Opinión Nacional

Se hizo justicia

Como dicen, la justicia es lenta pero llega. El mejor ejemplo de esto es el caso de Leopoldo López. Desde que, presentó su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta la semana pasada, cuando la Corte Interamericana dictó su sentencia, transcurrieron más de ocho años. Desde que la Corte se abocó al caso hasta la fecha de la sentencia pasaron 4 años.

Durante todo ese tiempo López persistió en su caso con admirable paciencia pero también con inquebrantable fe en la justicia. Su perseverancia ha sido premiada con un fallo que sienta jurisprudencia no solo en relación con la tropelía de que ha sido objeto, sino también a favor de los más de cuatrocientos ciudadanos venezolanos igualmente inhabilitados arbitrariamente por el Contralor General violentando normas expresas de la Constitucion. Pero ese fallo sienta precedente más allá de nuestras fronteras. Beneficia a quienes en otros países han sido inhabilitados para ejercer plenamente sus derechos políticos.

Desde mucho tiempo atrás el régimen había venido anunciando que no acataría la sentencia de la Corte IDH si favorecía a López. Esto significa, por argumento a contrario, que si el fallo hubiera sido desfavorable, los chavistas, comenzando por el führer, estarían felices y bailando en una sola pata, elogiando y felicitando a la Corte por la muestra de objetividad, eficiencia y sabiduría, imparcialidad que habría dado.

Pero lo más insólito es que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia haya tomado posición públicamente, afirmando que «ninguna norma, incluso aquellas suscritas por el país a través de tratados internacionales, está por encima de la Constitución», que «cualquier decisión emanada de la Corte IDH no sería vinculante y que las decisiones de organismos internacionales no invalidan para nada la acción del Estado venezolano y su Constitución».

 

Esta posición, además de constituir un desconocimiento al artículo 23 de la Constitucion de 1999, está en abierta contradicción con lo que dice la sentencia 1942 del propio TSJ en la cual este órgano reconoció que la Constitucion contempla «la posibilidad que puedan transferirse competencias venezolanas a órganos supranacionales, a los que se reconoce que puedan inmiscuirse en la soberanía nacional»… «Existen diversos organismos internacionales de los cuales algunos emiten verdaderos actos jurisdiccionales, mientras otros producen actos administrativos o simples recomendaciones». Señala además la sentencia que «en lo atinente a actos jurisdiccionales, entre esos organismos figuran los Supranacionales, cuyas decisiones de cualquier clase se ejecutan forzosamente en los países signatarios de los Convenios que los crean, quienes al suscribirlos ceden en alguna forma su soberanía y de allí que la ejecución de los fallos sea incondicional».

Además, como debe saber la Presidenta del TS, el 24 de junio de 1981 Venezuela aceptó la Competencia obligatoria de la Corte IDH. Es decir, el país hizo expresa renuncia de su soberanía en lo que respecta a los fallos de la Corte los cuales, por lo tanto, deben ser ejecutados forzosamente, sin más trámites, en Venezuela.

Pero es evidente que aun así el régimen no está dispuesto a acatar el fallo. Ya el führer se pronunció y lanzo la consigna que seguirán y repetirán, como loros amaestrados, sus secuaces incondicionales. Aunque afirmó que no le corresponde pronunciarse sobre los detalles jurídicos de la decisión, dijo: «no vale nada esa Corte. Es un cero a la izquierda, forma parte de las instituciones que sirven al imperio, «el poder imperial -a través de la Corte-IDH- protege a ladrones y a personas que desconocen los derechos humanos».

Para cerrar con broche de oro propuso que Unasur cree su propia Corte de Derechos Humanos. ¡Como si fuera tan fácil y los países de la región estuvieran dispuestos a acompañarlo en una empresa tan compleja, delicada, difícil y, sobre todo, absurda!

Todo esto significa que para Leopoldo López la batalla no ha terminado. Comienza una nueva fase de lucha para obligar al régimen a honrar sus compromisos internacionales. Los venezolanos demócratas debemos acompañarlo apoyando sus esfuerzos para obligar al régimen a cumplir lo decidido por la Corte. Además, el caso de López adquiere magnitud internacional porque los países de la región no pueden permanecer indiferentes ante la soberbia y la fanfarronería de un gobernante obcecado, que convierte a Venezuela en un Estado abiertamente rebelde por su pretensión de desconocer la autoridad del órgano quizás más importante del sistema interamericano. Los gobiernos de las Américas deben presionar al régimen venezolano para que acate la sentencia y advertirle que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben acatarse, cumplirse y aplicarse sin discusión. Además deben decirle, de una vez, que se olvide de la idea de crear un órgano paralelo en Unasur porque que la Corte IDH es irremplazable.

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