Opinión Nacional

Toponimia política

La denominación oficial de los espacios públicos cuenta con una insospechada importancia política, pues no sólo constituye un formidable recurso de sostenimiento de los regímenes, aportando a su constante legitimación, sino tiende a versionar la memoria histórica que una sociedad determinada cultiva o dice cultivar. Tardíamente, el Presidente Chávez tiende a bautizar o rebautizar los espacios públicos, aunque deba insistir frecuentemente por ello, pues reciente y públicamente reclamó que la identificación del parque del oeste en Caracas se mantuviera como “Jóvito Villalba”, aunque estaba decidido el de “Alí Primera”, algo que evidentemente no sucedió con el cambio inconsulto de la denominación “Menca de Leoni” para una urbanización cercana a Caracas.

La toponimia, disciplina relacionada con el origen y supervivencia de los nombres de lugares, frecuentes portadores de los datos de carácter neohistóricos y antropolingüisticos, permite orientar a rurales y urbanos, pero –sobre todo- a valorar el afán de trascendencia de los gobiernos, de acuerdo a la literatura especializada. Ha servido para el uso y el abuso de los diferentes gobiernos nacionales y municipales que tienden a romper la habitual denominación popular, a favor de otros que los beneficien.

Observa el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar que la disciplina, una rama de la onomástica, permite la localización y el desplazamiento de las personas, así como la representación gráfica del territorio, entendiéndose ésta instancia del Estado como ejecutor de las políticas y acciones orientadas a garantizar la conservación, resguardo y difusión del Patrimonio Toponímico de la Nación, de acuerdo al artículo 99 de la vigente Constitución de la República. E, igualmente, anuncia un Plan Nacional de Densificación Toponímica del Espacio Geográfico Venezolano en 2003, de interesantes y loables objetivos, necesitado del conocimiento, seguimiento y aportes de todos los venezolanos No obstante, en atención a las características expresas y tácitas del gobierno presidido por Hugo Chávez, luce aconsejable prever esos posibles abusos en los que pudiera incurrir en la materia, a la vez de contribuir a un ordenamiento que facilite las labores de la citada institución, resguardando su sentido de entidad de Estado.

En efecto, el topónimo o nombre geográfico, identificación particularizada de un lugar, se sirve de sendos referentes naturales o culturales, formales e informales, vinculados necesariamente a la memoria histórica. La dificultad estriba en los intereses simbólicos del gobierno central y en el ámbito de la competencia para fijarlos, consolidando lo que puede llamarse el poder toponímico del Estado.

Así, por una parte, podemos conocer del artificio de las nuevas denominaciones para el bautizo o rebautizo arbitrario de los espacios públicos, sin atender a un mínimo de exigencias que comprometan la memoria histórica y, por tal, compartida de todos los venezolanos. Y, por otra, tradicionalmente los municipios son los que regulan la nomenclatura de las áreas de su jurisdicción, pero el resultado de los próximos comicios regionales y municipales, habida cuenta de la frágil división de los órganos del Poder Público, recomiendan una mayor atención al ejercicio del poder toponímico. En consecuencia, no basta una simple exhortación para que ese ejercicio sea conciente, serio y responsable.

Puede definirse el poder toponímico como la facultad de nombrar los lugares que contribuya a construir, sistematizar y reforzar un conjunto de símbolos y significados en el que tiene interés el Estado, a objeto de legitimarse. Si fuere democrático, para la denominación cultural de los espacios públicos tendería a sustentarse en aquellas referencias que tuviesen la mayor aceptación posible y, por lo general, es la memoria histórica la que provee una mejor y más consensuada nomenclatura.

Entonces, el pasado suele constituírse en un punto de encuentro cuando se trata de dar algún nombre –simultánea evocación e invocación- a un lugar. Consabido, no hay memoria sin conflicto, y prontamente lo adivinamos como manifestación de la otra polarización (simbólica) que intentará el régimen con vista a los resultados electorales.

Todo esfuerzo de transformación social, económica y política, o que se diga tal, frecuentemente está acompañado de otro destinado a nombrar o renombrar el mundo, para exaltarse a sí mismo. Ciudades, avenidas y calles de Rusia y otras naciones de Europa Oriental recuperaron viejos nombres que también pertenecen, identifican y suscitan viejos regímenes y remembranzas, pero en el caso venezolano la tarea devendrá ociosa en una suerte de contrapunteo entre la interpretación del pasado y la del presente, ambos naturalmente vivos.

Materia nada despreciable, la plataforma unitaria de la oposición debe considerarla en una futura gestión para realzar los valores de la democracia y de la libertad, pero no deberá incurrir en el capricho presidencial de poner y de quitar nombres, porque sólo sería admisible cuando se trata de los nuevos espacios y edificaciones. E, incluso, si cupiera llevar el nombre de alguna personalidad, considerar realmente sus méritos y las décadas de su desparición, entre otros requisitos.

Biblioteca Nacional

Anunciado recientemente, Fernando Báez es el nuevo director de la Biblioteca Nacional o – para ser precisos – presidente del instituto autónomo que rige la materia. Autor de títulos especializados, ojalá pueda agotar todos sus esfuerzos por reconstruirla, porque – usuario de toda la vida de las bibliotecas públicas – no hay una generosa, seria y eficaz oferta para el estudiantado – sobre todo medio – y, además, la sede del Foro Libertador sirvió excesivamente al proselitismo oficialista, perdiendo la prestancia de otras épocas, por no referirnos concretamente – por ejemplo – al panflerismo que sustituyen los estantes otrora llenos de sobrias publicaciones extranjeras, o a la preservación de nuestro patrimonio hemerográfico (avinagramiento de “El Universal” de los años cincuenta), como ha ocurrido con la gestión de Arístides Medina Rubio. Creemos que, en una república democrática, el tema debe estar alejado de todo interés inmediatista de naturaleza político-partidista, conviniendo en que todos – oficialistas y opositores – debemos luchar por conservar y desarrollar una institución de tamaña trascendencia nacional. De modo que, ducho en las lides teóricas e investigativas, deseamos confiar en el autor de un libro tan apasionante como la “Historia universal de la destrucción de libros”.

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