a las condenas crueles a los comisarios Forero, Simonovis y Vivas y a los agentes de la PM, al presidio durante varios años del general Francisco Usón, a la detención del general Raúl Baduel, a los despedidos de PDVSA quienes perdieron todos sus derechos laborales, sin que hayan contado con un tribunal laboral independiente ante el cual puedan acudir para reclamar los derechos que les corresponde. Forma parte del exilio interno que han debido padecer los incluidos en la miserable lista de Tascón, quienes tampoco han contado con una institución a la cual acudir para denunciar la discriminación de la que todavía son objeto. El Poder Moral se contorsiona de la risa cuando se le eleva una queja.
Para los venezolanos que no comparten el comunismo del siglo XXI no existen tribunales independientes, ni derecho a la defensa, ni debido proceso, ni respeto a los derechos humanos. Lo que sí hay, y cada vez de forma más desembozada y brutal, es el hostigamiento, la persecución y el castigo.
Para intentar ocultar estas iniquidades, el régimen ha activado algunas cortinas de humo. Pretende colocar en el mismo plano casos diametralmente distintos. Uno que puede adquirir cierta notoriedad es el de Juan Barreto. Los desmanes cometidos por este sujeto en la Alcaldía Metropolitana desbordan cualquier descripción de una práctica inmoral. Allí hubo latrocinio del bueno, que puede sustanciarse hasta con la auditoría más benevolente. Ahora bien, por más de los afanes del Gobierno, los casos de Barreto y Rosales son totalmente distintos de tenor y calidad. En Caracas hubo un saqueo perpetrado por un dirigente del PSUV que carece de fronteras éticas. En cambio contra Rosales se puso en marcha una operación de exterminio orientada a aplastarlo y a desmoralizar la oposición.
Si el Gobierno quiere demostrar que la acusación contra Barreto no forma parte de las típicas purgas que se desatan contra los miembros de la nomenclatura caídos en desgracia, tendrá hincarle el diente a lo ocurrido en el estado Miranda, pues allí se cometió otro latrocinio. Pero Cabello está más encumbrado que Barreto. Su padrino es más poderoso.
El asilo de Manuel Rosales hay que asumirlo como un momento más de la ya larga lucha contra el autoritarismo. No lo olvidemos.
