Opinión Nacional

Tercera propuesta a la Comisión Económica para la Paz

El sector empresarial suele atribuir a las expropiaciones, inseguridad jurídica, conflictividad laboral y al cambio en las reglas del juego, las causas más importantes que desalientan y alejan la inversión. En momentos en los cuales pareciera que los sectores público y privado empiezan a ponerse de acuerdo para superar los obstáculos que se oponen a la inversión productiva, vale la pena preguntarse: ¿cuáles deben ser los temas claves para construir los grandes acuerdos que permitan impulsar el desarrollo económico y social de la Nación?

A la hora de realizar nuevas inversiones, el capital privado siempre estará más interesado en los niveles de ganancia y rentabilidad. Pero al momento de conceder incentivos a la inversión, el Gobierno pondrá el énfasis en el impacto de estos en la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social. ¿Se trata de objetivos antagónicos o complementarios? ¿Es posible plantearse un objetivo adicional que pueda convertirse en un punto de consenso entre ambas partes? Veamos.

¿Expropiar o democratizar la propiedad?

El precario desempeño de la inmensa mayoría de las empresas estatizadas obliga a repensar la expropiación total y absoluta como vía para socializar la propiedad de los medios de producción y lograr una distribución más equitativa de la riqueza. Pero no cabe en nuestro mapa mental la idea de la democratización de la propiedad para que en una misma empresa puedan convivir los modos capitalistas y socialistas de producción y distribución. Solo rompiendo dogmas de lado y lado, pudiéramos abrirle espacio a una solución en la que coexistan ambas lógicas y se haga innecesario expropiar para demostrar que se está avanzando en la transición hacia el socialismo venezolano.

Con este fin, en la Comisión Económica para la Paz (CEP) pudiera analizarse la propuesta de ofrecer al sector privado un conjunto de incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación productiva, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades tecnológicas e innovativas, etc. a cambio de su compromiso con la democratización de la propiedad. Así, las empresas privadas que quieran tener acceso a estos generosos incentivos públicos, deberían ofrecer en venta al Consejo de Trabajadores un porcentaje (10-20%) del capital de la empresa.

La Bolsa Pública de Valores

La democratización del capital se puede llevar a cabo a través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, la cual diseñaría los instrumentos necesarios para traducir en participación accionaria de los trabajadores, el equivalente monetario de los incentivos de política económica que las empresas recibirían para lograr la reactivación, reconversión y reindustrialización del aparato productivo nacional. La Bolsa Pública tendría la tarea de diseñar una nueva gama de servicios e instrumentos en el mercado de valores, con el fin de propiciar una distribución progresiva del ingreso y reducir los niveles de desigualdad.

Así, por ejemplo, como contrapartida al financiamiento blando que la empresa recibiría de la banca pública, aquella emitiría por un valor equivalente, el monto de acciones que pasaría a ser propiedad del Consejo de Trabajadores, dejando claro que el monto de las ganancias que anualmente corresponda al porcentaje de esta participación accionaria, en lugar de ser repartido como dividendos individuales entre los trabajadores, una parte sería destinada a pagar el crédito con el cual se compraron las acciones, mientras que el saldo sería invertido en la mejora de las condiciones laborales dentro de la empresa (comedor, gimnasio, baños, áreas de recreación y descanso, etc.) y en el financiamiento de proyectos de interés común que contribuyan a mejorar su calidad de vida y grado de bienestar.

Con el porcentaje de ganancias que corresponda a la participación accionaria del Consejo de Trabajadores -incluyendo el rendimiento que se obtenga de sus colocaciones e inversiones-, bien pudieran financiarse las micromisiones sociales en cada empresa. Así, estos recursos sería destinados a sostener el Mercal para los trabajadores de la empresa, la Misión Salud Adentro para toda su nómina, la Misión Vivienda para quienes aún no tengan casa o apartamento propio, la Misión Ribas para los que deseen terminar su bachillerato o la Misión Sucre para los trabajadores que quieran continuar sus estudios universitarios, etc., etc.

Ganar-ganar

De esta forma, la empresa privada comenzaría a participar de manera activa y protagónica en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, y retribuiría al país los recursos públicos que recibe para hacer más rentable su actividad económica privada. A su vez, los trabajadores estarían cada vez más interesados en contribuir al logro del mejor desempeño económico y financiero de la empresa, toda vez que -al convertirse en copropietarios sociales a través del Consejo de Trabajadores- asegurarían que un porcentaje creciente del plusvalor del que antes se apropiaba totalmente su empleador, en adelante será la fuente de recursos para financiar proyectos de interés común para todos los trabajadores de la empresa.

 

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