Opinión Nacional

Sombras electorales

A menos de dos semanas de celebradas las elecciones presidenciales una sombra sobre el sistema electoral sigue oscureciendo los resultados electorales.

El mejor sistema del mundo, con toda la exageración bolivariana del caso, le ha costado lidiar con una ventaja que, según la última actualización del pasado 18 de abril, era de sólo 273.056 votos (0,83%), faltando por escrutar en el mejor de los casos unos 99.040 votos.

La última vez que, en lo que va de nuevos poderes, tuvimos unos resultados tan ajustados en consultas nacionales fue con ocasión de la reforma constitucional de 2007. En esa oportunidad el rechazo a la reforma logró 124.962 votos más de los que se votaron a favor. La diferencia porcentual llego a ser de 1,41%, por lo tanto, las elecciones del pasado 14 de abril han sido las más reñidas que ha tenido el país, incluso aquellas donde Rafael Caldera le sacó 0,89% de ventaja a Gonzalo Barrios, es decir los famosos 30.000 votos, que en verdad fueron casi 33.000.

Desde hace mucho, y una vez superadas las novelerías de ciencia ficción sobre el voto automatizado, sabemos que la rendija del voto en Venezuela esta en el mismo lugar donde estaba cuando el proceso era manual. En otras palabras, que la posibilidad de torcer la voluntad del pueblo depende de la calidad del voto, del contexto en el cual se expresa y las condiciones de vigilancia y auditoría que tiene el sistema.

De las distintas situaciones que afectan la calidad del voto, la que de forma directa podría suponer una alteración de los resultados es al momento del cierre de las mesas, en aquellas donde los testigos no están completos, o alguno de los bandos no puede vigilar el proceso con libertad y seguridad; entonces pueden «votar» aquellos electores que no se presentaron.

¿Cuál es la proporción de mesas donde por coacción o situaciones intempestivas eso es posible? Pocas, pero las suficientes como para que cualquier resultado inferior al 1% o incluso un poco más, justifiquen la necesidad de una auditoría sobre el proceso.

Como el asunto relevante a auditar no tiene que ver propiamente con la transmisión de los datos o, incluso, la comprobación del acta impresa con la cantidad de papeletas en las urnas, lo determinante para auditar la pulcritud del proceso consiste en la validación de los cuadernos e incluso la revisión de los electores que votaron tras la constatación de su huella en el dispositivo de activación de la maquina de votación.

Hasta ahora el CNE lo que ha dicho es que van a ampliar la auditoría que consiste en contrastar las papeletas de las urnas contra las actas en 100% de las mesas. Semejante ampliación con toda seguridad no va a demostrar mucho, a menos que el resguardo de las cajas haya fallado. La clave está en comprobar que efectivamente los casi 15 millones de venezolanos que el CNE dicen que votaron efectivamente lo hicieron, y no que una parte mayor a 0,83% de los votos son de calidad sospechosa o claramente fraudulenta.

Como para nadie es un secreto que los procesos de intimidación (motorizados, parlantes, puntos rojos) ocurren recurrentemente en las inmediaciones de ciertos centros de votación, elección tras elección, o que hay centros donde votan casi 100% de los electores, contrariando cualquier lógica estadística, o que en las poblaciones apartadas, fronterizas o con pobladores en condición de extrema dependencia, el voto asistido tiene lugar con bochornosa recurrencia o sencillamente al final del acto, y sin la presencia de testigos, votan por ellos; entonces lo más razonable es que en la presente elección, porque no existe un margen de seguridad, brecha o ventaja electoral que dé certeza sobre los resultados, se deben revisar y auditar los votos a partir de todos los métodos, automatizados o físicos, de que dispone el sistema electoral.

La declaraciones de algunos voceros de poderes del Estado, que tienen que ver con salvaguardar la legalidad de todo proceso público, han sido, con todo respeto, bastante deplorables e indicativas de que por lo visto hay bastante dudas sobre lo que podría arrogar una auditoría que incorpore todos los elementos disponibles para hacerla.

Venezuela va camino a uno de sus sexenios más difíciles desde el punto de vista socio-económico. La muerte del Presidente, quiérase o no, cerró un ciclo político, el cual y por haber sido tan personalista, no podrá ser continuado por ningún gobierno, ni siquiera por aquel que dejó designado.

Ante semejante crisis lo peor que nos puede pasar es transitar este trance en medio de una profunda sombra electoral. La tenemos, y sólo una auditoría valiente y completa podrá otorgar la legitimidad necesaria para superar los problemas que se nos avecinan.

No estamos muy seguros de que en el CNE piensen lo mismo. Todo lo contrario, el poder electoral probablemente terminará haciendo un aguaje de auditoría, una formalidad que cumplir, con la alcahuetería del resto de las instituciones y poderes involucrados. De ser así, tenemos dos conclusiones bastante claras:

1 La crisis económica que atravesamos y que se profundizará en los meses que siguen, no contará con el liderazgo político suficiente para enfrentarla, pudiéndose convertir en una de tipo sistémica; y, 2 Los votos cambian gobiernos en Venezuela, pero con el margen de ventaja suficiente para que la desfachatez no pueda con ellos.

 

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