Opinión Nacional

Tres años de la masacre

El 11 de Abril de 2002 es fecha emblemática de la historia contemporánea. Más de un millón de compatriotas recorrieron las calles de Caracas pidiendo la renuncia del Presidente en respaldo a la alta gerencia de Petróleos de Venezuela, despedida por él, poniendo fin a la meritocracia interna que había imperado en la empresa. Recuerdo la tensión de los días anteriores, la incertidumbre con relación al poder de convocatoria de Fedecámaras, de la CTV, de los medios privados y del liderazgo opositor y la profundidad del respeto popular hacia la gente del petróleo. Las posibles reacciones del gobierno. El pueblo inició su marcha con alegría inaudita. Breve escala en la sede de PDVSA Chuao para continuar hacia el Palacio. A medida que se avanzaba los rumores se confundían con especulaciones de todo tipo. Llegaban noticias que nos resistíamos a creer. El gobierno preparaba una emboscada en Puente Llaguno con pistoleros y francotiradores. Por otra parte, al lado del Palacio, en las vecindades de El Calvario, unidades militares servirían de muro de contención, a cualquier precio, para disolver la marcha. Se activaría el Plan Ávila para convertir la acción en una maniobra militar solo reservada para graves confrontaciones. Veinte muertos y más de cien heridos de bala, sin contar los intoxicados con gases y los golpeados en las arremetidas salvajes de los comisionados. Todos desarmados y marchando pacíficamente. Terror, indignación sin límites, miedo, agresividad, disposición a seguir avanzando en la gente y múltiples llamados a la prudencia y a la serenidad por parte de la dirigencia presente. Preocupación por familiares y amigos dispersados por la represión. Telefonía celular colapsada. Cadena nacional del Presidente. Pantallas divididas por los canales de TV para poder informar. Noticias de congestionamiento en hospitales y clínicas. Confusión total.

Los mandos militares reaccionaron. Exigieron la renuncia al Presidente, “la cual aceptó”, según palabras del jefe de las fuerzas militares para el momento, General en Jefe Lucas Rincón Romero. Para la mejor comprensión de cuanto sucedió sería conveniente refrescar los hechos y el derecho, leyendo a la distancia de tres años, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de agosto de 2002, rechazando la solicitud del Fiscal General para el enjuiciamiento de generales y almirantes protagonistas de la jornada. No hubo golpe de estado. No puede haber golpe sin golpistas. El despelote civil y militar que rodeó los acontecimientos es hijo de la improvisación. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió y aquello se manejó muy mal. Lo cierto es que el Presidente renunció o, peor que eso, abandonó su cargo y el Vicepresidente Diosdado Cabello asumió la Presidencia jurando ante el presidente de la Asamblea Nacional, William Lara. Luego hizo entrega formal de la misma al regreso de Chávez. Sin renuncia ni abandono del cargo no tenía porqué hacerlo. ¿Porqué lo haría? La verdad sigue ausente.

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