Opinión Nacional

Se requiere una nueva política antidelictiva

A raíz del brutal asesinato de la ex reina de belleza, la caricaturista Rayma de El Universal puso, probablemente sin querer, el dedo en la llaga en el tema de la inseguridad cuando en su viñeta del día 10 de enero le endilgó a unas caricaturas de efectivos policiales en actitud de espera el siguiente pensamiento “! Hemos resuelto los últimos crímenes! Ahora esperamos nuevos homicidios para actuar”

Lamentablemente esto es así. Un delincuente puede ser detenido únicamente si es apresado en flagrancia o si es solicitado por los tribunales como consecuencia de la presentación por parte de la fiscalía de pruebas irrefutables y de testigos.

Es decir, por más conocido que sea un delincuente, si no cumple esos requisitos no puede ser hecho preso.

Un triste ejemplo de ello fue el caso del profesor universitario y veterano dirigente político de izquierda, Simón Sáez Mérida, asesinado en una de las carreteras que salen de Caracas y que sobre el particular el diario El Universal publicó la siguiente reseña:

“El jefe policial admitió que los llamados “vikingos” suelen lanzar objetos a la vía e incluso colocan barricadas para provocar que los vehículos se detengan y luego asaltan a los incautos conductores. El comisario Ávila Espinoza dijo que el problema se presenta porque la mayoría de las víctimas no suele formalizar las denuncias. “No podemos procesarlos por flagrancia porque no contamos con agraviados que los identifiquen” señaló.

Es más, en el caso del asesinato de Mónica Spear, transportistas públicos declararon a Ultimas Noticias que en la autopista Valencia-Puerto Cabello actuaban ocho bandas con el mismo modus operandi, identificando los nombres de las mismas.

Mientras no se cambie esa situación, de nada valdrán acciones policiales o sociales. El delincuente siempre buscará y encontrará una zona no protegida o una víctima desprevenida.

Ahora bien, lo anterior ha sido consecuencia de los cambios que se efectuaron en la legislación penal venezolana desde mediados de los años 80, consecuencia de haberse copiado casi al carbón legislaciones y conceptos de los países industrializados, sin tomar en cuenta nuestras propias especificidades y que han traído como consecuencia el incremento exponencial de la delincuencia.

De repente nuestra legislación penal se modificó, llenándose con figuras como los escabinos, las fianzas, los “beneficios procesales”, o con, por ejemplo, leyes que impiden prisión para penas menores a tres años, etc.

LA LEY DE VAGOS Y MALEANTES

Ese fue el caso de la derogación de la llamada Ley de Vagos y Maleantes, que permitía a las autoridades y sin extremar los trámites, cierta discrecionalidad para llevar a prisión a delincuentes reconocidos, bajo el argumento cierto de que la misma se prestaba para abusos policiales.

Esas tesis pueden ser viables en países como los europeos, que poseen una delincuencia que se puede calificar de light, pero no en un país como el nuestro, con una delincuencia “dura”, asesina, que incluye sociópatas y psicópatas, que a diferencia de esos países, habitan en la mayoría de los casos, en barrios cruzados de recovecos, escalinatas, y pasajes estrechos, de muy difícil acceso y control policial, que trafican las drogas libremente y que mantienen a la población bajo el terror de sus armas.

Es que los delincuentes no vienen de Marte, conviven en barrios y urbanizaciones y en la gran mayoría de las veces son conocidos por los habitantes de esos sectores. Pero, ¡vaya usted a encontrar alguien que se atreva a atestiguar en su contra!

Es necesario tener una legislación que permita de nuevo y sin tantos requisitos, el apresamiento de delincuentes reconocidos. Por otra parte, la sociedad tiene suficientes reservas para poder impedir posibles excesos y abusos policiales.

De esta forma serían miles los criminales que pudieran ser retirados de las calles y miles las muertes que se evitarían.

 

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