¿Tiempo de Constituyente?
Alrededor de los años ’90 del pasado siglo en Venezuela se puso de moda, en el plano político, la discusión en torno al tema constitucional y la conveniencia de convocar una constituyente; este planteamiento fue asumido por muchos y, en particular, por algunas organizaciones políticas y algunos aspirantes a la presidencia de la república, entre ellos Chávez.
La constituyente fue la iniciativa política más importante del nuevo gobierno de Chávez y, a tal efecto, el presidente designó una comisión presidencial preparatoria integrada por: Ricardo Combellas, Ernesto Mayz Vallenilla, Hermann Escarrá, Javier Elichiguerra, Oswaldo Álvarez Paz, Manuel Quijada, Tarek William, Ángela Zago, Jorge Olavarría y Angel Lombardi, comisión de muy poca duración y que nunca fue oficializada en Gaceta Oficial.
El proceso Constituyente desarrolló su propia dinámica política y fue asumida por una Asamblea Constituyente, presidida por Luis Miquilena, y con una mínima representación de la oposición, a pesar de lo cual, se dio una amplia discusión que culminó con la nueva Constitución de 1999.
La iniciativa presidencial es incuestionablemente legal pero a nuestro juicio innecesaria, ya que muchos de los artículos a reformar pueden hacerse a través de leyes específicas; pero lo que es inaceptable en la propuesta presidencial es la pretensión de cambiar la naturaleza de la Constitución y la República sin convocar un proceso constituyente.
La reelección del Presidente, contínua e indefinida; la eliminación, de hecho de la propiedad privada; el carácter socialista, mejor sería decir comunista de la República; la subordinación de la Fuerza Armada a un proyecto ideológico-político, hegemónico; la pérdida de la autonomía del Banco Central son algunos aspectos importantes a discutir, pero lo que nos causa mayor preocupación es la conversión de la Presidencia de la República en un verdadero trono imperial con poderes y atributos casi absolutos que, en la práctica, le va a permitir al Presidente de la República intervenir e interferir prácticamente en cualquier aspecto de la vida nacional y personal de cada ciudadano.
Desaparece de hecho el Municipio, cuando se establece que “las comunas serán las células geo-humanas del territorio”. Igualmente se elimina de hecho, el sufragio como expresión del poder soberano cuando se dice textualmente que “el pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Este no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”.
Con esta mal llamada “reforma”, la República Civil y democrática desaparece sustituida por un Estado centralista y centralizador en la figura presidencial dejando en la intemperie de la indefensión legal al ciudadano y a la sociedad. Las personas son obligadas a una socialización-colectivización despersonalizadora y fuertemente limitante de la libertad de cada quién. Para ello se encargará el sistema educativo ideologizado y todo un sistema de propaganda mediatizadora.
El objetivo final de esta reforma es un pueblo sumiso y una sociedad atemorizada y controlada y un poder personal autocrático y profundamente antidemocrático, legal y técnicamente la “reforma” constituye un golpe de Estado constitucional a menos que se plantee o discuta en un nuevo proceso constituyente y se apruebe en un proceso de consulta popular inobjetable, y para ello sería preciso nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, incuestionablemente imparcial y estricto cumplidor de la ley electoral vigente.
Si Chávez confiara de verdad en el pueblo y en la Constitución, debe convocar un proceso Constituyente; de no hacerlo nos toca a los ciudadanos, de acuerdo al artículo 348, de la Constitución vigente, en su parte final, que permita asumir la iniciativa Constituyente.
Según las encuestas el NO es mayoritario, pero hay que apuntalarlo y organizarlo. No es el momento de discutir si votar o no votar, estamos en el momento de la unidad necesaria, incluido los sectores que apoyaron o apoyan a Chávez. Las garantías electorales son vitales; sin ellas no hay otra alternativa que activar el proceso constituyente tal como lo presenta la constitución y evidentemente exigir un nuevo e imparcial Consejo Nacional Electoral (CNE).
