Televisión de boina colorá
En Miraflores saben y les consta que el principal «obstáculo» de la supuesta «revolución bolivariana» es la autonomía informativa y editorial de los medios de comunicación y, en particular, de los canales privados de televisión. Por eso se han empeñado tanto en amenazarlos y como dice Oscar Yanes: en tratar de desacreditarlos. Pero ahora van más allá.
A los medios audiovisuales los quieren «meter en el corral» a través de la censura hiper-regulatoria y burocrática de la llamada «Ley de Contenidos». A los medios impresos se los confían a la discrecionalidad de «Re-cadivi» para autorizar o no la importación de papel periódico.
De allí que el proyecto de ley presentado por Chávez, Cabello y Chacón no busca «mejorar» la televisión: busca controlarla en función del «proceso revolucionario». No es para proteger a los niños y adolescentes, como alega Desiree Santos, sino para proteger la hegemonía del régimen chavista.
Es un alicate disfrazado de Caperucita. El objetivo central de la «Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión», no es de carácter ético o pedagógico, sino político y más en concreto, sectario y restrictivo.
Así lo confirma, nadie más y nadie menos, que el propio director de Conatel, licenciado Jesse Chacón, al declarar que la aprobación de la ley es esencial para la continuación del proceso (bolivariano). «Es de vida o muerte», agrega dramático el diputado Juan Barreto.
Lo que está planteado con la «Ley de Contenidos» no es una «reforma de apertura y modernización» de la televisión venezolana. Tema, por cierto, de primera importancia para el proceso de reconstrucción democrática que habrá de emprenderse después de Chávez. Lo que en verdad se plantea es la intervención de la industria de la radio y televisión para ajustarla al modelo entubado de los actuales medios del Estado.
Tanto VTV como Radio Nacional son los paradigmas del principal promotor de la «Ley Mordaza». El presidente Chávez a cada rato proclama que se trata del «mejor canal » y de la «mejor emisora» del país. En esa dirección marcharían las restantes 50 plantas televisivas y las casi 400 estaciones de radio, de aprobarse este mandoble normativo.
Máxime ahora que el «jefe único» continúa señalando a la política comunicacional como la «falla tectónica» de su gobierno. Además de anticipar el despido de la ministra Uribe, lo que en verdad interesa destacar es que la «Ley de Contenidos» es una iniciativa muy principal para intentar «corregir» el susodicho desbarajuste.
El razonamiento es elemental: si el problema número uno del «gobierno revolucionario» es la política comunicacional, entonces con ponerle la mano a los medios masivos, se tiene el mandado hecho.
La prioridad de esta «ley democrática», como la define José Vicente Rangel, no está en la protección de la audiencia infantil, o en la segmentación de los horarios, o en la publicidad educativa, o en la producción nacional. La prioridad está en otra parte: parapetear al régimen con una tele de boina colorá.
