Opinión Nacional

Seguridad para todos

El pasado martes el candidato presidencial de la alternativa democrática expuso al país las líneas de su plan de seguridad ciudadana, el cual está compuesto por cuatro aspectos estratégicos: prevención del delito, cuerpos policiales, justicia penal y la transformación del sistema carcelario, todo enmarcado dentro del respeto a los DDHH. Se trata de una integral hoja de ruta para convertir a Venezuela en un territorio de paz y tranquilidad.

La prevención del delito, enfocada principalmente para los jóvenes de entre 14 y 28 años, grupo etáreo dentro del cual se concentra el grueso de la violencia, contiene dos ejes fundamentales: fortalecimiento del sistema educativo y la creación de 3 millones de empleos de calidad. El desarme de los delincuentes, la recuperación de los espacios de convivencia y el mejoramiento del alumbrado público, constituyen, entre muchos otros, puntos esenciales para evitar la comisión de hechos punibles. Un gobierno responsable debe adelantarse a la acción de los delincuentes.

Venezuela tiene en la actualidad un déficit cuantitativo y cualitativo de funcionarios policiales preventivos, el cual debe ser obligatoriamente superado. Para ello es imprescindible invertir en seguridad ciudadana. Hoy el presupuesto de la República está completamente divorciado de la primera preocupación de la ciudadanía. Necesitamos funcionarios que le brinden confianza a la población. Policías corruptos no pueden seguir trabajando junto a los honestos.

Las instituciones del sistema de justicia no cumplen hoy con la obligación constitucional de investigar y sancionar los delitos. El plan «Seguridad para Todos» contempla la cero tolerancia frente a la violencia, el crimen y la impunidad. Igualmente, prevé la exclusión de todos los jueces y fiscales del Ministerio Público que hayan tomado el camino de la corrupción. Los organismos encargados de administrar justicia tienen que recuperar la autonomía e independencia que han perdido.

En los últimos años, grupos mafiosos han desplazado al Estado en el control de las cárceles del país. El planteamiento de Henrique Capriles apunta a la solución de este problema en el plazo de un año. En este lapso el Gobierno retomaría la autoridad dentro de los penales, permitiendo la construcción de un sistema que facilite la reinserción social de los reclusos. Sin la complicidad de las autoridades, la hegemonía de los llamados «pranes» tendría sus días contados.

Con el plan correcto y un jefe de Estado comprometido con la lucha contra el crimen, los venezolanos podemos soñar con un país donde el derecho a la seguridad ciudadana sea una realidad.

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