Opinión Nacional

Tribunal de ejecución

En dictaduras militares las muertes en prisión son una práctica. Cuando Juan Vicente Gómez se decía que los políticos sólo salían de prisión muertos. Aunque hubo casos como el de Pío Tamayo, que permitió su deceso en casa.

Marcos Pérez Jiménez fue también fuerte. Entre sus aberraciones está el dirigente adeco Alberto Carnevalli, quien murió de cáncer en penitenciaría de San Juan de Los Morros.

Por ese terrible mal que hoy padece el comandante presidente (CP), su autoritario régimen accedió la aplicación de medida humanitaria a los comisarios Lázaro Forero, Henry Vivas y al diputado José Sánchez, «Mazuco». Pero a quien designó sucesor, a la vez que ordena orar por su sanación, cruelmente niega el precepto a la pequeña hija del comisario Iván Simonovis. Para éste ordena la misma «justicia» aplicada al productor agropecuario Franklin José Brito, quien murió de mengua precisamente en el Hospital Militar.

De igual manera arremete contra la presa del CP, la jueza María Lourdes Afiuni, a quien concedieron casa por cárcel, pero obstaculizan la atención a su salud. Últimamente llegó hasta movilizar a la forense Ana Barreto para contradecir el dictamen médico que ordenó la hospitalización, que la funcionaria rechazó.

Para Nicolás Maduro la aplicación de la Carta Magna y leyes pertenece a la derecha corrupta, neoliberal, antipatria, neofascista que «no tiene sentimientos mínimos humanos de compasión y solidaridad».

Así, Tribunales de Ejecución distorsionan la calificación jurídica y acuden a la definición del diccionario: «Acto de dar muerte a un reo», restauran pena de muerte. Lo acaba de demostrar con su sentencia la jueza de Aragua, Rosa De Freitas, contra el comisario Simonovis.

 

 

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